"Tarde o temprano a la rutina se le cae la ‘t’". El verso pertenece al escritor y poeta jerezano Juan Bonilla y es en los alrededores de la Bahía de Cádiz donde andan estos primeros días de septiembre temerosos ante la posibilidad de que caiga otra ‘t’: de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) a un ERE. Con la fecha del 30 de septiembre de primer horizonte (aunque dependerá de lo que acuerden Gobierno y agentes sociales finalmente sobre qué tipo de prórroga y para qué sectores se aplicaría), ya hay empresas, como la aeronáutica Alestis que han asumido que la crisis del coronavirus no tiene nada de eventual y va camino de estructural. Mientras aún retumban grandes nombres casi desde cualquier rincón de la península (Nissan, Acciona, Alcoa...) en el sur la luz de alarma ha pasado del naranja al rojo en más de un caso.
Con cinco plantas en Vitoria, Sevilla y Cádiz, Alestis hizo oficial el 1 de septiembre que inicia el proceso para despedir a cerca de 600 de sus 1.300 empleados, la mayoría de ellos en las factorías andaluzas. Lo hace pese a encontrarse en un ERTE de suspensión de contratos por razones productivas, quincenal y rotatorio desde hace cuatro meses, desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2020 y que afecta a un 60% de su plantilla. No pueden aguantar más si no quieren cerrar directamente.
Alestis Aerospace es la última de una lista que encabeza por impacto comercial Airbus, que entre sus divisiones comerciales y militares prevé recortar su plantilla de unos 12.000 trabajadores en España en alrededor de 1.500 a partir de este otoño. A la espera de que llegue el maná europeo y estos fondos paguen el acuerdo alcanzado en julio por Gobierno y compañía para garantizar su viabilidad (o una parte), lo único cierto a día de hoy es que el gigante está atascado en una crisis mundial que no deja de arrastrar a las decenas de firmas medianas que le sirven de suministradores y a las centenares de más pequeñas que viven de surtir según sus capacidades.
En total, el sector aeronáutico emplea en España a unas 110.000 personas (uno de cada tres en Andalucía), según datos de la patronal Tedae, y su impacto final sobre el PIB puede alcanzar el 6%, apuntan otras fuentes (todo el turismo supone algo más del 13% nacional). Frente a ello, el recuento de despidos a corto plazo puede ser de 2.500 empleos directos y otros 20.000 indirectos, en cálculos del sindicato USO. O sea, una cuarta parte pende de un hilo. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, avisó este viernes expresamente a Alestis que no van a permitir que se utilice la pandemia de una forma "tan perversa" y tanto este sindicato como CCOO en sus federaciones andaluzas amena-zan con medidas de protesta en otoño.
"Llevo 45 años trabajando y al frente de empresas y jamás he visto una crisis peor. Y lo es porque no le vemos salida al túnel, porque ha sido todo un ataque al corazón comercial de todo el mundo". Antonio Conde presidente del Consejo Empresarial Aeronáutico de Cádiz, la patronal de la industria auxiliar en Cádiz. Los problemas para sus compañías (y la industria aeronáutica en general) empezaron un poco antes de la pandemia, cuando a finales de 2019 Airbus y Boeing sufrieron el impacto de la duda técnica sobre sus dos proyectos estrella: el A-380 y el 737 Max. Las cancelaciones de contratos se sucedieron y para febrero ya se habían perdido en Cádiz un 30% de los 1.500 empleos que tenían hace un año.
