Endesa se ha puesto en pie de guerra contra el tope al gas. Las principales eléctricas del país llevan semanas debatiendo internamente su estrategia para blindar sus intereses frente al último plan de choque del Gobierno para abaratar el recibo de los clientes de tarifa regulada (PVPC). La compañía que dirige José Bogas ha sido la primera en mover ficha, a través de los canales oficiales, para evitar el impacto económico de la 'excepción ibérica'. Todo hace indicar que otros gigantes del sector seguirán sus pasos.
La eléctrica ha planteado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un 'conflicto de gestión económica' contra OMIE, el operador del mercado ibérico encargado de la liquidación -derechos de cobro y obligaciones de pago- que le corresponde a cada agente en función del resultado de la negociación de los precios de la luz en los mercados diario e intradiario, según fuentes conocedoras del trámite consultadas por La Información. La impugnación de Endesa se refiere a los 'recibos' que le ha trasladado el OMIE con posterioridad a la puesta en marcha del cap al gas.
Se trata de un acto administrativo con el que la eléctrica ha arremetido contra el criterio que fija el real decreto ley 10/2022 respecto a los contratos que deben participar en el mecanismo de compensación del coste del límite político a las ofertas de los ciclos combinados. La compañía ha aprovechado el conflicto planteado para cargar contra la idoneidad del mecanismo de intervención ibérico, una crítica que el consejero delegado de Endesa ha defendido públicamente en distintas ocasiones.
Fuentes oficiales de Endesa han matizado este martes -tras la publicación de esta noticia y después de ser consultadas por La Información este lunes- que la compañía descarta recurrir judicialmente el real decreto del tope al gas. La empresa, no obstante, ha confirmado la citada reclamación ante el regulador. "Hemos presentado un conflicto ante la CNMC por un aspecto concreto de cómo se aplica el RDL, que tiene que ver con que se aplique el coste del ajuste a los contratos prorrogados automáticamente al mismo precio. Hicimos una consulta y no estamos de acuerdo con la respuesta", han indicado desde la eléctrica.
La norma española integra en este paquete todos los contratos de suministro a precio fijo renovados o prorrogados a partir del 26 de abril, incluso cuando se mantienen idénticas condiciones. Portugal, en cambio, eximió del pago de la citada compensación a los contratos prorrogados con el mismo precio. La interpretación de este punto se ha convertido en un quebradero de cabeza para los servicios jurídicos del OMIE, según apuntan fuentes del sector.
El tope al gas supone un varapalo para Endesa, que lleva meses encarando una guerra comercial en su pugna con Iberdrola por el liderazgo del negocio comercial. De sus casi 9,9 millones de clientes, algo más de 4 millones pertenecen al mercado regulado. Tal y como el Gobierno ha diseñado el mecanismo ibérico, estos últimos soportarán el peso del tope al gas, pues el coste de la medida se repercutirá en sus facturas. Rebajar la carga de la excepción ibérica para sus clientes se ha convertido en una prioridad para las grandes eléctricas... so pena de perder cuota de mercado.
El trámite se encuentra en una fase inicial. El OMIE aún no ha presentado sus alegaciones. Todo apunta a que este se limitará a argumentar que, en su condición de liquidador, únicamente se ha ceñido a aplicar lo recogido en un real decreto que, además, cuenta con el visto bueno de Bruselas. Pese al escaso recorrido que se le presupone al conflicto, se trata de un paso clave que podría definir la estrategia de Endesa contra el varapalo del plan ibérico. En el momento en que el organismo que preside Cani Fernández resuelva el proceso, la filial española de Enel tendría vía libre para recurrir el RDL en los tribunales, una opción que, a día de hoy, no está sobre la mesa.
El acto administrativo ante la CNMC es una baza habitual a la que recurren las eléctricas para dar la batalla contra la política energética del Gobierno
Esta estrategia fue la que los mayores grupos energéticos del país, entre ellos Iberdrola, Naturgy o Repsol, aplicaron en su cruzada contra el primer hachazo contra su retribución incluido en el real decreto 17/2021. Dado que las empresas no pueden recurrir a través del regulador una norma con rango de ley pero sí sus efectos, el citado trámite ante la CNMC es la baza a la que, con cierta frecuencia, recurren las compañías del sector para iniciar una guerra contra la política energética del Gobierno.
Se da la circunstancia de que Endesa fue la única de las cuatro grandes que no presentó batalla contra el primer hachazo a la retribución de las eléctricas impulsado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero el grupo de capital italiano sí parece dispuesto a bregar contra la fórmula de aplicación del tope al gas, medida que podría costarle a los consumidores españoles 6.000 millones de euros, según las estimaciones preliminares que compartió José Bogas.
La relación entre el Gobierno y la eléctrica se ha tensado en los últimos meses. Así se deduce del progresivo endurecimiento que ha experimentado el discurso del primer espada de Endesa respecto a las medidas que ha ido aprobando el Ejecutivo. El reciente anuncio de un aumento de gravamen contra las empresas del sector, que el Gobierno espera aplicar el próximo año, aleja la reconciliación y empuja a las energéticas a explorar todas las vías para blindar los intereses de sus entidades y accionistas.
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