La delicada situación por la que atraviesa la industria y los planes del Gobierno para ayudar al sector mediante rebajas en la factura eléctrica han llevado el debate al seno de la patronal CEOE. Contrastan las propuestas de federaciones empresariales más vinculadas a la gran industria, como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), con las de la representación de las grandes eléctricas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). Con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo pendiente de cierre, industria y eléctricas difieren en cuestiones clave, como el destino del dinero recaudado en las subastas de CO2.
Las posturas, según las fuentes al tanto del debate, están claras. Organizaciones empresariales, muy sensibles a la situación por la que atraviesan empresas como Arcelor Mittal o Asturiana de Zinc, abogan, entre otras medidas, por ayudar a las empresas con gran consumo eléctrico con el 25% de los ingresos generados por las subastas de derechos de CO2 y desacoplarlas del Estatuto de Consumidores Electrointensivos. La asturiana FADE sostiene que España "vive una ituación de agravio comparativo en materia de costes energéticos respecto a países de su entorno" que urge corregir.
"Europa admite que el 25% de lo recaudado por las emisiones de CO2 se compense con costes indirectos. Este es un planteamiento que ha planteado tanto FADE, como los sindicatos, el Gobierno del Principado de Asturias y otras organizaciones empresariales", asegura la federación empresarial. Pero las grandes compañías eléctricas tienen otras prioridades.
Cuestión de tarifas
Aelec, la asociación en la que se integran Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, considera que los ingresos de los derechos de las subastas de CO2 "se deben destinar prioritariamente a financiar la transición energética, tal y como se recoge en la Ley del Sector Eléctrico, y deben respetar siempre el principio de suficiencia tarifaria en el sistema eléctrico y así evitar incurrir en déficit tarifario". "Aelec -añade- no solicita los ingresos para las empresas eléctricas, sino para asegurar la estabilidad de ingresos y costes del sistema".
Las eléctricas sostienen que el debate en torno al Estatuto del Consumidor Electrointensivo en el seno de la CEOE se dio hace más de un año y las diferentes posturas se recogieron en diferentes documentos de trabajo. Otras fuentes detallan, sin embargo, que las discusiones se han prolongado hasta bien entrado este año. De hecho, el presidente de FADE, Belarmino Feito, advertía en junio de que el último borrador de Estatuto del Ministerio de Industria podría convertirse en una "herramienta totalmente inútil", al no garantizar unos costes competitivos no sólo respecto a países de fuera de la UE sino también en relación a otros europeos.
Cristina Rivero, responsable de industria, energía, medio ambiente y clima en la patronal, explica que "desde CEOE hicimos comentarios a la propuesta de estatuto de consumidores electrointensivos en marzo de 2019 pidiendo que se aprobara el estatuto". A partir de ahí, añade "no hemos hecho ya comentarios a borradores posteriores, ni hemos vuelto a debatir las propuestas". Según Rivero, "el tema se está defendiendo en el seno de la Alianza por la Competitividad Industrial, que reúne a los socios de CEOE consumidores electrointensivos".
Comunidades afectadas
Los empresarios de las comunidades más afectadas por la crisis de la industria, Asturias, Galicia y Cantabria han empujado para que los Gobiernos autónomos trasladen al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de actuar con urgencia en apoyo de los grandes consumidores. Las tres comunidades cantábricas han presentado alegaciones compartidas al borrador de Estatuto del Consumidor Electrointensivo elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y de Industria. El borrador está diseñado para sustituir el sistema de subvenciones a la factura eléctrica -la interrumpibilidad-que en el pasado aportaba a las grandes empresas más de 500 millones anuales y que ha desaparecido prácticamente por los recelos de Bruselas y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las reclamaciones de las grandes empresas e industrias no solo son causa desgaste político. La industria electrointensiva -que en Asturias representa en torno al 20% del PIB- factura 107.000 millones de euros, emplea a 220.000 personas y supone un 12% del producto interior bruto. Son datos a tener en cuenta en un contexto en el que se han ido reduciendo progresivamente las ayudas, más o menos declaradas, y en el que los precios de la electricidad para la gran empresa se han situado por encima de los de países competidores como Francia o Alemania.
Para cerrar el nuevo Estatuto -pendiente de cierre en Bruselas según admite Industria- los ministerios de Teresa Ribera (Transición Ecológica) y de Reyes Maroto (Industria) han tenido que negociar entre sí, con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con la Dirección de Competencia en Bruselas y con las grandes asociaciones empresariales e industriales como AEGE, Unesid o Aspapel.
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