Unas horas después de la irrupción de la Sepi como futuro máximo accionista de la compañía. Telefónica mejora las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) elevando el tope de rentas hasta el 65% y recortando en 400 los afectados hasta situarlos en los 3.560. UGT valora los cambios pero pide más reducción de empleados incluidos y una mejora de la estructura para subir la voluntariedad, dando por hecho que habrá salidas forzosas. Las dos principales organizaciones sindicales alabaron la entrada del Estado y esperaban que este movimiento implicara una voluntariedad total en el despido colectivo.
El baremo con el que la plantilla va a medir este ERE es con el anterior plan de suspensión individual (PSI), donde hubo voluntariedad total -sin universalidad, al haber vetos en áreas críticas- y un tope del 68% del salario bruto hasta la edad de jubilación. Las cifras económicas se acercan, pero aún no ha llegado a esos niveles. Empezó en un 60% ese techo y este martes se ha puesto sobre la mesa un 65%. Pero se sigue manteniendo el tope de los 63 años -con una reducción muy relevante desde esa edad hasta los 65 para la jubilación-.
En cuanto a la voluntariedad, esa era una de las líneas rojas iniciales que pusieron sobre la mesa los representantes de los trabajadores pero desde la compañía mantienen su intención de recurrir a despidos forzosos en caso de que no se cumplan con la cifra de salidas (y en las áreas) que tenían previstas. Desde UGT dan por hecho implícitamente que no habrá voluntariedad total. Insiste en que se necesita un "último esfuerzo para disminuir la afectación y mejorar las condiciones ofrecidas en aras de alcanzar la máxima voluntariedad". Pero la realidad es que la forzosidad seguirá sobrevolando.
Para tratar de reducir esa cifra de forzosos entre los más veteranos (los nacidos antes de 1967), la empresa ha puesto sobre la mesa una "prima de voluntariedad" de 3.000 euros. En este grupo de población se encuentran centenares de empleados que se negaron a adscribirse al plan de bajas (PSI) anterior. No queda claro si esto será suficiente para que la empresa no tenga que obligar a salir a trabajadores de esta edad, especialmente vinculados a operaciones.
En cuanto a la cifra final de afectados, esta se ha vuelto a recortar tras la petición de los sindicatos. Ha pasado de los 3.950 a 3.559. Las organizaciones habían pedido que se redujera para así poder incluir en la negociación la posibilidad de incorporar salidas voluntarias de empleados en áreas críticas en las que la operadora había vetado cualquier movimiento. Aun con la rebaja, esa afectación supone en torno a un 20% de la plantilla actual de las tres filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones).
El acuerdo se acerca y las posturas también, aunque aún no hay acuerdo. UGT asegura que la empresa no ha presentado su oferta final en el ERE ni ha modificado su posición en el convenio colectivo. "No habrá acuerdo si el convenio no blinda las garantías existentes en el actual", aseguran desde UGT. En este sentido se planteó la movilidad forzosa y cambios en la clasificación profesional que alejaron posiciones entre ambas partes.
El pacto y la 'paz social' tendrían que llegar antes del próximo 4 de enero, que es la fecha límite para concluir el periodo de consultas del ERE. Y lo hará antes de la llegada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) al accionariado y al consejo de administración. Esta negociación viene diseñándose internamente desde hace semanas en el seno de la empresa. Y todo apuntaba a que habría una mejora de las condiciones 'in extremis', pese a que la primera postura planteada por el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete había sido más agresiva que en ocasiones anteriores.
Además de la reducción de los afectados y la mejora de las indemnizaciones, se ha planteado la reversibilidad de las rentas -en caso de fallecimiento-, un seguro colectivo hasta los 63 años, la póliza de salud básica al 100% hasta los 63 años y la inclusión de los mayores de 65. Esto se suma un compromiso de creación de empleo igual al 7% de la afectación del ERE, junto con el pago de la Seguridad Social hasta los 63 años (en planes anteriores era hasta los 65).