Luego vino la Covid-19 y, desde primavera, cerca del 80% del millar de trabajadores que resistían en la auxiliar gaditana esperan todavía volver al trabajo desde la frontera del ERTE. En una provincia como esta, donde ahora mismo hay una sexta parte de personas incluidas en un expediente de este tipo que en el mes de mayo (en torno a 10.000) gracias a cierto repunte económico debido al turismo, quedan demasiados trabajadores industriales en el aire. "Pedimos compromiso y pedimos medidas concretas en materia laboral pero también fiscal porque se debe tratar a este sector como estratégico", añade Conde a la vez que recuerda que cada mes que un trabajador altamente cualificado de este sector se queda sin empleo está perdiendo en capacitación y conocimientos y que los ERTE también suponen un gasto al empresario mientras que no hay apenas ingresos. O no hay ingresos directamente. Porque si Airbus o Boeing están despidiendo a sus propios trabajadores no van a buscar fuera a nadie más. Lo poco que haya lo repartirá entre sus plantillas fijas.
La zozobra de la naval
Que haya algo y no se llegue a la peligrosa disyuntiva de hacer cualquier cosa porque no queda nada que perder. Es lo que ha sacudido a la otra gran industria gaditana en estos últimos días de verano y que puede ser otra gran bengala de aviso sobre la conflictividad que se cierne sobre la industria nacional en los próximos meses. La naval gaditana, con Navantia como gran empresa tractora que entre empleos directos e indirectos casi supone 20.000 salarios, vive inmersa en un atolladero significativo de la presión económica y social que vive el país. Incluso ha asistido a hitos históricos como un cierre patronal defensivo (la empresa suspende unilateralmente la actividad y no paga salarios, cotizaciones o paro mientras no se resuelva una situación de riesgo o incapacidad para poder ejercer el trabajo habitual) que se alargó durante tres días entre el 21 y el 24 de agosto.
José Muñoz es secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) que decretó esta medida casi de forma unánime entre todas las asociadas y lleva tres semanas temiéndose lo peor para todo el sector en este rincón de Andalucía. Todo empezó a mediados de agosto, cuando un grupo de trabajadores de las empresas auxiliares que trabajan para el astillero de Navantia en Puerto Real cortaron una vez más el puente sobre la Bahía, se declararon en paro indefinido y acamparon a la puerta de la factoría. Durante una semana "no pudieron entrar ni las limpiadoras, con el riesgo añadido que eso supone en estos tiempos", denuncia el delegado de CSIF en el comité de empresa de la factoría, Quino Arcusa. Es decir, que tampoco se cortó una sola chapa.
Los afectados, agrupados por la Coordinadora de Trabajadores del Metal, denunciaban despidos tras participar en acciones previas de protesta y pronto elevaron sus peticiones hasta el punto de exigir una auditoría externa de Navantia. Empresarios, políticos de casi todo signo e incluso sindicatos mayoritarios pidieron mesura y permitir el trabajo diario. Había cerca de 5.000 empleos (entre los de la empresa pública y las firmas de apoyo) en el aire. Además, peligraban los plazos de entrega (ya tocados por los meses en los que no se pudo hacer nada por la pandemia) y los contratistas internacionales, como la belga Smulders o la noruega Aibel, emitieron comunicados mostrando su preocupación. Lo que, traducido al lenguaje empresarial de los grandes contratos, se entendió como un ultimátum antes de no volver a contar jamás con Navantia para una obra.
Pero los trabajadores (alrededor de unos 200 sobre algo más de 2.000 implicados en las empresas auxiliares que apoyan en Puerto Real y San Fernando) no cedieron. Así que el 21 de agosto los empresarios dieron un paso al frente y fueron comunicando uno por uno a Trabajo su decisión de cierre patronal. Casi al mismo tiempo, el comité de empresa de Navantia en Puerto Real ponía en marcha otra iniciativa insólita: organizar una asamblea exprés donde pudieran votar los más de 2.000 trabajadores de la industria auxiliar (al pertenecer a decenas de empresas distintas su representación sindical se diluye) si seguían o no con el paro indefinido.
