La teleco defiende su plan estratégico

Sepi controlará hasta un 10% de Telefónica en respuesta a la irrupción de la saudí STC

La participación, que lo colocaría como primer accionista, estaría valorada en 2.000 millones. El Estado vuelve al accionariado más de dos décadas después de la privatización para "salvaguardar sus capacidades estratégicas".

José Antonio Álvarez-Pallete, Telefónica
José Antonio Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.
CONTACTO vía Europa Press

Golpe de mano del Gobierno en Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquirirá hasta un 10% de los títulos de la operadora de telecomunicaciones, un paquete que estaría valorado en más de 2.000 millones de euros. La sociedad pública, que ya anunció hace semanas que estudiaba esta posibilidad, asegura que busca "una mayor estabilidad accionarial" ante el aterrizaje de los saudíes STC con la compra de hasta un 9,9%. Este movimiento llega antes de la autorización del Ejecutivo para llegar a esa posición. Se trata de la vuelta del sector público un cuarto de siglo después de la privatización. La empresa defiende que no habrá cambios en su plan estratégico hasta 2026 recientemente aprobado y que blindaba el dividendo y la generación de caja.

El Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la sociedad llevar a cabo la adquisición de hasta un 10% de los títulos. La sociedad procederá a llevar a cabo los trámites que permitan poner en marcha el proceso de compra para completar el volumen de acciones necesario "minimizando el impacto en la cotización". La firma insiste en que aterriza con una "vocación de permanencia" para proporcionar "una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas".

Sepi se convertiría en el máximo accionista de la empresa por encima del propio grupo saudí STC que se había comprometido con la adquisición de hasta el 9,9% de los títulos (hoy cuenta con el 4,9% y el resto está en derivados condicionados a la 'luz verde regulatoria'). Para completar movimiento era necesario que el Gobierno lo autorizara. Hasta ahora, no habría habido petición formal por parte de la compañía árabe, mientras se dilucidaba cómo se podía repartir el accionariado. Ahora, con este golpe en la mesa de la sociedad pública tendrá la posición mayoritaria.

El precio que deberá abonar el Estado superaría los 2.000 millones de euros. Esto representa un esfuerzo muy relevante para la estructura económica de la Sepi y la mayor operación. Con ella se construiría un núcleo duro español junto con Caixabank y BBVA, que sumarían casi un 20% y permitirían contrarrestar la posición de los saudíes STC.

La Sepi asegura en su comunicado que Telefónica es una "compañía líder" en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla actividades que resultan "de crucial relevancia" para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad o la defensa. Ese carácter estratégico es el argumento utilizado para hacer este importante desembolso.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, incide en esa "mayor estabilidad" en el desarrollo "de todos estos planes en nuestro país". Insiste en que este acuerdo está "en línea" con otros grandes países europeos, que cuentan con participaciones públicas relevantes en sus antiguos monopolios. En Deutsche Telekom la participación pública es de en torno al 30%. En Orange es del 23%. En ambos casos, se hace a través del Estado directamente o de entidades financieras públicas (la alemana KfW o la francesa BPI). 

La mayor posición accionarial

Hoy por hoy la Sepi cuenta con el control de empresas públicas como RTVE, Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa o Grupo Hunosa. Además también ostenta porcentajes relevantes en firmas como Ebro Foods (10,3%), Enagás (5%), Hispasat (7,4%), Indra (28%), Redeia (20%) o Airbus (4,1%). En 2022, la empresa generó unos ingresos de 5.250 millones de euros con un beneficio de 43 millones. A cierre del ejercicio mantenía una deuda con entidades de crédito a corto plazo de 721 millones.

Ya en 2020, en plena crisis del Covid, el holding público exploró la posibilidad de entrar en el accionariado de la compañía de telecomunicaciones española, como publicó en La Información. Aunque la recuperación económica y el fin de la pandemia quitó urgencia, el desembarco de STC en el capital parece que ha reactivado la preocupación sobre la falta de protección de la empresa que lidera Álvarez-Pallete por no contar con un núcleo duro de accionistas suficientemente significativo.

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