Convenio ICO. Así se alude en los mentideros del sector financiero al acuerdo estrictamente confidencial que los bancos y el Instituto de Crédito Oficial firmaron en el marco de los 'préstamos Covid'. El documento, que ninguna de las partes ha hecho público, ata en corto a la banca a la hora de renegociar, no solo los créditos con aval público, sino también sus propias líneas de créditos en aquellos casos en los que el prestatario o deudor haya firmado a mayores uno o varios préstamos ICO, razón por la que este pacto secreto está impidiendo la refinanciación de empresas en crisis.
Dos años después del estallido de la crisis sanitaria, las reglas que acotan el margen de maniobra de las entidades financieras a la hora de renegociar los préstamos ICO sigue sin ser pública. No así el 'Código de Buenas Prácticas', el documento que el Ministerio de Economía difundió en mayo del año pasado para arrancar el proceso de reestructuración de la deuda 'antiCovid' concedida un año atrás. Este marco debía servir de referencia para aquellas empresas que quisieran refinanciar sus préstamos con escudo estatal. Éstas debían presentar su solicitud desde el momento de la publicación del citado código hasta el pasado noviembre.
El documento incluye tres vías para dotar de flexibilidad a los créditos ICO, estas son, la ampliación del plazo de vencimiento y conversión de la deuda avalada en préstamos participativos. Solo una vez agotadas las dos opciones anteriores el acreedor puede solicitar la tercera, la condonación del pasivo a través de una transferencia finalista, a razón de un euro de los bancos por cada cuatro que ponga el Estado.
A priori, los límites de las futuras reestructuraciones quedaron así definidos pero, a la hora de la verdad, las entidades se han visto atadas de pies y manos en el momento de refinanciar, no solo los créditos Covid, sino otros préstamos anteriores concedidos a las empresas que después se beneficiaron del balón de oxígeno del Estado. El motivo es el citado 'convenio ICO', a cuyo contenido a tenido acceso La Información.
Las fuentes consultadas apuntan a que, mientras el Código de Buenas Prácticas es un documento destinado a los propios deudores, el acuerdo entre el ICO y la banca es el texto que verdaderamente recoge lo que las entidades pueden y no pueden hacer en los procesos de refinanciación. Y es que en este documento confidencial se recogen algunas líneas rojas que no se especifican en la letra pequeña del ministerio que dirige Nadia Calviño.
Una de las más problemáticas obliga a las entidades que concedieron los créditos avalados a refinanciar simultáneamente todas sus posiciones. Es decir, prohíbe a los bancos renegociar libremente sus líneas de crédito con un acreedor que haya firmado un préstamo ICO, obligando a los bancos a renegociar la totalidad de la deuda de estos prestatarios en igualdad de condiciones. Incumplir el acuerdo es arriesgarse a perder el aval público de las líneas ICO que, en algunos casos, alcanza el 80% del principal.
Algunos bancos optan por refinanciar sus créditos sin tener en cuenta las líneas rojas del ICO, aun cuando esto suponga perder varios millones de avales públicos
El obstáculo es considerable, ya que las premisas para refinanciar los ICO son mucho más estrictas que las que habitualmente se barajan en un proceso de reestructuración. Sobre todo cuando la negociación aboca a la aprobación de una quita. Varios socios del área de Reestructuring de distintos despachos y firmas de servicios financieros coinciden, en conversaciones con este medio, en que esta situación está entorpeciendo procesos de refinanciación claves para sanear el balance de empresas que sufren serias tensiones financieras.
El Gobierno aprobó una ampliación del plazo de amortización de los créditos avalados de 8 años a 10 años. Este margen supone que, en la mayoría de los casos, las compañías no necesiten ampliar el plazo de vencimiento de su deuda antiCovid, pero no así otros préstamos suscritos con sus acreedores que no cuentan con el escudo estatal. El 'convenio ICO' no tiene en cuenta esta circunstancia, lo que está abocando a soluciones rocambolescas en los procesos de refinanciación que han tenido que enfrentar este escollo.
En algunos casos, las propias entidades financieras tienen un interés más fuerte en salvar créditos antiguos que en mantener el aval del Estado. En estas situaciones algunos bancos están optando por proceder libremente en la refinanciación de sus propios préstamos aún a sabiendas de que con ello perderán el escudo público. El mayor beneficiario en estos casos es el propio ICO, pues renunciar al aval implica dar de baja el préstamo avalado y, por ende, el ICO queda eximido de su obligación y de un potencial incremento de su índice de morosidad.
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