Orange reclama a Hacienda 180 millones de euros en créditos fiscales que fueron rechazados en base al tope para compensación de esas pérdidas planteado en la reforma del Impuesto de Sociedades de Cristóbal Montoro. Ese techo ha sido tumbado a mediados del pasado mes de enero por el Tribunal Constitucional. Es por ello que la operadora da por hecho que ganarán el pleito que iniciaron en la Audiencia Nacional. Esta pugna se suma a la que le permitirá recibir otros 174 millones de euros del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de varios ejercicios de la década pasada.
Según queda constancia en la documentación oficial de Orange, consultada por La Información, la operadora ha iniciado un litigio sobre esa medida para limitar las compensaciones introducida en el año 2016. En total, la empresa reclama en total unos 180 millones de euros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre los años 2017 y 2021 en España. No incluye los periodos de 2022 y 2023.
El pasado 18 de enero, el Tribunal Constitucional dictaminó que esta medida -que implicaba bajar el límite al 25% de la base imponible para las grandes empresas con facturaciones relevantes frente al 70% anterior- incluida en la reforma fiscal del Gobierno del PP era ilegal. De esta forma, se abre la puerta para que Orange pueda lograr esa cantidad que reclama. Insiste a sus inversores que la Audiencia Nacional, donde ha arrancado el pleito, "confirmará esta decisión". No hay visibilidad sobre el plazo en el que se cerrará la batalla.
El Tribunal declaró inconstitucional el uso del Real Decreto 3/2016 para limitar esa compensación. Estimó por unanimidad la cuestión planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre varias de las modificaciones de ese Impuesto de Sociedades. La nota remitida por el Constitucional aclaraba que, por seguridad jurídica, la sentencia no tenía efecto retroactivo salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución, igual que hicieron con la plusvalía municipal.
Orange es la primera que pone cifras entre las grandes empresas españolas. No precisa cuánto de ese dinero es de interese de demora. No hay una estimación formal de cuánto puede suponer esta medida para la recaudación del Impuesto de Sociedades, pero se baraja que la factura sea milmillonaria para las arcas públicas.
En el caso de la filial española de la teleco a cierre del pasado ejercicio, según ese informe anual, los activos por impuestos diferidos no reconocidos ascendían a 2.100 millones de euros. Se espera que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar se utilicen en su totalidad para 2028, "a menos que se vean afectadas por cambios en las normas fiscales actuales y cambios en las proyecciones comerciales". Los activos reconocidos ascendían a 500 millones.
174 millones del IAE
Esta compensación se sumaría a la que la operadora francesa logrará en su primera gran pugna fiscal con la Agencia Tributaria a cuenta del Impuesto de Actividades Económicas en la Audiencia Nacional. Se trata de los pagos correspondientes a los ejercicios entre 2012 y 2018. En total son 174 millones de euros, la cifra más alta que se ha cerrado hasta ahora, pues se han agrupado varias liquidaciones. Los jueces también han dado la razón a Vodafone y Telefónica. Queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo por parte de Hacienda, pero es poco probable por la jurisprudencia ya sentada.
Las decisiones de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia se han comunicado formalmente en el mes de febrero, según queda constancia en el informe anual que Orange ha presentado ante los inversores en Francia. Correspondería a un periodo de siete años de este impuesto, que grava los servicios móviles. En total son 174 millones de euros, incluidos los intereses de demora de todos los casos. El trasfondo legal es el mismo del resto de casos que se han ido conociendo en el último año y medio: los tribunales, en base a un pronunciamiento del TJUE, entienden que esta figura fiscal incumplía la Directiva Europea de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas.
Tal y como queda reflejado en una de las sentencias fechada a finales de enero, a la que ha tenido acceso La Información, Orange impugnó todos los acuerdos de liquidación definitivos ejecutados en diversos años. En 2017 reclamó 12,7 millones, 21,1 y 25,8 millones para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, respectivamente. A esto hay que sumar los 20,5 millones de 2017. No queda especificado ni los de 2018 ni los de 2016. Como sucede en el resto de casos, la operadora alegaba que no era procedente incluirle en el epígrafe de ‘Servicios de Telefonía Móvil’ del IAE.
