La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado la aplicación de la exención en las ganancias obtenidas en la transmisión de filiales con proyectos fotovoltaicos listos para construir ('ready to build' en la jerga) o en un estado anterior de tramitación. Esto quiere decir que las sociedades vehículo (SPVs) se libran de tributar hasta el 95% de las plusvalías obtenidas tras la venta, siempre y cuando previamente hayan dedicado recursos a la promoción del proyecto aun sin haber comenzado las obras.
Así se desprende de la consulta vinculante V2200-23. "En la medida en que las SPVs han llevado a cabo gestiones preparatorias previas al inicio de la construcción de la planta, las plusvalías (del traspaso) pueden beneficiarse de la exención prevista en el artículo 21.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al entender que las SPVs no tienen la consideración de entidades patrimoniales", se concluye.
"Si la filial ha tributado por sus ingresos y a su vez cuando la venta la matriz tributa por la plusvalía se estaría produciendo una doble imposición", señalan fuentes jurídicas consultadas por La Información. Por su parte, desde el despacho internacional Ashurst entienden que es un cambio de criterio respecto a la consulta V2265-21, de 12 de agosto de 2021.
Oportunidades de inversión en el sector de energías renovables
La entidad consultante, constituida en noviembre de 2018, tiene como actividad principal la gestión, compraventa y análisis técnicos de todo tipo de instalaciones de energías renovables, así como la promoción, comercialización y explotación de parques solares fotovoltaicos. En concreto, se centra en analizar oportunidades de inversión en el sector de energías renovables, así como en realizar y liquidar inversiones en sociedades que pueden llegar a explotar instalaciones de generación. Actualmente, resulta titular del 100% del capital social de varias compañías o sociedades vehículo que tramitan y promueven varios proyectos fotovoltaicos en España.
De este modo, en el caso analizado, los proyectos estaban en la fase inicial de promoción, no contando con medios personales propios para el ejercicio de dicha actividad y habiendo externalizado todos los trabajos, como son la búsqueda de terrenos, la realización de análisis de viabilidad técnico económica, la negociación de los contratos de arrendamiento o derecho de superficie, la interconexión a la red, la realización de un proyecto de impacto medioambiental y la identificación y gestión de todos los permisos y licencias necesarios para la construcción del parque. Una vez otorgada la licencia, el proyecto se califica como 'ready to build'.
Desde Ashurst destacan que la discusión durante los últimos años se ha centrado en la consideración de este tipo de entidades como patrimoniales. Si tenían tal consideración, no se cumplían todos los requisitos para que la sociedad 'holding' pudiera beneficiarse del 95% de exención sobre la plusvalía derivada de la venta. En particular, la consulta anterior V2265-21 consideraba que las actividades preparatorias previas al inicio material de la construcción de la planta fotovoltaica no suponían el comienzo del desarrollo de una actividad económica, por lo que, bajo ese criterio, las sociedades eran patrimoniales hasta el comienzo de las obras.
Sobre este punto se ha pronunciado ahora la DGT, adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, y concluye que las SPVs ya desarrollan una actividad económica durante la fase de promoción "en la medida en que la actividad realizada por las entidades filiales determine la existencia de una ordenación, por cuenta propia, de medios de producción o de recursos humanos, propios o de terceros, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios en el mercado", por lo que no tienen la consideración de entidades patrimoniales, ya que sus elementos estarían afectos al desarrollo de una actividad económica.
"La DGT parece zanjar la discusión iniciada en el año 2021 a raíz de la controvertida consulta antes referida, facilitando así la desinversión en proyectos renovables a través de 'share deals'. Si bien este criterio es vinculante para la Inspección de Tributos en escenarios análogos, la consulta recién publicada (V2200-23, de 26 de julio de 2023) asienta sus conclusiones en unas circunstancias fácticas muy específicas, de manera que se hará necesario un análisis caso por caso para poder confirmar la aplicabilidad de este criterio a otros supuestos", matizan desde Ashurst.
El sector fotovoltaico reclama más plazo para construir proyectos
El sector fotovoltaico urge que se prolongue el plazo para construir las plantas renovables que están actualmente en tramitación ante el atasco burocrático. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) demanda que prorrogue dos años (hasta finales de junio de 2027) el plazo para levantar las plantas que en enero obtuvieron la Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Desde la asociación señalan que es imprescindible la prórroga si se quieren salvar los 50.000 millones de euros de inversión que están en juego.
En enero se aprobaron declaraciones de impacto ambiental para 45 gigavatios (GW), de los cuales 25 GW los tramitó el Ministerio para la Transición Ecológica y otros 20 GW, las comunidades autónomas. A muchos de ellos se les ha impuesto condiciones o cambios en su perímetro y tienen que volver a información pública. Lo que sí hizo el departamento que dirige Teresa Ribera fue extender seis meses el plazo otorgado para la acreditación de la obtención de la autorización de construcción a los titulares de proyectos con permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018.
Según UNEF, el reto fundamental que enfrenta el sector son los 18 meses que quedan para construir las plantas, debido a que muchas empresas necesitarán negociar la financiación de su planta y la falta de suministro de componentes.
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