Los representantes del sector empresarial español ponen pie en pared ante las medidas pactadas entre PSOE y Sumar para formar un gobierno de coalición. Los líderes de diferentes patronales han aprovechado la XXII edición del Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, celebrado en Granada, para alzar la voz y cargar contra medidas que sólo "perjudican a la economía productiva". Con matices, los mensajes del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; y del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, entre otros, han ido en la misma dirección: pedir respeto por parte del futuro gobierno a los empresarios y a las compañías en su conjunto.
En un auditorio en el que se han dado cita más de 2.300 directivos y ejecutivos, uno de los más críticos ha sido Garamendi, quien ha criticado que los últimos anuncios "no generan confianza", sino que contribuyen a frenar la inversión. Además de tachar de "populista" el planteamiento de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y acusar a las citadas formaciones políticas de causar un "perjuicio brutal" a la economía, el rostro visible de la patronal española ha insistido en la necesidad de diseñar una infraestructura para que el tejido empresarial se sienta "a gusto" en España. En tono crispado, las declaraciones se han producido en mitad de la advertencia de Repsol, que ha avisado este jueves de que ya se plantean seguir invirtiendo en el país si el impuesto extraordinario a las empresas energéticas se convierte en permanente.
"Los empresarios somos líderes del progreso económico. Creamos muchos puestos de trabajo y somos una pieza fundamental en la cohesión social de este país porque podemos reducir las desigualdades", apuntó a este respecto Sánchez Llibre. Durante su participación de la mesa redonda 'El empresario, motor de la economía', apeló directamente a cuestiones como "la falta de seguridad jurídica", que pueden poner en jaque la "credibilidad" de España y el crecimiento de la actividad, al tiempo que apeló sin tapujos a que el pacto entre las formaciones de izquierda supone, a su juicio, un "anuncio electoral pirotécnico" y "una falta de respeto al diálogo social". "No dejan de hacer daño a los inversores", sentenció.
Precisamente, el diálogo social fue uno de los puntos calientes de las diatribas contra las propuestas de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para ir a la investidura. "En los mejores 45 años de la historia de crecimiento de España se ha demostrado que las cosas funcionan con diálogo. Ahora mismo los extremos mandan y yo represento la moderación", puntualizó Garamenti ante lo que consideró un “atropello” de las negociaciones. Estos reproches se realizan después de que el pasado martes CEOE emitiera un duro comunicado junto a Cepyme y ATA en el que afeaban que estas cuestiones hayan sido tratadas a "espaldas" de estas organizaciones y con un afán "intervencionista".
"El Estado de bienestar emana y nace de la actividad privada"
En este sentido, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, hizo un llamamiento para impulsar políticas a más largo plazo y dejar de lado "los intereses partidistas". "Que no olviden que la mejor política social es que la gente tenga empleo", espetó para subrayar que "el Estado de bienestar emana y nace de la actividad privada, así como de los recursos de los que disponen las empresas". "No nos engañemos. El germen de todo esto nace de la actividad privada", argumentó. En este contexto, tildó de "persecución" el citado documento, para reiterar que el "populismo no deja gestionar".
Las negociaciones para formar nuevo gobierno incluyen, además de la rebaja de la jornada laboral a 38,5 horas el próximo año y un recorte de otra hora adicional en el siguiente ejercicio, la revisión del impuesto extraordinario al sector bancario y energético con la posibilidad de convertirlo en permanente, modificar el impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo del 15% con el objetivo de recaudar 10.000 millones, endurecer los despidos o reducir vuelos domésticos en rutas donde exista una alternativa en tren a menos de dos horas y media, salvo en aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.
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