La crisis de deuda que sufre RTVE será uno de los grandes hándicaps de su nuevo Consejo de Administración. El recién nombrado presidente, José Manuel Pérez Tornero, tendrá que afrontar la mala situación económica que sufre la Corporación, la cual ha empeorado aún más por el coronavirus. Unos problemas que le deja como legado la ya exadministradora provisional, Rosa María Mateo. Esta última es consciente de las dificultades para cuadrar las cuentas. Al punto que ha reclamado en una de sus últimas peticiones como responsable de la casa que se mejore la financiación para que lleguen más fondos a la empresa con los que afrontar el nuevo panorama. Una exigencia que también justifica con el alto coste que tendrán eventos como los Juegos Olímpicos, que son una compra casi obligada para la firma estatal.
Estas peticiones de Mateo se desprenden de una de sus últimas respuestas parlamentarias remitidas a diputados del Congreso, que le preguntaron por las peticiones económicas que había realizado al Gobierno para 2021. En su texto, al que ha tenido acceso La Información, lamenta que la falta de renovación de los Presupuestos Generales del Estado en 2019 y 2020 impidió "adecuar la subvención por compensación del servicio público a los incrementos de gastos sobrevenidos y ajenos a la gestión interna".
A pesar de las prórrogas de los PGE, en esos dos ejercicios el presupuesto propio de la corporación superó los 1.000 millones. Una cantidad que la veterana periodista asegura que no les ha bastado. Ni siquiera los 473 millones que el Gobierno le asignó para 2021, que han permitido que tenga disponibles 1.127 millones, han solucionado ese 'roto' que denuncia. El aumento de fondos solo ha "corregido parcialmente" esa situación.
"No es suficiente para adecuar el presupuesto destinado a la mejora de la programación", apunta Mateo, que insiste en que precisan más recursos por "los cambios sustanciales" en el mercado audiovisual, en referencia a la llegada de Netflix o HBO y al cambio en los hábitos de consumo. Dos circunstancias que han conllevado un "aumento de los costes de producción" y abocan a RTVE a "realizar inversiones que permitan adecuar nuestros medios" a esas formas de consumir un producto audiovisual.
El otro gran problema que tendrá que afrontar la empresa en las próximas semanas es la adquisición a Discovery de los Juegos Olímpicos de Tokio. El pasado junio, Mateo ya advirtió de que necesitarían una aportación de 60 millones para afrontar la compra de los derechos. Unos fondos que tendrían que salir de una partida extra del Ministerio de Hacienda o de una "dotación suficiente en el presupuesto para 2021". El incremento del 25% de fondos en los PGE tampoco daría para hacer la operación, ya que avisa en su escrito al Congreso de que el presupuesto de la casa es insuficiente para ello. "Hay que tener en cuenta que en 2021 habrá que financiar los gastos ocasiones por la celebración de los JJOO", señala. Una advertencia que pone sobre la mesa que el departamento de María Jesús Montero tenga que volver a 'rescatar' a la casa para que pueda emitir el mayor evento deportivo del mundo.
Su solución: la ley de financiación de 2009
Todos estos problemas a los que alude Rosa María Mateo responden a una supuesta infrafinanciación que RTVE ha padecido durante los casi tres años que ha estado al frente de la misma. Su propuesta para revertir la situación también la refleja en el texto que remitió al Parlamento. La idea que plantea es la de recuperar los principios de la ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Esa norma establecía que el presupuesto de RTVE en 2010 sería de 1.200 millones de euros. Una cifra que además era el máximo del que podía disponer la casa. Y que es superior a lo que tendrá disponible en 2021, que se queda en los 1.127 millones. "La realidad ha sido muy diferente", denuncia Mateo, que señala que ni el aumento de subvenciones ha permitido alcanzar esa cifra.
Como apunta Mateo, dicha legislación "permitiría disponer de presupuesto suficiente para mejorar la programación y los servicios a ofrecer a la ciudadanía". Lo que se explica con que esta recoge cómo deben ser los incrementos en las aportaciones que hacen las administraciones y los operadores de telecomunicaciones para financiar la corporación. Entre las posibilidades está la de acomodar la previsión de ese aumento al índice general de precios al consumo para el año de referencia, según el apartado c del artículo 3.2. Esto podría suponer que las cadenas que emiten en abierto, las que sean de pago y las 'telecos' tuvieran que tener en cuenta el IPC para calcular cuánto deberían ceder a RTVE de sus ingresos brutos cada año. Lo que puede abrir una nueva batalla entre estos sectores y la empresa estatal. Una cuestión polémica por una tasa que Telefónica y el resto de empresas han conseguido elevar al Tribunal Constitucional para que estudie su posible inconstitucionalidad.
"Sería necesario disponer de una financiación estable que permitiera planificar con garantías, sin estar sujeto a la evolución de variables ajenas a la gestión de la propia Corporación", reclama Mateo en sus últimas líneas. Un guante que está por ver si coge el nuevo presidente, que está en la línea de mantener el sistema actual basado en las tasas y las aportaciones de los operadores privados. Aunque la idea de Pérez Tornero es incluir en el sistema a las plataformas de streaming. Cuestiones que tendrá que empezar a analizar junto a muchas otras. Entre las que está los millones de euros que tendrá que abonar en las prejubilaciones de oro previstas para los próximos año. Y que en 2020 ya han costado 8,8 millones a RTVE.
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