Ayer pidió al Banco Central Europeo, la Junta Ùnica de Resolución, al Banco de España, al FROB y al Santander, entre otros, decenas de documentos. Hoy, el instructor de la causa por la quiebra del Popular, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha redactado un segundo auto en el que indica a los inspectores del Banco de España designados como peritos judiciales cuál debe ser el contenido de su informe. Estos son los nueve puntos que requiere el magistrado a los expertos para que den su parecer.
Su primer cometido será determinar si el folleto y la documentación de la ampliación de capital llevada a cabo por el banco en 2016 así como la información contable en ella expresada ofrecía "la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación. Al mismo tiempo, los peritos tendrán que informar al juez si las posibles pérdidas por 2.000 millones que recogía ese folleto era una hipótesis razonable.
En segundo lugar, los peritos tendrán que explicare si las cuentas del banco de 2015 y 2016 se confeccionaron de acuerdo a la normativa contable. Los inspectores deberán prestar especial atención a la inversión crediticia indicando el impacto que pudo tener el cambio de normativa sobre la estimación de deterioros, los impactos de los ajustes comunicados como hecho a la CNMV el 3 de abril de 2017 y los posibles impactos por ajustes reflejados en las cuentas de junio de ese mismo año, tras la resolución de la entidad ordenada por la JUR.
El juez ordena también que se analicen los principales movimientos en la información financiera de la entidad durante los ejercicios de 2016 y 2017, así como la suficiencia de recursos propios y de los ratios de capital, en concreto, el plan 'Sunrise' que tenía por objetivo sacar del balance de la entidad casi 6.000 millones de euros de activos inmobiliarios para colocarlos en una especie de 'banco malo'.
Sobre la evolución de la entidad
El quinto apartado del informe pericial deberá versar sobre la evolución de la entidad y las causas que provocaron su resolución. El sexto debe analizar sus resultados en los test de estrés desde el año 2012. También deberán analizar si los precios por los que se vendieron sociedades participadas en 2016 y 2017 "se ajustaron o aproximaron a los valores contables de las mismas".
Las remuneraciones de los ejecutivos también serán objeto de la pericia. El informe deberá contener un dictamen sobre la adecuación de estas a lo establecido en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Además, deberán analizar el cumplimiento de la normativa en lo relacionado con los créditos a sus participadas y filiales.
Todo ello deberá acompañarse, según el juez, "de una explicación sobre la estructura del Grupo Popular, su modelo de negocio, la evolución anterior a estos años, sobre el origen de las pérdidas en los últimos años y cualquier otro extremo que se estime de interés para la causa y necesario para la adecuada comprensión del informe", concluye el auto de Andreu.
El informe de los inspectores del Banco de España, que actuarán fuera de la jerarquía del supervisor y bajo las únicas órdenes del juez Andreu, será fundamental para la resolución del caso. Se trata de la misma estrategia seguida por el instructor en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, en el que las conclusiones de los expertos designados generaron un conflicto directo con el BdE.
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