Un socio privado cercano, pero que hiciera de contrapeso a ojos del inversor para suavizar esa imagen de Indra como compañía politizada tras la sacudida en la cúpula vivida el pasado mes de mayo. Y, para además, allanar el camino ante una potencial consolidación del sector de la defensa en España. El Gobierno de Pedro Sánchez buscaba esos dos requisitos para sustituir a los March, de salida tras ejercer ese papel ‘privatizador’ en los últimos años. Y ahí encontró a Sapa, el holding de defensa de la familia Aperribay que se convertirá en el socio clave de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para los futuros movimientos.
Los March, a través de Corporación Financiera Alba, se habían planteado en el pasado más reciente una potencial salida de Indra, donde aterrizaron a mediados de 2009 después de pagar casi 250 millones de euros por el 10% en manos de Unión Fenosa. Ya en la recta final del mandato de Fernando Abril-Martorell como presidente estudió abrir la puerta. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha tomado la decisión definitiva, después de que durante los últimos meses haya llevado a cabo algunas ventas parciales reduciendo ligeramente su posición. La pugna vivida el pasado mes de mayo tras el cambio en la presidencia y la ‘rebelión de los independientes’ que evitó el nombramiento de Marc Murtra como primer ejecutivo fue el detonante.
La posición de la familia March había sido relativamente neutral en el equilibrio de fuerzas del consejo, aunque con una lógica de maximizar su inversión. Pero el Gobierno quería reforzar más la posición y tener un mayor control, no sólo para allanar el camino de Murtra hacia las labores ejecutivas, sino ante la potencial creación de un ‘hub’ de defensa español -eterna aspiración de los diferentes ejecutivos-. El sustituto tenía que ser un socio privado con el que tratar de despejar las dudas de la politización, pero que sirviera de aliado. Fue ahí donde entró Sapa. Tal y como confirman fuentes conocedoras a La Información, los Aperribay, dueños de la contratista de defensa, pactaron con Moncloa su entrada, como guiño en una relación de confianza histórica.
Sapa ha sido contratista destacado en los grandes proyectos de Defensa. El último y más importante: el consorcio Tess Defence, formado junto a Indra, Escriban y Santa Barbara, para el suministro de casi 350 vehículos de combate 8x8 con una inversión de casi 1.750 millones de euros. La dependencia de la firma gipuzcoana es muy alta del ejército español -su especialidad es la fabricación de la propulsión de tanques- y su presupuesto. Detrás de esta inversión también está ‘engrasar’ la relación entre ambas partes, convirtiéndose en socio en Indra, después de haber hecho lo propio en ITP Aero, donde hoy sigue siendo el único socio local de la gestora de capital riesgo Bain Capital.
Para completar el movimiento, Sapa ha financiado prácticamente toda la operación con deuda. Algunas fuentes señalan que estaría apalancada al 80% con las propias acciones de la empresa semipública como garantía. La estructura de la financiación bancaria facilitada por Deutsche Bank se ha cubierto mediante la compra de derivados con el fin de proteger los intereses del citado banco prestamista ante una eventual caída de la cotización en bolsa. La venta se hizo además con un descuento superior al 5% respecto al precio de cierre del pasado martes. Todo ello ha suscitado el temor del mercado, lo que explicaría, en parte, el durísimo correctivo que ha vivido el grupo presidido por Murtra en el parqué, dejándose más de un 15% en las últimas sesiones bursátiles.
Con la salida del consejo de Corporación Financiera Alba y la entrada de Sapa Placencia, la correlación de fuerzas, según explican las mismas fuentes, se decanta hacia el Gobierno. Sin embargo, aún quedan meses por delante hasta que se logre ese 'vuelco' definitivo en una compañía con un consejo con mayoría de consejeros independientes, nombrados en su mayoría en el mandato de Fernando Abril-Martorell y que no han dudado en mostrar su disconformidad ante decisiones destacadas en el pasado. La piedra de toque es el coordinador de todos ellos, Alberto Terol, cuyo mandato, tal y como avanzó La Información, cumple el próximo mes de junio, sin posibilidad de prórroga. Su sustitución será determinante en este reparto y en el potencial nombramiento de Murtra como presidente ejecutivo.
Este giro político-industrial en el consejo de Indra confirma algo que ya se venía fraguando en el seno de la empresa: una mayor potenciación del área de Defensa. El proceso de diversificación que se ejecutó durante las dos últimas décadas, colocando una 'pata' el negocio civil y con las nuevas tecnologías (Minsait) como clave, no ha reducido la importancia geoestratégica de esta actividad vinculada al Ministerio de Defensa y a los programas europeos. Todo ello a pesar de que los servicios digitales han explotado y tomarán un protagonismo importante en los tres próximos años, por la ejecución de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia del coronavirus.
Esta 'partida de ajedrez' en la cúpula de la empresa, controlada por el Estado a través de la Sepi (con un 18% de las acciones), llega en un momento especialmente delicado para el sector de la Defensa, en general, y para Indra, en particular. Queda en el aire el contrato de la antena digital del radar para las fragatas F110, que el gigante Lockheed Martin se ha planteado cancelar, como adelantó La Información, ante un retraso acumulado sobre el que incluso alertó la propia secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, el pasado mes de noviembre. Pero también está sobre la mesa la producción de los carros de combate 8x8 y todo lo relacionado con el programa europeo FCAS. Mucho en juego.
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