Un operador de telecomunicaciones árabe sentado en el consejo de administración de un grupo español que gestiona numerosos contratos sensibles vinculados a la seguridad nacional y a la defensa. La irrupción de STC con hasta el 9,9% de Telefónica no es una simple transacción de una multinacional extranjera en una empresa estratégica. El Gobierno estudia fórmulas para vetar el acceso de la compañía dirigida por Olayan M. Alwetaid en este negocio crítico. Tienen en mente lo sucedido con Duro Felguera, donde obligaron a desinvertir en Epicom, clave para los sistemas de cifrado criptográfico de las comunicaciones de Moncloa, Casa Real o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La compañía saudí ya cuenta con el 4,9% de manera directa de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete tras su compra de títulos entre bambalinas gracias al contrato con Morgan Stanley. Además acaricia otro 5% a través de derivados financieros que sólo se podrán ejecutar en caso de contar con la autorización del Gobierno. En la última comunicación del grupo saudí, en la presentación de resultados del tercer trimestre, llamó a la “cooperación” pero mantuvo sus planes de rozar ese 10% y, por tanto, reclamar la 'luz verde'. No queda aún claro si ya se ha presentado formalmente o no. Desde el grupo árabe guardan silencio.
Pero en el Gobierno ya se trabaja desde hace tiempo en una solución. El veto total tiene pocas probabilidades de fructificar, pues el mensaje al inversor internacional sería complicado de defender. La clave radica en esos contratos de defensa, cuya información es especialmente sensible y delicada. Desde el Ejecutivo han defendido siempre que protegerán la “autonomía estratégica” de España. Ahora buscan fórmulas jurídicas que, según explican diversas fuentes, permitan vetar el acceso a ese tipo de contratos por parte de STC, pues todo apunta a que reclamará un puesto en el consejo donde conviviría con los ‘socios históricos’, BBVA y Caixabank.
La irrupción del fondo australiano IFM en Naturgy, al que se le exigieron una serie de condiciones como el límite a dividendos en el futuro o a desinversiones relevantes para dar luz verde definitiva, no es el único caso que puede servir como modelo para el Consejo de Ministros en esta tarea de limitar el impacto de la llegada de STC a Telefónica. Hay otro aún más relevante, según explican las mismas fuentes, por su similitud en la sensibilidad del negocio vinculado a la seguridad nacional: Duro Felguera y su filial Epicom.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) rescató a la empresa con 120 millones de euros. Y la firma a cambio vendió un 40% del capital de Epicom, su filial clave vinculada a comunicaciones militares. Se reservó una opción de compra sobre el otro 60% que tenía de límite el pasado mes de marzo, prorrogándose otros nueve meses más. Finalmente, la sociedad estatal no sacó la chequera pero sí lo hicieron dos inversores industriales españoles: Indra (30%) y Oesia Network (30%). Esto era condición ‘sine qua non’ del Consejo de Ministros para autorizar la entrada de los dos fondos mexicanos -Grupo Prodi y Mota—Engil México- con dos préstamos participativos por un importe total de 90 millones que implicaba que entre ambos mantuvieran el control total de la empresa.
La complejidad de esta tarea radica también en que no existe la posibilidad de una desinversión para el negocio de defensa de Telefónica. Pero desde el Gobierno se analiza la posibilidad de poder inhibir a STC de cualquier asunto que se trate en el consejo o a través de otros órganos de administración y que esté vinculado con la seguridad nacional. Hay que recordar que el grupo árabe está especialmente interesado en todo el portfolio de servicios vinculados a nuevas tecnologías como la nube y otros (ya a principios de año firmaron una alianza comercial para avanzar en ese mercado).
¿Quién debe llevar a cabo esta decisión? El llamado ‘escudo antiopas’ pasará a manos del Ministerio de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa dirigido actualmente por Nadia Calviño. La razón es que la secretaría de Estado de Comercio, que es la encargada de recibir las solicitudes de inversores extranjeros, pasa a depender del organigrama de ese departamento tras la reorganización del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Formalmente la puerta de acceso es la Junta de Inversiones, en la que está presente un representante del CNI y otro de la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Pero el procedimiento implica un informe específico del Ministerio de Defensa. La propuesta de este órgano debe elevarse al Consejo de Ministros que es el que tiene la última palabra.
Un (delicado) negocio creciente
Hay que tener en cuenta que Telefónica ha acelerado la presencia como proveedor de servicios críticos al Ministerio de Defensa. En este ejercicio ha rozado los 300 millones de euros en adjudicaciones directas del departamento dirigido por Margarita Robles. Entre los más relevantes en los últimos dos años se encuentran la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones vía satélite para el Ejército (38 millones) o el despliegue de las primeras redes 5G en bases y buques de la Fuerza Naval y en la Infantería de Marina (5 millones).
A estos hay que sumar la puesta en marcha de la fibra oscura (120 millones); la puesta en marcha del Centro de Adiestramiento para operaciones militares en ciberespacio (35 millones) o la operación junto a Indra del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Administración General del Estado que se adjudicó por un procedimiento de urgencia negociado y sin publicidad por más de 46 millones. Además, la operadora forma parte del proyecto del blindado 8x8 aportando más de 350 radios de combate para las Fuerzas Armadas y de los submarinos S-80 donde desarrolla junto a Navantia los sistemas de ciberseguridad.
Mientras tanto, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) sigue empeñada en construir un ‘núcleo accionarial’ español que compense la entrada de STC, con Caixabank y BBVA confirmando que no pretenden incrementar bajo ningún concepto su posición (entre ambos suman en torno al 10%, similar a los saudíes). Ya en el hecho relevante comunicado semanas atrás avisaba que su deseo era entrar con un porcentaje en la compañía. Pero el objetivo era apoyarse en empresarios locales. Esta estrategia no ha recibido apoyos significativos.
El 'caso Vodafone'
La gobernanza de Telefónica se convirtió en el elefante en la habitación durante el llamado ‘Capital Markets Day’ que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en Madrid. La compañía se comprometió a colocar la generación de caja (y el desapalancamiento) como prioridad para los tres próximos años. Pero ninguna de las preguntas de los analistas se centraron en el gobierno corporativo y la posibilidad de cambio en la configuración del consejo con STC y la Sepi. La compañía ya calificó el mismo día del hecho relevante en septiembre la entrada de los saudíes como un “acercamiento amistoso”. Tras el cierre de ese día con inversores, el presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, resaltó el “carácter estratégico” de la empresa ante el interés de estos inversores, pero para justificar la desregulación total que volvió a defender.
Vodafone es el espejo en el que podría mirarse la operadora española. La firma emiratí e& controla el 14,5% del grupo después de varias subidas y su intención era incluso llegar al 20%. Pese a que su intención inicial era mantener una posición ‘pasiva’, en mayo planteó un acuerdo estratégico en la que reclamó posición en el consejo de administración y una serie de alianzas estratégicas. Precisamente este mes de noviembre, la división de empresas de la operadora de telecos europea firmó un memorando de entendimiento con los emiratíes para “comercializar, vender y prestar servicios conjuntamente” a empresas y organizaciones del sector público.
