En nuestros días, el poder económico de los Estados no radica tanto en su intervención directa en la economía como en su capacidad para legislar y poner fin a la inversión extranjera en un país. Con un simple anuncio de reforma o una nota de prensa publicada en el momento adecuado, miles de millones de inversión pueden verse comprometidos, cuando no completamente perdidos. Esto está pasando en México y lo hace de una manera muy preocupante para los intereses de Iberdrola.
La relación de amor-odio entre Iberdrola y México data de más de 20 años. Durante todo este tiempo, la compañía española ha invertido cifras multimillonarias en proyectos energéticos que incluyen tanto las energías renovables como las más tradicionales de gas. Hasta hace poco, ambos amantes se prometían amor eterno. De hecho, en mayo de 2019 Iberdrola anunciaba una inversión de 5.000 millones de dólares en nuevas centrales de generación en un periodo de seis años (2019 - 2025) para satisfacer las previsiones energéticas del país.
El compromiso se reforzaba además con una importante apuesta por la industria nacional. Al menos 3.000 millones se destinarían a compras de material y componentes mexicanos. El plan era perfecto. La industria se vería favorecida por contratos imprescindibles para la construcción de un ciclo combinado en Veracruz, una planta de cogeneración en Querétaro y un parque fotovoltaico en Puebla. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguraba por aquel entonces estar "firmemente comprometidos con el desarrollo energético y económico de México, el fortalecimiento de su sector industrial y la generación de empleo de calidad, siempre a través de las fuentes de energía más eficientes y limpias".
Desde entonces, la relación entre Iberdrola y las autoridades mexicanas han ido de mal en peor, llegando incluso a destilar un enfrentamiento personal entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y Sánchez Galán. Las continuas declaraciones en contra de los favores prestados en el pasado a las empresas españolas, y concretamente a Iberdrola, han supuesto un lastre insalvable en la relación entre el directivo y el dirigente.
Una reforma revolucionaria
Este mes, la separación se ha hecho más patente que nunca con la presentación de una iniciativa preferente (una figura similar al Decreto Ley español) que refleja las líneas maestras de la pretendida reforma de la Ley de Industria Eléctrica de México. De prosperar las enmiendas registradas en el Congreso mexicano, la presencia de empresas energéticas extranjeras en el país podría llegar a su fin.
En líneas generales, el texto otorgará 'carta blanca' a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CNMC mexicana, pero con unos poderes inimaginables en una economía de mercado y abierta al exterior. En la práctica, la CFE se situaría como una auténtica empresa pública de electricidad, con poder absoluto sobre el sistema energético y, además, con capacidad regulatoria sobre su propio ecosistema. La comisión se convertiría así en juez y parte de una golosa tarta eléctrica.
El documento presentado es una apuesta evidente por las hidroeléctricas públicas mexicanas y excluye en la práctica a cualquier forma de generación de energía, independientemente de su origen público o privado, que no sea esta tecnología o alimentada a través de una fuente fósil. El ataque no sólo es contra las empresas extranjeras. También lo es contra el medio ambiente y la salud, ya que la producción hidroeléctrica pública mexicana es altamente contaminante.
De prosperar las enmiendas registradas en el Congreso mexicano, la presencia de empresas energéticas extranjeras en el país podría llegar a su fin
Este hecho no ha pasado desapercibido para las asociaciones ecologistas que, como WWF, han instado al Congreso a retirar de manera urgente la iniciativa. En un comunicado la organización considera que la nueva ley "favorece la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles contaminantes y caras, como el carbón y el combustóleo, a la vez que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos de energías renovables".
El mix mexicano: ni centrales de ciclo combinado ni renovables
El siguiente punto de fricción es el precio de la energía, que se verá irremisiblemente aumentado al suponer un coste extra al sistema de fijación de precios del país. La realidad haría que no se pudieran compensar los elevados costes de generación convencional con los renovables, mucho más económicas e imprescindibles en un país que tendrá que afrontar las consecuencias económicas de la pandemia en un futuro inmediato.
La simple presentación de la iniciativa es una invitación a las empresas energéticas extranjeras a hacer las maletas y marcharse del país. Son muchas las voces propias que ya ponen sobre aviso al Gobierno mexicano ante el aluvión de demandas internacionales que se le vienen encima. Ildefonso Guajardo, antiguo secretario de economía del gobierno con Peña Nieto y jefe de la delegación mexicana en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, advirtió de que "si tomamos acciones que en un momento determinado cambien la perspectiva sobre lo que originalmente atrajo la inversión puede llevarnos a un panel. El riesgo de que perdamos un panel inversionista-Estado, le puede costar muchos millones de dólares al Gobierno en reparación de daños". A estas críticas se ha sumado la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, también afectada por la norma en aprobación.
No habrá que esperar tanto para ver las consecuencias que la iniciativa preferente tendrá sobre los inversores internacionales. En junio del año pasado, Iberdrola canceló una inversión de 1.200 millones de dólares, que correspondían a la planta de ciclo combinado de Veracruz anunciada apenas un mes antes. Presumiblemente fue la respuesta a los desacuerdos entre la CFE y la compañía española, debido precisamente a los trabajos previos realizados para la presentación de la iniciativa y las continuas desavenencias entre Iberdrola y el regulador-operador.
La tensión ha ido subiendo paulatinamente con los avances legislativos en la tramitación de la ley. En la presentación de resultados de la compañía del pasado mes de octubre, el presidente de Iberdrola dio una advertencia que aun resuena en los pasillos del Palacio Nacional. Durante la conferencia con analistas que suele preceder a los resultados trimestrales, aseguró que las políticas energéticas las elaboran los gobiernos y si (el de México) quiere recibir inversiones Iberdrola lo seguirá haciendo, pero teniendo en cuenta el marco regulatorio, según informaba EFE.
Los ingresos procedentes de México suponen el 8% del total del grupo Iberdrola, sumando 1.314 MW instalados en renovables y 9.348 MW en su mayor parte procedentes de ciclos combinados de gas, pero el giro dado por el Gobierno de López Obrador, entra en colisión con la estrategia de la española de invertir en aquellos mercados que ofrezcan garantías de seguridad jurídica y estabilidad a medio y largo plazo.
Las continuas modificaciones de las normativas de seguridad y calidad de suministros, el incremento de las tarifas de transporte de electricidad y los continuos retrasos en las nuevas licencias de generación renovable no han hecho más que poner piedras en el camino en la presencia de Iberdrola en el país y en la relación entre Sánchez Galán y AMLO. La simple presentación de la iniciativa preferente puede suponer la gota en un vaso que está al borde de desbordar la paciencia de Iberdrola, y su presidente, en el país azteca.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios