La Moncloa ha sido testigo de la primera reunión exprés para salvar una de las industrias estratégicamente más importantes de España. El pasado jueves, representantes de Airbus, encabezados por su CEO, Guillaume Faury, se reunían con la flor y nata del Gobierno español. Pedro Sánchez, Margarita Robles, Pedro Duque y Reyes Maroto formaban el póker de ases elegido para llegar a un acuerdo con la principal empresa aerospacial del continente europeo.
Sobre la mesa se jugaban miles de puestos de trabajo, no sólo en España. Francia, Alemania, el Reino Unido y China son también países en los que la principal empresa aeronáutica del mundo está presente.
La división civil de Airbus afronta importantes retos que, como en el resto del sector aéreo, pasan por una reducción drástica en el número de pedidos por parte de las compañías aéreas. Ya en 2019, con el fin de la producción del A380, Airbus dejaba claro que algo estaba pasando en Toulouse. Los nuevos tiempos auguraban un cielo en el que difícilmente habría espacio para dos monstruos constructores civiles como Boeing o Airbus.
Sin embargo, su división militar presentaba mejores perspectivas. La aspiración de contar con una industria europea de Defensa común hace que muchas de las capacidades militares del continente se encarguen a ‘Airbus Defence and Space’. Su existencia cierra un círculo virtuoso, en el que la relación entre empresa y gobiernos siempre ha estado en el centro de la polémica.
Con todo, Sánchez ha optado por jugar la baza nacional. Contratos a cambio de empleo. Una táctica que prácticamente todos los gobiernos, desde la llegada de la democracia, han llevado a cabo. Políticamente se entiende el interés por preservar puestos de trabajo pero, en muchas ocasiones, estas decisiones han sacrificado la industria nacional, al anteponer las realidades industriales a las necesidades militares.
El acuerdo alcanzado el jueves se sustenta en el desarrollo de cinco proyectos esenciales que la empresa ha conseguido poner negro sobre blanco. En el comunicado conjunto se reafirma la catarsis que está suponiendo la pandemia sobre este sector. Se afirma que la covid supone una “crisis sin precedentes en la industria aeroespacial y en las aerolíneas”. Se reconoce explícitamente que los pedidos acordados servirán para “minimizar el impacto sobre el empleo en las factorías españolas”, que están amenazadas por la “bajada de la inversión y la caída de exportación en los programas de defensa”.
Admitiendo la realidad de la inminente reducción de los presupuestos militares, el gobierno español ha priorizado cuáles son sus líneas estratégicas en la relación con Airbus, y que ya tienen una dotación presupuestaria.
Plan Tecnológico Aeronáutico
El PTA será gestionado por el CDTI y sumará 25M€ en 2020, 40M€ en 2021, 80M€ en 2022 y 40M€ en 2023. El montante será destinado a la financiación del mantenimiento y el refuerzo de las capacidades del sector aeronáutico y de defensa en España en tecnologías de emisiones cero.
Este último requisito nos da una idea del lugar de donde se sacarán los fondos y que no será otro que el Fondo de Recuperación de la UE.
Nuevas iniciativas en materia de Defensa
Este es el apartado más polémico puesto que anticipa y prioriza una serie de programas que chocan con la planificación sesuda y a largo plazo que requiere la industria y la obtención de capacidades militares.
Se contempla la transformación de aviones A330 en aeronaves multipropósito de reabastecimiento. Una capacidad que el Ejército del Aire, sin duda, requiere para garantizar la autonomía en vuelo y que ya es empleado por parte de Arabia Saudí, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Francia y el Reino Unido. Será una muy buena opción para acometer la futura reorganización de las misiones de España en el exterior.
Más problemática es la adquisición de 4 aviones C295 para Patrulla Marítima. España, tanto por su situación geoestratégica, sus miles de kilómetros de litoral y sus compromisos internacionales, tiene una misión clave en la vigilancia de las fronteras exteriores, no solo de la Península sino también de la Unión Europea. En la actualidad esta función la realizan los P3M Orion que serán retirados del servicio en 2022. Es una de las capacidades más importantes a la hora de abordar su reconfiguración. La elección del C295 supone optar por el modelo europeo frente al auténtico rey en esta materia: el Boeing P-8 Poseidon diseñado para la ‘Navy’ de los EEUU para misiones de guerra antisubmarina, interceptación de embarcaciones y obtención de inteligencia.
Este modelo, aun siendo americano, es el deseado por la Armada española, que ve como sus excelentes prestaciones son disfrutadas también por los ejércitos de Australia y Reino Unido. Su elevado coste hace que sea la víctima sacrificada en beneficio del modelo europeo, con un coste más adecuado, pero que no llega a ofrecer las capacidades de la que debería ser prioridad de la planificación aereomarítima española.
El NH90, el helicóptero polivalente con el que España se está aun dotando en los tres ejércitos, es el contrapeso a la patrulla marítima. Sin duda se trata de uno de los modelos más avanzados en su campo, pero con un coste muy elevado y que pronto será superado por los nuevos desarrollos americanos, más veloces y versátiles. En cualquier caso, su financiación quedará asegurada, junto a la del A400M, por lo que Airbus contará con liquidez casi inmediata para sanear sus cuentas. Por el contrario, España tendrá la necesidad imperiosa de comenzar a vender estos gigantes del aire, excesivos para la dimensión actual de las FAS.
La parte más golosa del acuerdo firmado el jueves la componen los 36 helicópteros H135 y 4 H160 dirigidos a paliar las necesidades del Ministerio del Interior y en parte también de Defensa. Su utilización, principalmente policial, servirá para reemplazar los BO-105, prácticamente obsoletos en la vigilancia y apoyo aéreo de la Policía Nacional y Guardia Civil.
El resto de los puntos del acuerdo recoge declaraciones programáticas destinadas a complacer a corto plazo las numerosas peticiones realizadas por las Fuerzas Armadas, como los futuros entrenadores avanzados, el programa FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), y el impulso de una Base Tecnológica e Industrial de Defensa en Europa, fundamentalmente para el desarrollo de los programas internacionales Tigre MK-III y E-Male, el futuro dron de combate y vigilancia europeo.
La pandemia augura recortes presupuestarios militares. Ya se ha anunciado la reducción de 7.000 M€ en el Fondo Europeo de Defensa. En nuestro país, las próximas negociaciones de los PGE traerán, con toda seguridad, un redimensionamiento de la dotación presupuestaria para las FAS. La falta de inversión en equipamiento puede provocar una pérdida de capacidades que, posteriormente, sea imposible recuperar.
La actual arquitectura parlamentaria probablemente trate de maquillar su reducción con un aumento de la dotación destinada a personal. Esta asignación es necesaria, pero nunca podrá suplir una industria que, quizá como ninguna otra, está sufriendo un proceso de transformación tecnológico basado en la excelencia, capacitación e I+D. Todos ellos denominadores que deberían presidir cualquier tipo de inversión en materia de Defensa, para evitar caer en errores pasados que han hipotecado gran parte de los programas de adquisición de material presentes y futuros.
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