El exministro socialista y presidente de Red Eléctrica de España (REE) Jordi Sevilla ha perdido el pulso con Teresa Ribera, ascendida a vicepresidenta del Gobierno por Pedro Sánchez. Entre Sevilla y la vicepresidenta de Transición Ecológica no hubo nunca buena sintonía. Por eso, su interlocutor en Transición Energética fue durante año y medio el exsecretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal.
El cambio en la cúpula del operador del sistema eléctrico, que coordinará de forma interina la consejera independiente Carmen Gómez de Barreda, se produce en un momento clave para la transición energética, mientras el Gobierno afina el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y Competencia intenta gestionar las quejas -20 en un mes- por la denegación de enganche a la red de proyectos renovables.
Con la salida de Sevilla, Ribera avanza posiciones para sus planes en el sector de la energía. En las últimas semanas ha logrado colocar como secretaria de Estado de Energía a una mujer de su confianza -Sara Aagesen, medioambientalista- y ha visto cómo abandona Sevilla, una pieza fundamental para la transición energética que aspiraba a ir más por libre en sus grandes planes. Sevilla peleaba para aflojar el lazo regulatorio de REE, controlado desde el Gobierno y desde la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Ante Ribera todavía aparece otra pieza fundamental: la dirección de Energía de Competencia, con vacante desde la salida de Fernando Hernández para ocupar plaza de encargado de negocios en Tokio. Sin olvidar que Juana Lázaro, antigua subsecretaria del Ministerio, acaba de colocarse al frente de Cores, la empresa que gestiona las reservas estratégicas de petróleo.
Sevilla dimite en un momento clave para la transición energética, con un Gobierno que apuesta decididamente por las renovables y que, apoyado en el 20% de participación pública que controla en REE a través de la SEPI, ha mostrado sus recelos ante los planes de expansión internacional y de inversión de REE. El exministro ha chocado con el equipo de Ribera en temas clave como el cálculo de los ingresos regulados, donde Competencia abogó por recortes; la gestión del acceso a la red de las renovables, y hasta los ajustes de plantilla anunciados mientras compraba empresas en Brasil.
Un momento muy agitado
Todo sucede en un momento agitado. La CNMC ha abierto este mes 20 expedientes de conflicto por el rechazo de REE a dar permiso de acceso a la red a proyectos renovables. El ritmo de quejas vuelve a meter presión al organismo que preside en funciones José María Marín Quemada. Competencia acumula un total de 104 expedientes para determinar si REE se ajustó o no a la normativa al denegar permisos de acceso. La explosión de las renovables ha obligado a los técnicos de ambos organismos a intentar acordar normas de actuación comunes que eviten más choques.
La explosión en la solicitud de permisos de acceso, que REE está obligada a conceder por cinco años siempre que se cumplan unos requisitos mínimos, ha obligado a la compañía a endurecer los controles. La consecuencia inmediata ha sido un aumento de las quejas ante Competencia. Sólo en lo que va del mes de enero, la CNMC ha abierto dos decenas de expedientes cuando lo habitual es que el organismo reciba al año entre 30 y 35 reclamaciones relacionadas con los permisos de acceso.
La realidad es que las autorizaciones de conexión, que REE otorga de forma gratuita, se han convertido en un activo negociable más. La agitación especulativa es tal que ha obligado a REE a tomas medidas en un doble sentido: una reestructuración interna para reforzar de departamentos clave (Desarrollo de Sistemas y acceso a la red) y un cierre del grifo para evitar que los permisos de acceso se consoliden como herramienta especulativa.
El problema crece
A finales de 2019, REE había recibido solicitudes de enganche para 190.000 MW de nueva potencia renovable, más de tres veces lo previsto en el PNIEC del Gobierno hasta 2030. Del total, REE ha concedido permiso a 96.000 MW. El problema crece porque REE está rechazando solicitudes de enganche de pequeños proyectos, de entre uno y dos MW de potencia, que no alcanzan los 10 MW y que, según la normativa, estarían exentos de la obligación de presentar informe de aceptabilidad. La CNMC intenta taponar la avalancha con un dedo. En teoría, los expedientes de queja tienen que estar resueltos en tres meses, pero fuentes de la Comisión considera la tarea imposible.
El tapón en la CNMC coincide con un momento de incertidumbre normativa. Competencia ha elaborado una circular que impone condiciones más duras a los promotores de renovables para conectarse a la red, aunque el Gobierno estimó que la CNMC se metía en su terreno. El Gobierno, por su parte, tiene pendiente de aprobación un decreto-ley que regulará los aspectos más controvertidos de la propuesta de la CNMC.
La situación es delicada. Por ello, con discreción y después de muchos meses de polémica, los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica de España (REE) se reunieron el pasado día 14 de enero para unificar criterios en la autorización de permisos de enganche de nuevos proyectos renovables a la red. Pero el número de quejas indica que no bastará con una reunión.
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