La semana pasada el presidente de los Estados Unidos tomaba una de sus primeras decisiones en materia de política exterior. Su destinatario: la República Bolivariana de Venezuela. El dirigente norteamericano aliviaba las duras sanciones con las que su predecesor había sometido al régimen venezolano durante los cuatro años de su mandato.
En concreto, la medida adoptada por Biden consiste en la expedición de una licencia bajo la cual se permiten ciertas transacciones imprescindibles para las operaciones rutinarias, tanto en los puertos como en los aeropuertos venezolanos. Dicho en plata: las empresas podrían operar de nuevo en determinadas infraestructuras venezolanas, impulsando un comercio que, con Trump, se había visto reducido al mínimo desde 2019.
Sin embargo, la política de la zanahoria de la nueva Administración demócrata reservaba una excepción a este supuesto alivio. Washington no ha autorizado transacción alguna que afecte a las actividades previamente prohibidas por los mismos Estados Unidos y que puedan realizarse directa o indirectamente con la participación del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, la autoridad venezolana responsable de la gestión de las infraestructuras estratégicas marítimas en el país.
Toda una frase que en realidad prohíbe cualquier tipo de importación o exportación de hidrocarburos del país caribeño. En el apartado primero de la medida se incluye la adquisición de disolventes, un producto esencial para el refino de crudo. Es el palo dentro de la estrategia americana en sus relaciones con Venezuela y que afecta no sólo al régimen de Maduro, sino también a otros muchos actores económicos y políticos internacionales.
Maduro gana tiempo
Los venezolanos han aprovechado el tiempo durante el traspaso de poderes entre republicanos y demócratas. PDVSA, la petrolera pública venezolana, consiguió burlar las sanciones estadounidenses en enero. Un mes en el que al menos 22 petroleros atracaron y/o zarparon de los puertos de Amuay, Maracaibo, Palúa o Puerto Cabello, con destino al sudeste asiático. Según informa Reuters, este hecho se ha materializado en la salida de 544.290 barriles de petróleo de Venezuela, un incremento de un 12% con respecto a diciembre, y todo burlando las sanciones impuestas por Trump. Cifras que contrastan con el nulo comercio de hidrocarburos entre Venezuela y España.
Aunque no la primera, Venezuela ha sido una de las primeras naciones en sentir el aliento de Joe Biden nada más llegar a la Casa Blanca. A diferencia de su predecesor, el demócrata parece estar optando por relajar un tanto la presión asfixiante al régimen de Nicolás Maduro, "manteniendo su compromiso de garantizar el flujo ilimitado de bienes humanitarios a Venezuela", pero siendo implacables con cualquier tipo de empresa que haga negocio con la petrolera venezolana.
Repsol 'in albis' ante la firma
Entre las empresas internacionales presentes en Venezuela, Repsol ocupa un lugar privilegiado, no tanto por su actividad actual, como por el simbolismo que tuvo su participación en el pasado. En 2017, la multinacional española registró una exposición patrimonial de 1.480 millones de euros, pero las continuas advertencias de las autoridades norteamericanas, unidas a la radicalización del Gobierno de Nicolás Maduro, han provocado una actividad testimonial que, en 2019, apenas llegó a los 239 millones.
Todos y cada uno de ellos fueron materializados a través de la dación en pago de crudo por parte de PDVSA. Estos pagos son consecuencia de las deudas que, desde 1983, contrajeron los venezolanos con los españoles en participaciones en empresas mixtas (Petroquiriquire, Petrocarabobo y PDVSA). El rally continuo que viven los precios del petróleo no ha favorecido precisamente la delicada situación política que se vive en la República Bolivariana.
PDVSA es el punto de fricción histórico entre Repsol y los Estados Unidos, que siempre ha lidiado con mano izquierda la defensa de sus intereses en el país caribeño y su presencia en Estados Unidos. Aquí su negocio alcanza miles de millones en forma de activos y derechos de explotación que, en buena medida, compensan una deuda abultada. La relación entre Repsol y la OFAC, la oficina de control de activos extranjeros de los Estados Unidos, ha estado salpicada de advertencias, como las señaladas en 2019 por Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, quien subió un par de grados la temperatura diplomática y comercial al señalar que los negocios de los de Méndez Álvaro en Venezuela podrían llevar a la Casa Blanca a "tomar decisiones" contra la petrolera española.
Nuevas medidas a la vista
El equipo de Biden no ha tardado ni una semana en meter pluma en el complejo expediente venezolano. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental estadounidenses ha puesto de manifiesto, en un reciente informe, que más de cuatro años de sanciones al régimen de Maduro no han hecho más que perjudicar a los venezolanos y a los trabajadores humanitarios en la zona.
Este aviso, unido al dominio de los demócratas en el comité de exteriores, puede facilitar un replanteamiento de la política americana hacia Caracas. Las sanciones impuestas por Trump han colocado a la economía venezolana al límite de la indigencia. Los ingentes ingresos pasados procedentes del petróleo están prácticamente a cero en la actualidad. Únicamente China, Rusia e Irán parecen tratar de sostener al régimen chavista a cualquier coste. Sin embargo, la realidad hace que el régimen de Maduro siga en el poder y no se vislumbre en el horizonte un momento en el que la situación cambie, para bien o para mal.
Sin apenas negocio y con una actividad que se reduce a recibir pagos por participaciones en empresas de hace casi 30 años, Repsol permanece a la expectativa y pendiente de la firma de nuevas medidas por parte de la Administración Biden hacia el país caribeño. Una firma que puede ser la última en un negocio que apenas aporta valor al conjunto de las operaciones de la multinacional en Latinoamérica y que, por el contrario, supone un escollo recurrente en las relaciones entre Washington, Madrid y la petrolera española.
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