Bartolomé Lora, presidente en funciones de SEPI desde la abrupta salida de Vicente Fernández Guerrero en octubre del año pasado y alto directivo del hólding público desde hace treinta años, será el representante del Estado en las empresas catalogadas como 'estratégicas' en las que la Administración decida tomar de manera transitoria una participación más o menos significativa, para equilibrar la inestabilidad financiera causada por la pandemia y garantizar su viabilidad a medio y largo plazo hasta que remitan los devastadores efectos económicos causados por las medidas de contención por el Gobierno para detener la propagación de la Covid-19.
Así lo acordó el pasado 7 de agosto el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas -el instrumento de apoyo financiero a empresas dotado con 10.000 millones de euros ideado por el Gobierno para proteger a sus empresas más emblemáticas-, que decidió delegar en la persona de Bartolomé Lora un puñado de competencias entre las que destaca "el ejercicio de los derechos políticos que correspondan por la participación en el capital social (de las empresas 'rescatadas'), así como la incorporación al órgano de administración", de las mismas en el caso de que esa participación diera derecho a sentarse en el Consejo, según matizan las fuentes consultadas. El matiz es relevante porque no siempre se dará esa circunstancia. El Fondo dispone de margen para actuar a partir de una serie de instrumentos diferentes, que van desde la concesión de préstamos participativos o deuda convertible - que sólo se convertirían en acciones en caso de no cumplirse los compromisos de devolución estipulados- a otro tipo de instrumentos financieros, pasando también por la suscripción de acciones o participaciones sociales.
En este escenario, el presidente en funciones de SEPI - o la persona que él designara- sólo se sentaría en el Consejo de Administración de la empresa en el caso de que el Estado hubiera tomado una participación de suficiente entidad como para darle derecho a sentarse en el Consejo de Administración, según matizan fuentes del Gobierno. No sería en cualquier caso un espacio extraño para Bartolomé Lora, que ya ocupa un sillón de consejero en Enagás, ni mucho menos para la SEPI, que históricamente ha estado representada en empresas del Ibex como la propia Iberia o ahora Red Eléctrica de España.
El Consejo Gestor del Fondo, del que forman parte además del presidente en funciones de SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; y el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente; ha adoptado esta decisión en plena negociación con Air Europa para arbitrar la mejor fórmula para estabilizar la situación financiera de la aerolínea española, que al igual que le ha ocurrido a las principales compañías aéreas europeas y del resto del mundo, ha visto como su negocio se desplomaba casi de un día para otro como consecuencia de las restricciones a la movilidad impuestas por la lucha contra la Covid.
Fuentes de la Administración al tanto de esta negociación señalan que ésta no ha avanzado hasta el punto de saber si el Estado podría llegar a tomar una participación accionarial en la compañía o si ésta le daría derecho a sentarse en el Consejo de Administración de la misma. Aseguran que no será hasta las próximas semanas cuando se avance en los flecos que todavía quedan por resolver y se despejarán esas incógnitas.
Por si acaso, el Consejo Gestor del Fondo ha decidido concentrar una serie de competencias de naturaleza básicamente operativa en el presidente en funciones de SEPI para agilizar el funcionamiento del instrumento y la resolución de las solicitudes presentadas. Además de la ya mencionada de ejercer los derechos políticos adquiridos por el Estado en las empresas rescatadas, el Gobierno ha confiado a Bartolomé Lora la fijación de la posición del Estado sobre las decisiones estratégicas que pretendan adoptar las empresas 'intervenidas', según los requisitos de control fijados tanto por el Real Decreto gubernamental como por la Comisión Europea para modular tanto su gobernanza como su operativa durante el tiempo que disfruten de la financiación asistida por el sector público.
El Consejo Gestor también ha delegado en el presidente la responsabilidad de registrar todas las operaciones del fondo, lo que se hará en una contabilidad separada y específica dentro del balance de SEPI; la gestión recaudatoria de los reintegros que deberán abonar las empresas por la financiación pública recibida, la actuaciones previas necesarias para abrir el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas públicas a empresas; y todo lo relacionado con la instrucción del procedimiento, incluyendo el análisis y la valoración de las operaciones - para lo que podrá contratar con un asesor externo - o la verificación de los requisitos requeridos para acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas, que según lo establecido en la norma incluye la consideración de empresa estratégica, la acreditación de estar al tanto de sus pagos a Hacienda y la Seguridad Social y la demostración de su viabilidad financiera a medio plazo, entre otras.
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