Se organizó el ‘colegio electoral’ en los terrenos de la propia empresa pública (pese a que ninguno de los afectados tiene contrato directo con ella) y contrataron a un notario. Los propios delegados del comité de empresa renunciaron a estar presentes para no añadir supuestas presiones y recurrieron a otros representantes sindicales del gremio no tan implicados de manera directa. Acudieron más de un millar de los empleados y por un 70% se decidió que se volvía a trabajar. Los organizadores del plantón, por su parte, denunciaron el proceso y resaltaron que no habían participado casi la mitad de los implicados, si bien aceptaron levantar el bloqueo y llamar a una huelga para este viernes, 4 de septiembre (que apenas ha tenido un 5% de seguimiento, según UGT), con el apoyo solo de CGT.
Por su parte, los empresarios suspendieron su cierre patronal de inmediato. "Pero el daño puede ser ya irreversible", se lamenta José Muñoz, de la Federación. "No ha sido un pequeño detalle sino un gran problema y está claro que nuestros rivales lo van a usar para convencer a las empresas para que no vengan aquí. Ya no es que no contraten con Navantia, es que no van a contratar con Navantia en Cádiz y se van a ir a Ferrol, por ejemplo", añade... pese a que los problemas de carga de trabajo también se reproducen en la factoría gallega, donde esta semana se botó un segundo barco para la marina australiana pero llevan casi dos años sin recibir nuevos encargos y pronto se acabará este contrato.
"Hemos estado dos semanas parados y eso puede ser esencial para cumplir los plazos. No compartimos parar una producción de esa forma para reclamar supuestamente más carga de trabajo. Con actitudes como estas es cuando se pierde la carga de trabajo futura y ya vamos muy escasos de opciones", explica el portavoz de CSIF desde un comité de empresa y unos sindicatos mayoritarios que siempre apelaron a los cauces tradicionales en la crisis desatada en Puerto Real. "Lo que pedían los trabajadores no entraba en el ámbito de lo que podíamos solucionar. Nos pedían carga de trabajo a nosotros cuando eso es lo que nosotros mismos siempre pedimos y queremos como empresas", señala el secretario general de Femca, una federación que no acudió esta semana a la reunión de mediación convocada por el Sercla por entender que no tenía nada que ofrecer a la otra parte. Como empresas que dependen de lo que proporcione Navantia, su responsabilidad es limitada, aducen.
"No somos unos salvajes", se defienden los trabajadores que han protagonizado este pulso y que están dispuestos a continuar en su reclamación de más trabajo, cumplimiento del convenio y readmisión de los despedidos. En una intervención ante el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, Manuel Balber retomó como portavoz de la CTM los insultos que habían recibido desde otros sindicatos: violentos, machistas… y se los re-criminó a una alcaldesa (del PSOE y apoyada por AxSí) que se había situado en contra de las protestas. Porque la política sobrevuela también en esta crisis. Para los empresarios del metal, "hay intereses claramente partidistas en esta crisis" que ha enfrentado a alcaldes del ámbito de Podemos (como el de Cádiz, a favor de las concentraciones) con otros socialistas (como los de Puerto Real o San Fernando así como la Diputación presidida igualmente por el PSOE) que optaron por el diálogo antes que la acción.
"La verdad es que estamos muy preocupados", tercia desde la otra punta de la provincia Manuel Triano, secretario de CCOO en el Campo de Gibraltar. Lo están por lo que ven que ocurre en torno a la bahía de la capital y que puede servir de alerta sobre lo que les puede deparar a ellos el futuro próximo. En particular, preocupa lo que va a suceder con los casi 4.000 trabajadores vinculados al transporte marítimo entre España y Marruecos, paralizado desde hace meses y sin visos de regresar tras perder su gran momento anual con la Operación Paso del Estrecho. De momento, se encuentran en ERTE, pero se duda sobre su vuelta completa. O su propia industria auxiliar, la desarrollada en torno a Acerinox en el Estrecho. Ya hay huelgas en empresas pequeñas que han anunciado despidos "y nos tememos que es solo el principio". El principio del final, se entiende.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios