Las grandes empresas consumidoras de electricidad y las principales asociaciones de la industria cuestionan el plan adelantado en agosto por el Ministerio de Transición Ecológica para apuntalar su actividad con un nuevo sistema de ayudas que debe cubrir el fin de las subastas de interrumpibilidad que funcionaron hasta junio de este año. En agosto, el departamento que dirige Teresa Ribera sacó a consulta pública un proyecto de orden ministerial para poner en marcha, a partir de enero de 2021, un nuevo servicio, denominado "de reserva estratégica de respuesta rápida", ajustado a las reglas comunitarias, para garantizar el buen funcionamiento del sistema y, de paso, respaldar la actividad industrial con descuentos en la factura de la luz.
El nuevo mecanismo también se basa en el sistema de subasta para crear una reserva de energía capaz de cubrir la demanda en el peor de los casos y, de paso, aligerar la factura de la industria. A diferencia del anterior sistema de interrumpibilidad -respaldado por la factura eléctrica de todos los consumidores-, la nueva subasta estaría abierta no sólo a los grandes consumidores industriales -dispuestos a desconectarse de la red en caso necesario-, sino también a los productores de electricidad que podrían poner parte de su oferta a disposición de REE para su uso en caso necesario.
El sistema no gusta ni a las empresas eléctricas, porque consideran que limita su capacidad de maniobra en el mercado eléctrico, ni a los grandes consumidores, según las fuentes consultadas en ambos sectores. En el primer caso porque supone reservar una parte de la producción sin alternativas y, en el caso de los grandes consumidores de electricidad, porque no salen las cuentas: no hay certeza del dinero a repartir, argumentan, y se abre la puerta a que se sienten más actores -las eléctricas- a la mesa.
Empresas de gran consumo
El proyecto de orden ministerial que analizan asociaciones como AEGE (empresas de gran consumo eléctrico),E Unesid- siderurgia-; Aspapel, papeleras; Ascer, azulejos; Oficemen, cemento o Feique -industria química- no concreta el importe de las ayudas que está en juego. Fuentes empresariales estiman que puede rondar los 200 millones de euros, más o menos el importe de la interrumpibilidad que se repartió en 2019. Muy lejos, en cualquier caso, de los más de 500 millones que la industria -y solo la industria- llegó a recibir en algunos ejercicios.
La inquietud es grande. La situación de Alcoa en Galicia es un ejemplo, pero hay una larga lista de compañías que analizan con inquietud los planes del Gobierno y su repercusión en la factura energética, una cuestión clave para sociedades como Acerinox, Megasa, Air Liquide, Atlantic Cooper, las petroleras de AOP, Ercros, Fertiberia o Cementos Molins, todas ellas integradas en la Asociación de Empresas.
Todo está en el aire. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo aún no ha sido aprobado y, sin presupuestos generales, la cuantía de las partidas destinadas a apoyar la actividad de la industria y las empresas, está por concretar. Hasta el gran parón por la pandemia, el Gobierno manejaba la cifra de 300 millones como estímulo a los sectores electrointensivos mediante rebajas de hasta el 85% en la parte fija del recibo; compensaciones por los costes indirectos del CO2 y financiación pública para contratos de electricidad a largo plazo. Iban a beneficiar a 600 empresas, de las que una cuarta parte, 153, estarían en Cataluña.
Presupuestos y negociación
Con la negociación presupuestaria en marcha, las únicas referencias son las que adelantaron en su día los ministerios de Transición y de Industria. Así, habría 90 millones para rebajar los cargos de la parte fija de la factura eléctrica de las empresas hasta en un 85% y 172 millones para compensar los costes del CO2 que pagan las compañías a través del recibo. El resto, hasta superar probablemente los 300 millones, correspondería un fondo público para que las empresas firmen contratos de suministro de energía limpia a largo plazo -más de cinco años-.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Cifras para tener en cuenta, más en tiempos de incertidumbre económica
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