El nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), ideado por el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera para repartir 7.000 millones en cargos del recibo eléctrico entre todas las empresas energéticas, no solo ha dividido a la asociación eléctrica Aeléc tras la salida de la gasista Naturgy. También ha animado el debate y el trámite de enmiendas sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética enviado al Congreso el 19 de mayo de 2020. Petroleras y gasistas, que tendrán que repercutir en sus clientes el aumento de costes, han multiplicado los contactos con los partidos políticos para que la futura ley del clima no agrave su situación. Hasta 750 enmiendas se han presentado a la futura norma.
Los planes del Gobierno afectan a todas las empresas, hasta un millar, que comercializan productos energéticos. Son ellas las que tendrán que hacer aportaciones, según sus ventas, al nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) destinado a cubrir la parte del recibo que financia las renovables. Las empresas podrán trasladar las aportaciones a sus clientes, lo que encarecerá el precio del gas y de los carburantes. Petroleras y gasistas, especialmente, no quieren que la Ley del Clima afecte todavía más al negocio. Las petroleras, a las que les corresponderá el 43% del esfuerzo, han acogido la propuesta con mucho recelo porque estiman un impacto de 2.085 millones en el sector.
Las negociaciones en torno a las enmiendas afectan a todos los partidos, a excepción de Vox, que presentó en su día una enmienda a la totalidad. Las propuestas se agrupan en dos bloques principales, el de los partidos de apoyo al Gobierno de coalición -PSOE, Unidas Podemos, Bildu , ERC y hasta Teruel Existe (Grupo Mixto)- con aportaciones diversas al proyecto y el de los partidos de oposición, con especial actividad de Ciudadanos y el PNV, que ya jugó sus bazas en la negociación de los presupuestos para retirar el impuesto al diésel que defendía Ribera.
Neutralidad y emisiones netas
Los partidos de oposición quieren introducir en el debate al menos dos puntos que también se han planteado desde el sector empresarial vinculado a los hidrocarburos: la neutralidad tecnológica -que todas las tecnologías puedan competir en igualdad de condiciones- y el cálculo de emisiones netas en lugar de emisiones directas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, defendió este último punto en una comparecencia en el Congreso.
Las enmiendas planteadas en la línea de Repsol cuestionan el artículo 12 del proyecto de ley -"Promoción de movilidad sin emisiones"-. Dicho artículo contempla la adopción de medidas para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km". Imaz -Repsol- no está de acuerdo. Su propuesta es que se prohíban las emisiones "netas" de los vehículos -las que miden el ciclo de vida completo de un producto- en lugar de las "directas", las que se miden en el tubo de escape.
En los partidos que apoyan al Gobierno también hay enfoques diversos sobre la ley. Y distintas prioridades. Se debate la escasa ambición del proyecto, con objetivos de rebaja de emisiones en el horizonte de 2030 (23%) alejados de los que propone la UE (55%); medidas para anclar los beneficios de los nuevos proyectos renovables en los territorios; el fin de la minería del uranio y de las prospecciones de hidrocarburos o la gestión de la masa forestal.
Discrepancias y tensiones
A la Ley del Clima le queda recorrido parlamentario y tensiones. Fuentes de la coalición de Gobierno creen que, a pesar de las discrepancias entre los grupos parlamentarios y la presión de algunos sectores empresariales, se puede alcanzar un consenso amplio entre las fuerzas políticas. En todo caso, la aprobación de la norma no se producirá antes de abril, según explican fuentes de la Comisión de Energía del Congreso.
La norma que se tramita desde hace ya ocho meses es la bisagra entre un mundo de negocios en plena reconversión y una nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad en general y de la economía en particular. Detrás de la futura ley hay números. Entre los más importantes están la caída en los costes de las energías renovables, que son ya las energías más baratas. La tecnología solar fotovoltaica se ha abaratado un 90% en los últimos diez años y la eólica un 70%. Al mismo tiempo, los derechos de emisión de CO2 se han encarecido: emitir una tonelada costaba 5,83 euros hace tres años y ahora cuesta por encima de los 33 euros.
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