El Gobierno ha puesto cifra al hachazo que sufrirán las grandes eléctricas por el coto al dividendo de carbono. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anticipado que el Ejecutivo recaudará 1.000 millones de euros anuales que saldrán directamente de las arcas del 'Ibex eléctrico', con Endesa e Iberdrola como grandes damnificadas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley elaborado por el departamento de Ribera, en plena revuelta del sector, desde donde han manifestado que no se quedarán de brazos cruzados ante esta intervención.
El Gobierno ha dejado en el aire algunas de las claves del citado giro normativo. Desde el ministerio de Ribera han confirmado que el 'mordisco' a la facturación de los gigantes energéticos será descafeinado, pues el cambio legislativo solo recoge una minoración parcial de la retribución extra que reciben las centrales eléctricas no emisoras de CO2. Es decir, las compañías seguirán ingresando una parte de lo que se conoce como beneficios caídos del cielo (windfall profits), aunque desde el Gobierno se han reservado a qué porcentaje de los mismos afectará el tijeretazo de Ribera.
La evolución del mercado mayorista (el pool, en la jerga), donde se negocia diariamente el precio de la electricidad que luego sirve de referencia para calcular una parte de la factura de la luz, mete presión al Ejecutivo. Con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarificación, que encarecerá el recibo eléctrico para al menos 10 millones de consumidores, el 'mordisco' a lo que el Ejecutivo ha bautizado como dividendo de carbono, supone un intento 'in extremis' del Gobierno para atajar por la vía legal el precio de la electricidad.
Según los cálculos del ministerio del ramo, la recaudación generada por la intervención del Estado en la sobrerretribución de las grandes eléctricas se traducirá en una rebaja de entre el 4 y el 5% en el precio final del recibo eléctrico (incluyendo el precio de la energía y parte regulada) de los consumidores. El Gobierno limitará el torpedo a los gigantes del sector, pues la minoración estatal a estos ingresos extra se limitará a las centrales de más de 10 MW -con costes fijos más bajos-, que se hayan puesto en marcha antes de 2005 y que ya no se encuentren bajo un régimen retributivo regulado, esto es, una vez pasados los 20 años de su vida útil.
El plan de Ribera se limitará a nucleares e hidroeléctricas de más de 10 MW, anteriores a 2005 y que no se hallen bajo un régimen retributivo regulado
En definitiva, la medida estrecha el cerco sobre los grupos más expuestos a la generación nuclear e hidráulica: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Acciona (solo opera en hidroeléctrica), en este orden. El Gobierno ha informado de cómo prevé gestionar esos 1.000 millones de recaudación a mayores. El 90% del monto total detraído a las eléctricas -unos 90 millones anuales- se destinará a proveer el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (Recore), es decir, a sufragar el coste de las subvenciones a las energías renovables.
El 10% restante será transferido a las CCAA y autoridades locales para hacer frente al gasto energético de los consumidores vulnerables. El Estado y las comercializadoras ya sufragan al 50% el recibo de la luz de las personas calificadas como 'vulnerables en peligro de exclusión' (unas 6.000 en todo el país), aquellas a las que por ley no se les puede cortar el suministro. El plan del Gobierno es extender esta protección a otras 7.000 personas que, por falta de medios de la Administración, no entraban en esta categoría lo que dispararía en un 60% el número de consumidores bajo esta consideración.
El ministerio ha dado cuenta de estos detalles varios días después de que los planes del departamento para rebajar los ingresos extra de las eléctricas saliese a la luz, información que provocó la reacción inmediata de algunas de las empresas más importantes del sector, que manifestaron su rechazo sin paliativos a la propuesta. De hecho, han sido varias las eléctricas que han deslizado que el último giro del ministerio podría poner en peligro el plan de cierre de centrales nucleares, que recoge que el apagón se llevará a cabo entre 2027 y 2035. "Tocar la retribución de nucleares podría desbaratar el protocolo firmado por las empresas con Enresa sobre el cierre ordenado de estas plantas", trasladan fuentes de las eléctricas a La Información.
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