El escándalo político provocado a raíz del rescate público a la aerolínea Plus Ultra ha hecho saltar las alarmas entre las empresas hoteleras que todavía se hallan a la espera del 'salvavidas' de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los grupos del sector turístico temen que a partir de ahora el hólding público se mueva con una especial cautela y pase por el microscopio decenas de expedientes que atañen al sector y sobre los que el Gobierno todavía no se ha pronunciado. Las compañías turísticas son las más afectadas por la crisis y sospechan que la SEPI tratará de evitar a partir de ahora cualquier controversia que enturbie la gestión del fondo de 10.000 millones de euros reservado para auxiliar a empresas estratégicas.
Una treintena de expedientes se acumulan en los ficheros de la SEPI. Más de la mitad de las solicitudes recogen el 'SOS' de la industria turística, a la que la Covid-19 ha mandado directamente a la UCI. Cerca de quince empresas del sector ya han pedido al Gobierno alrededor de 1.600 millones de euros, lo que supone un importante porcentaje sobre la horquilla de entre 3.000 y 3.300 millones que han sido solicitados en conjunto. Entre las hoteleras que aún esperan la respuesta de la sociedad estatal se encuentran Hotusa, Room Mate, Hotelatelier o Hesperia.
Fuentes conocedoras del proceso consultadas por La Información apuntan a que varias compañías turísticas aspirantes a esta inyección de liquidez han empezado a alertar de que el control sobre sus peticiones se ha vuelto más exhaustivo y los requerimientos de información adicional por parte de la SEPI, más habituales. La precaución reforzada al que alude el sector turístico se ha agudizado desde que el 'escándalo Plus Ultra' copa las portadas -y las sesiones de control al Gobierno-.
Las fuentes consultadas advierten de que este sobreesfuerzo de la SEPI por redimirse del ruido generado por el rescate a la aerolínea podría ralentizar todavía más los tiempos para la tramitación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de cuyo monto el Consejo de Ministros apenas ha aprobado la concesión de 968 millones de euros. Este importe supone poco menos del 10% del presupuesto con que el Gobierno dotó a la SEPI para canalizar los rescates de grandes empresas.
El Ministerio de Hacienda designó este martes a Belén Gualda, actual presidenta de Navantia, como nueva presidenta de la SEPI. Aunque el nombramiento resuelve la interinidad que el hólding estatal arrastraba desde hacía un año y medio, la llegada de Gualda anticipa un nuevo periodo de transición en el hólding estatal hasta que su nueva máxima responsable se establezca en el cargo y revise el conjunto de expedientes aún en el aire. Desde la salida de Vicente Fernández -procesado por el caso Aznalcóllar- de la presidencia de la sociedad pública el pasado otoño, sus funciones han sido desempeñadas de forma interina por Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI.
El problema de interinidad que venía arrastrando la SEPI desde 2019 ha agravado el 'atasco' en sus oficinas, donde cerca de treinta de expedientes siguen a la espera de respuesta
Este vacío de liderazgo no es irrelevante a la hora de explicar el estrecho margen de maniobra que ha paralizado la tramitación de los expedientes acumulados desde hace meses en la SEPI. Las fuentes consultadas aseguran que la salida de Vicente Fernández dejó a la entidad pública sin una figura al mando con poder ejecutivo real, lo que ha dilatado los tiempos de la toma de decisiones en plena pandemia, cuando la SEPI se ha convertido en el principal canal para auxiliar a las empresas en el 'vía crucis' de la crisis sanitaria y económica de la Covid-19. Belén Gualda deberá tomar las riendas de una SEPI con papel protagonista y 10.000 millones en la cartera -pues en este tiempo apenas se han asignado alrededor de 1.000-, una partida que podría incrementarse si la ola de solicitudes sigue creciendo.
Ocho meses después de la creación del fondo SEPI, la resolución de los expedientes avanza a cuentagotas y al Ministerio de Hacienda, pilotado por la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se le acumulan los frentes. Solo cuatro compañías han recibido la luz verde del organismo desde julio del año pasado: Air Europa (475 millones), Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra Líneas Aéreas (53 millones) y Ávoris (320 millones). En la mayoría de estos casos, aún con el beneplácito oficial de Hacienda, el dinero tardará en llegar a las arcas de las beneficiarias.
Para esta tarea, la nueva presidenta contará con el respaldo de un batallón de asesores privados y actuará conjuntamente con el comité rector del propio fondo, donde tienen voz algunos ministerios. La agilización de los trámites será uno de los grandes retos que heredará Gualda. Así lo apuntan las fuentes consultadas que aseguran que, en el caso del rescate a Duro Felguera, pasaron meses entre la presentación de los documentos pertinentes y la primera respuesta de la SEPI. Entre los expedientes que anticipan mayores complicaciones, el hólding público deberá decidir si da o no su luz verde a los 249 millones que pide Abengoa, si concede los cerca de 800 que solicita Celsa o si, finalmente, inyecta la ayuda a Duro Felguera a la luz de que la empresa aún no ha cerrado un acuerdo con un inversor privado.
En este contexto, la rápida luz verde del organismo público a la compañía aérea Plus Ultra que conecta Caracas con Madrid y Tenerife -solo comparable al rescate 'exprés' de Air Europa- ha generado importantes recelos, tanto en otras empresas solicitantes como entre las voces de la oposición. De hecho, el Partido Popular presentó hace unos días una moción en el Congreso en la que planteaba que la Cámara Baja pudiera someter a votación la pertinencia de cada uno de los rescates aprobados por la SEPI, así como encargar una auditoría independiente en los casos que suscitasen las dudas del Pleno.
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