Lunes, 17.06.2019 - 15:22 h
Tras la guerra de las VTC

El PP se juega cientos de miles de votos de la 'familia del taxi' en plena rebelión

Las elecciones de este domingo se juegan gobiernos que marcarán la regulación en un mercado dividido por quien restringió a Uber y Cabify y quien no.

Era uno de sus particulares graneros de votos. El Partido Popular tenía al del taxi como uno de sus sectores 'fetiche'. Pero la guerra de las licencias VTC ha generado una rebelión en este mercado. Algunas de las principales organizaciones han hecho campaña contra los populares y Ciudadanos por su negativa, al menos por ahora, a restringir más la actividad de las plataformas Uber y Cabify. Este domingo se elegirán a equipos de gobierno en ayuntamientos y autonomías clave en este conflicto. Y el PP ha decidido cambiar de estrategia.

Desde que estalló la guerra de las VTC con el taxi, el PP se posicionó del lado del último. La prueba hay que encontrarla en los diferentes decretazos aprobados desde el año 2013: uno para 'resucitar' el ratio 1-30 tras la liberalización de 2009; otro para formalizar esa resurrección en 2015; un tercero en 2017 para tratar de evitar la especulación con las licencias y la captación de clientes de los coches de Uber y Cabify en la calle. Y hubo un cuarto a mediados del año pasado para blindar esa ratio ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo, que finalmente falló a favor de esa limitación.

El resultado no fue el esperado por el sector del taxi, que exigía la limitación y el frenazo al aluvión de VTC. Las licencias se siguieron concediendo a través de sentencias del Tribunal Supremo porque entre 2013 y 2015 se siguieron solicitando pues el PP no cerró la 'grieta' legal (en abril se superó la cota de las 14.000). Y estos permisos no dejaron de vendiendo, pues el decreto sólo limitaba las operaciones para traspasarlos, pero no decía nada colocarlos en sociedades que, a la postre, eran 'colocadas'.

Tras aterrizar en la oposición, y con la dimisión de Mariano Rajoy y el nombramiento de Pablo Casado, la estrategia del PP cambió. De manera más tibia en la convalidación del 'decreto Ábalos' con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez daba un fuerte golpe a las VTC: otorgaba cuatro años de 'gracia' (posteriormente sólo podrían completar trayectos interurbanos) y permitía a las comunidades regular y restringir mucho más su actividad durante este periodo (lo que permitió a Cataluña, por ejemplo, aprobar la precontratación de 15 minutos y al Ayuntamiento de Barcelona la extensión hasta una hora). Los populares votaron a favor, aunque con muchas críticas, e impusieron la aprobación como proyecto de ley. Algo que, por cierto, no ha sucedido porque la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones lo impidió.

La prueba evidente de su cambio de estrategia y su acercamiento a las plataformas hay que encontrarlo en los meses siguientes. Primero, en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno no dio su brazo a torcer tras dos semanas de huelga del taxi y no aprobó la normativa como sí hizo Cataluña. Después, en Andalucía, donde han retrasado la aprobación de estas 'reglas' con un primer borrador donde ha desaparecido el tiempo mínimo de precontratación de los coches de Uber y Cabify. Por último, se encuentra su programa electoral para las elecciones del pasado 28 de abril, donde obtuvo el peor resultado de su historia, donde abogaba por derogar el decreto de Ábalos y garantizar "la libertad de elección del usuario".

Su apuesta es acercarse más a los postulados liberales de Ciudadanos, que ha abogado por una mayor desregulación del taxi y no de las VTC. Entiende que la pérdida de votos en el lado del taxi lo ganará en otros, gracias a ese nuevo posicionamiento. Lo que hoy es una evidencia es que han perdido la confianza de parte del sector de los taxistas. Algunas de las organizaciones más relevantes han hecho campaña contra ellos y han pedido el voto para organizaciones como Podemos.

¿Qué hay en juego?

Pero, ¿cuál es el tamaño de lo que hay en juego? En España hay un total de 69.000 licencias de taxi activas hoy. Una cifra estancada en los últimos años. De esas, 46.100 se ubicaban en capitales de provincia, donde se juega realmente la batalla con las VTC. En Barcelona capital hay 10.500, mientras que en Madrid hay 15.650, según los datos a cierre de julio del año pasado del Instituto Nacional de Estadística (INE). Valencia suma 2.845 y Sevilla casi 2.000.

Estas son las licencias activas hoy. No todas tienen a un solo profesional del volante explotándolas, sino que algunas cuentan con taxistas asalariados. Se estima, por tanto, que se trata de un granero de varios cientos de miles de votos (algo menos de 200.000 si se cuentan sólo las familias más cercanas y casi medio millón si se incluyen a entornos algo más amplios).

La Comunidad de Madrid y Barcelona, en juego

Madrid es el principal bastión para el sector. Después de que Cataluña, sin elecciones regionales este año, haya aprobado una normativa que expulsó a Uber y Cabify (ésta última regresó a medio gas con una triquiñuela legal que ya ha sido vigilada de cerca por el Ejecutivo), el resultado en la Comunidad va a ser clave. Ángel Gabilondo (PSOE), al que algunas encuestas dan como más votado aunque en minoría, ha apostado por la conciliación, sin posicionarse. "Promoveremos un Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible para integrar de manera justa al taxi y a las VTC en el sistema de transporte de las ciudades", apunta en su programa. La mayoría de derechas -con VOX y Ciudadanos- podría mantener el 'statu quo'.

En el caso de Barcelona, está en juego la regulación local y el reglamento recién aprobado por la alcaldesa, Ada Colau. Un reglamento que, tal y como ha adelantado el sector de la VTC, será denunciado en los tribunales y se exigirá la suspensión cautelar. Todas las encuestas dan a Ernest Maragall, candidato de ERC, como potencial ganador. Maragall se mostró muy crítico en reuniones internas contra el 'decreto Calvet' que impuso la precontratación (y expulsó a Uber y Cabify de la ciudad condal) y se ha abstenido en la votación de este nuevo reglamento. Este último posicionamiento despertó las duras críticas de la asociación líder en Cataluña, Élite Taxi.

El sector del taxi (y la VTC) vela armas ante estas nuevas elecciones. Todas las asociaciones han dado orden de parar cualquier movimiento hasta que no ver el resultado del recuento de esos cientos de miles de votos. La guerra no ha terminado. Sólo queda por ver cómo queda el escenario tras el próximo domingo.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios