La compañía australiana Berkeley está dispuesta a jugar fuerte para evitar el derrumbe de sus planes para extraer y procesar uranio en España, amenazados por la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos en la futura Ley de Cambio Climático. En su línea de defensa hay dos puntales: un informe favorable al proyecto minero de Euratom, el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear y un listado con los 120 permisos concedidos desde el año 2010 en España por las Administraciones central, autonómica y local. La multinacional, que ha confiado la batalla legal al bufete Herbert Smith Freehills, ha ganado hasta la fecha los recursos planteados en su contra por las organizaciones ecologistas.
Ni la empresa, ni sus abogados, precisan el contenido preciso del informe favorable de Euratom. Las fuentes de la Administración consultadas ponen en duda su existencia. Eso sí, no descartan referencias "genéricas" por parte del organismo público que pudieran ser utilizadas en un procedimiento legal. Las mismas fuentes recuerdan que Bruselas ha expresado en diferentes ocasiones sus recelos sobre los planes de Berkeley en España por si afectaba, entre otras normas, a la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva Hábitats.
En todo caso, la referencia a Euratom da la medida de hasta dónde está dispuesta a llegar la multinacional para defender su presencia en Retortillo (Salamanca) y lo que es también importante, la presencia en Bolsa, que ha permitido durante dos años un intenso juego especulativo sobre el que llegó a advertir, incluso, la CNMV. Berkeley y sus abogados defienden que los planes para cerrar la mina de uranio, mediante una ley con efectos retroactivos, afectan a 100 millones de euros ya invertidos y empujan hacia un posible laudo internacional.
Golpe directo
El objetivo inmediato es combatir la enmienda acordada en el Congreso por los socios de Gobierno. El texto no menciona a Berkeley, pero es un golpe directo. "Queda prohibida" señala "la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos (...) en todo elterritorio nacional". "Se procederá" añade "al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales". Contra esas líneas, Berkeley se mueve "en todos los frentes", según explican fuentes conocedoras del caso.
Los estrategas de la defensa de la multinacional pueden contar con un resquicio por el que ir minando el frente político. La enmienda de PSOE y de Unidas Podemos señala también que a partir de la entrada en vigor de la ley no se concederán nuevas autorizaciones para actividades relacionadas con hidrocarburos que impliquen utilizar la técnica de fractura hidráulica -fracking-.
El Ministerio de Transición Ecológica autorizó el pasado año a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) -pública- a dar los primeros pasos para explorar en Subijana (Álava) la existencia de una bolsa de gas que podría garantizar la autosuficiencia energética del País Vasco durante 60 años. La enmienda a la Ley compromete la explotación y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), necesario para aprobar los presupuestos de 2021, puede tener algo que decir en la tramitación de la enmienda antifracking y contra el uranio.
Un escudo de licencias
Mientras se suceden las maniobras, lo más sólido de Berkeley es el escudo levantado a base de permisos y autorizaciones durante diez años. Hasta 120, según fuentes de la compañía. Porque su plan no sólo consiste en extraer uranio. En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
Si la enmienda en el proyecto de ley prospera, la batalla legal puede ser larga. Berkeley ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
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