La sacudida en la cúpula de Indra, que desató una pelea por el poder y que se alargó durante casi dos semanas, tuvo su origen en la "pérdida de confianza" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en el anterior presidente, Fernando Abril-Martorell. El nombre del sustituto fue planteado oficiosamente por el organismo público. Pero en la formalización del polémico nombramiento de Marc Murtra como su sustituto, la sociedad que controla más del 18% de las acciones se lava las manos y reniega de su respaldo a la designación para no tener que superar la cuota de dominicales que ya ocupan en el consejo el exministro Miguel Sebastián y el exdiputado socialista Antonio Cuevas. Es todo un requiebro al buen gobierno corporativo.
El nombramiento del empresario catalán no sólo va a acarrear todo un reto para gobernar la mayor compañía tecnológica de España, con dos consejeros delegados solidarios, algo prácticamente inaudito en el Ibex 35. Ha precisado de un regate a las reglas de buen gobierno que se ha dado la empresa. A las tres categorías tradicionales de consejeros -independientes, dominicales y ejecutivos- se le ha ido añadiendo una en los últimos años: 'Otro Externo'. Sirve para designar a independientes que después de doce años de mandato se han 'institucionalizado'. O para casos como el de Indra, en los que el que entra lo hace como representante 'de facto' de un accionista pero éste no tiene la capacidad para nombrarlo.
La Sepi fue la que promovió el cambio en la presidencia ejecutiva, después de diferentes enfrentamientos con Abril-Martorell, referidos a los despidos ejecutados a principios de este año, la compra de ITP Aero o el blindaje millonario exigido para la renovación del contrato por un nuevo periodo. La elección de Marc Murtra fue, según explican todas las fuentes consultadas, una propuesta oficiosa de la sociedad estatal, en un claro guiño al Partido Socialista de Cataluña (PSC), liderado por el exministro Salvador Illa. Sin embargo, tanto en la Comisión de Nombramientos como en el propio consejo estaba en minoría frente a los independientes, que mantuvieron una pugna que acabó con la designación como no ejecutivo. Esto le creaba un problema: ¿Cuál sería la designación si no iba a tener poderes ejecutivos? "Otro Externo", fue la respuesta a esa pregunta.
Pero eso implicaba el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. La Comisión de Nombramientos -con mayoría de independientes- verificó, según queda reflejado en la documentación de la próxima junta general de accionistas donde se ratificará el nombramiento, que no existían "circunstancias personales o profesionales que puedan afectar a la clasificación como consejero externo" de Murtra. ¿Cómo? Sepi tuvo que hacer el requiebro y confirmar por escrito a la sociedad que su representación en el consejo se circunscribe a sus dos consejeros dominicales existentes -Antonio Cuevas y Miguel Sebastián- "y que, por tanto, el sr. Murtra no les representa".
La decisión de retirarle todas las funciones ejecutivas -a la que tuvo que acceder la Sepi 'in extremis' tras un duro debate en el consejo- no tiene justificación clara en esa documentación entregada a los accionistas, más allá de asegurar, al igual que en el hecho relevante ante la CNMV de la pasada semana, que el nombramiento de dos consejeros delegados permite "garantizar la continuidad de la gestión al máximo nivel, ejecutando el plan estratégico 2021-2023 por unanimidad en febrero". Es decir que la presencia de Ignacio Mataix y Cristina Ruiz es necesaria para lograr esa gestión, lo que contrasta con la "solvencia personal y profesional" que el mismo consejo destacaba de Murtra.
El gran reto de Indra reside en su nuevo modelo de gestión con dos consejeros ejecutivos solidarios pero sin una línea clara de reporting a nivel corporativo
El que fuera jefe de gabinete del exministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, entre 2006 y 2008 podrá mantener otras actividades mientras ejerce como presidente sin poderes. "La Comisión ha verificado que las restantes ocupaciones profesionales permiten su adecuada dedicación efectiva al cargo de consejero no ejecutivo", asegura en la propuesta de ratificación. En concreto, hoy es profesor asociado de finanzas de la Universidad Pompeu Fabra y columnista de La Vanguardia. Ejercerá durante un plazo estatutario de tres años.
Sin trayectoria previa en un consejo de una cotizada, el ingeniero industrial tiene, según la matriz de competencias aportada por la compañía antes de la junta, experiencia de gestión a primer nivel y con altos cargos en la administración, además de trayectoria en tecnologías de la información y los sectores industrial y de servicios. Se reconoce que no cuenta con ninguna experiencia internacional, pese a que casi la mitad de todos los ingresos del grupo proceden de mercados fuera de España -19% en América, 19% en Europa y un 10% en Asia y Oriente Medio-.
El nuevo presidente sin funciones ejecutivas tendrá un salario fijo de 550.000 euros (además de su futura pertenencia a alguna comisión del consejo, pues por ahora no estará en ninguna), establecido en base a su perfil, el alcance de las funciones asignadas y los datos de mercado de otros cargos idénticos en el Ibex 35 y otros países. Los dos consejeros delegados percibirán, aparte de sus retribuciones variables, un sueldo fijo ligeramente superior de 600.000 euros para "reflejar el mayor alcance en su responsabilidad". Esta distribución va a suponer aún así un ligerísimo ahorro económico: la suma de las tres retribuciones supone un desembolso total de 1,75 millones, frente a los 1,77 millones que se repartieron Abril-Martorell, Mataix y Ruiz en 2020.
El reto ahora está en la gobernanza de la compañía. Según explican diversas fuentes internas de la empresa, la coordinación no va a resultar sencilla entre Mataix y Ruiz que, hasta la fecha, reportaban directamente y de manera independiente a un presidente ejecutivo con fuertes poderes. Existe cierta preocupación entre los mandos intermedios por esta bicefalia y sus efectos en el control de la gestión. Ahora el turno es de los accionistas que tienen la última palabra en la junta general del próximo 30 de junio.
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