Duro Felguera afronta una nueva semana clave para su futuro. Antes del viernes próximo la empresa asturiana debe convencer a la banca de que su proyecto de futuro es viable. Si no lo consigue, volverá a perder el favor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para desembolsar la primera parte del rescate público que le fue concedido hace casi dos meses. El hólding público que encabeza Belén Gualda accedió a retrasar un mes más -hasta el próximo día 30 de abril- el plazo para que la compañía que dirigen Rosa Aza y José María Orihuela consiga el visto bueno de la banca, parte necesaria para que se salve y evite el concurso de acreedores.
Esta misma semana se reunirán, tal y como ha podido saber La Información, los responsables de dar luz verde a la operación de los bancos implicados. Será entonces cuando se decida apoyar o no a la compañía y trasladar al consejo de administración la decisión tomada. En función de lo que ocurra en esa reunión, SEPI decidirá qué hacer con el desembolso del rescate que todavía no se ha producido. Este movimiento es necesario para que la compañía se salve, ya que sus cuentas de 2020 reflejan que la compañía estaría en causa de disolución.
En concreto, el informe de cuentas enviado por Duro Felguera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace solo unos días señala que la empresa asturiana contaba a 31 de diciembre de 2020 con un patrimonio neto y un fondo de maniobra negativo. Más allá de los propios datos, el auditor, Deloitte, señala en el citado informe que "retrasos en la consecución de los acuerdos marco o en su materialización posterior, así como desviaciones en los cumplimientos previstos del plan de negocio (...) pueden afectar significativamente a la capacidad del grupo para el cumplimiento de sus obligaciones" y puede "generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento".
Para salvar esta situación, Duro Felguera se comprometió con SEPI a conseguir el apoyo de la banca con la que lleva casi dos años negociando una refinanciación de la deuda sindicada de 85 millones de euros que firmó en 2018. Además, también ha solicitado una línea revolving de avales para cubrir las garantías necesarias para llevar a cabo nuevos proyectos en los siguientes dos años, así como la monetización de ciertos derechos de cobro. Las condiciones que impone cada parte han atascado hasta ahora las negociaciones, pero el tiempo se acaba para la compañía.
El hólding público se comprometió a otorgar un rescate de hasta 120 millones de euros dividido en varios instrumentos financieros: la suscripción de una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros y dos préstamos, uno participativo y otro ordinario de 70 y 30 millones, respectivamente. El desembolso debía hacerse en dos fases, la primera de ellas era de 40 millones de euros y la compañía asturiana debía cumplir unas determinadas condiciones económicas para recibir el dinero antes del 31 de marzo. No fue así y se pidió un nuevo aplazamiento que termina este viernes.
La banca, SEPI y la entrada de un socio privado son condición indispensable para que Duro Felguera se salve
Eso sí, la entrada en el capital de SEPI está condicionada a que Duro Felguera encuentre un socio privado que entre en la compañía antes del 30 de junio. En el supuesto de que no se hubiera hecho efectiva esta operación, el hólding público convertirá esos 30 millones de euros en un nuevo préstamo participativo. Desde hace meses la compañía busca entre varios interesados a través de Alantra, pero tras recibir una decena de muestras de interés, fuentes conocedoras de los pormenores de la negociación confirman que aún no hay ninguna oferta vinculante.
La sociedad consiguió el rescate público tras presentar un plan que incluía como objetivos principales afianzar los negocios tradicionales de Duro Felguera -Energía, Mining & Handling, Oil & Gas, Servicios y Fabricación-, "históricamente rentables y estables", y crecer en negocios "verdes" y de inteligencia digital. Además, solo cuatro días antes de recibir el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros para que la SEPI la salvase, decidió traspasar el 40% del capital de Epicom, su filial clave de comunicaciones militares, al hólding público que ahora capitanea Belén Gualda.
Mientras la compañía y la banca tratan de ponerse de acuerdo, SEPI sigue a la espera y busca quién ocupe sus dos sillas en el nuevo consejo de administración de la asturiana. La titularidad de una de ellas parece estar clara. Será para Juan Ramón García Secades, expresidente de Hunosa. No pasa así con la segunda, que será la de aquel directivo que sustituya a José María Orihuela como CEO, puesto para el que el hólding público está buscando un ejecutivo cercano al PSOE de Asturias que, por el momento, no ha encontrado.
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