La irrupción del Gobierno en el accionariado de Telefónica politizará la gestión de la operadora de telecomunicaciones justo antes de la ejecución del nuevo plan estratégico. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) tendrá previsiblemente al menos un sillón en el consejo de administración y esto implicará una influencia muy relevante en la gestión del presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, en el marco de decisiones relevantes como la venta de activos, los recortes de costes y potenciales salidas en el futuro o la presión en materia regulatoria en los grandes mercados en los que está presente.
Álvarez-Pallete siempre ha querido sacudirse cualquier etiqueta política en una empresa con una ascendencia pública muy relevante, aunque sí que ha mantenido una relación fluida y cercana con el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. Como cualquier ejecutivo ha buscado evitar injerencias de partidos en decisiones estratégicas. Pero la irrupción de la Sepi, cuyo anuncio cogió por sorpresa a muchos en la operadora de telecomunicaciones, está llamada a modificar el escenario.
Desde el mercado ven cómo la influencia política puede afectar en decisiones que se deben tomar en los próximos tres años de vigencia del plan estratégico. En esa hoja de ruta se priorizan tres pilares: rentabilidad -con un programa de ajustes de 600 millones de euros, donde se incluyen las reducciones de personal-, un dividendo mínimo de 0,30 euros por acción y una generación de caja de 1.000 millones de euros 'extra' en el ejercicio 2026 para afrontar también el desapalancamiento.
Entre las medidas más cercanas en el tiempo se encuentra la renovación de casi un tercio de los sillones del consejo de administración en la próxima junta general de accionistas. En este sentido, la empresa tomó una decisión llamativa -y previa a la formalización de la compra de títulos del Gobierno pero posterior al primer hecho relevante donde admitía que exploraba su entrada- con la que quiso adelantarse a lo que pudiera suceder en el año 2024. Renovó dos puestos independientes con personas con experiencia en la compañía: el ex consejero delegado de la firma de 'call center' Atento y una consejera de Telefónica Brasil.
En el 'libreto' de Pallete y el resto de la cúpula directiva de la compañía aún hay una serie de medidas que podrían abordarse en el corto o medio plazo y que tendrían que contar con la opinión y el voto del Gobierno. Una es la venta parcial de Telefónica Tech, la división estrella de la operadora, a través de la entrada de un socio externo con el objetivo de generar caja para reducir más la deuda. Aunque su necesidad se ha reducido tras las transacciones firmadas en los últimos tres ejercicios, este movimiento sigue estando presente. También lo está la reducción progresiva del peso de Latinoamérica -con la posibilidad de la venta de filiales en mercados de la región o con la venta de activos de infraestructuras-.
En el plan también está la presión regulatoria en Europa y en España para exigir medidas que permitan incrementar los retornos de una industria especialmente castigada. Telefónica ha sido muy crítica con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española, adscrita a efectos presupuestarias al Ministerio de Asuntos Económicas y donde el Gobierno cuenta con una influencia significativa pese a ser un organismo independiente. Ha mantenido muchas pugnas con el regulador a cuenta de las reglas exigidas como operador dominante, pero también en Bruselas. Pallete tiene entre las batallas pendientes la del 'fair share' (pago por el mantenimiento de las redes por los gigantes tecnológicos) o la consolidación del mercado a través de fusiones.
Si finalmente Sepi y STC toman las posiciones a las que se han comprometido inicialmente, el Estado español y el saudí se repartirán casi el 20% de la empresa y convivirán en el consejo de administración. Y lo harán con una relación comercial entre ambas que ha pesado mucho durante los últimos años. Desde el anuncio de la compra del 9,9% de la compañía árabe, contratos como los de defensa (con cientos de millones de euros en compras en material de defensa desde la pandemia) han sido utilizado en varias ocasiones como argumentos. Es el caso de la compra de los buques de combate encargados a Navantia. En 2018 ya encargó cinco corbetas por 1.800 millones y en 2022 ambos países firmaron un acuerdo para la construcción de otras cinco unidades. Este último pacto implicaba la creación de 7.500 empleos cualificados, de acuerdo al anuncio.
Sin mención de la Sepi a la gestión
En el comunicado de la Sepi a la CNMV en España donde anunciaba la autorización para adquirir hasta el 10% de las acciones no mencionó en ningún momento a la gestión de la empresa ni al respaldo a sus planes de futuro. Se refirió sólo a la "crucial relevancia" de las actividades de la operadora en materia como la seguridad y la defensa. "Permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la empresa alcance sus objetivos", exponía. Contrasta con lo resaltado por los saudíes en su comunicado: "La inversión refleja la confianza en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y capacidad de crear valor". El grupo árabe era consciente de los riesgos geopolíticos de la operación.
También la respuesta de la operadora de telecomunicaciones ha sido diferente en ambos anuncios de los futuros accionistas. En el caso de STC lo calificó como "aproximación amistosa", pese a que hasta socios históricos como Caixabank admitieron la sorpresa por las formas utilizadas para la transacción -ejecutada en silencio-. Dijo tomar nota de ese "apoyo al equipo directivo". En el caso de la reacción a la Sepi, la teleco adoptó una posición defensiva advirtiendo, ante potenciales dudas en el mercado, que la empresa mantenía el cumplimiento de su plan estratégico.
Otros casos
El caso de Caixabank con el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) como accionista relevante con el 17% de los títulos es uno de los que se tiene en la retina, al igual que el de Indra, con la Sepi como socio principal. En el del banco español ha habido mucho debate sobre las remuneraciones de la cúpula, que llegaron a ser rechazadas frontalmente en la junta general del año 2021. En el caso de la empresa de Transporte, Defensa y Tecnología, la sociedad estatal llegó a acordar con otros dos accionistas -Amber Capital y Sapa- el cese de cuatro consejeros independientes y promovió la salida pactada del consejero delegado.
Ahora todo el foco se pondrá sobre Álvarez-Pallete. El ejecutivo se enfrenta al séptimo año de gestión desde su llegada en el año 2016. Durante este tiempo el consejo de administración ha estado caracterizado por la ausencia de ruido. Ahora deberá lidiar con movimientos tectónicos que politizarán la gestión. Y lo hará con la celebración del centenario, que estaba llamado a convertir el año 2024 en una cierta 'balsa de aceite' corporativa, como telón de fondo.
