Un sprint final después de unos días ‘extra’ para dar el paso de salir. Las organizaciones sindicales principales de Telefónica esperan que durante la próxima semana, última disponible antes de cerrar el plazo, haya un incremento significativo de adhesiones al plan de bajas, al que ya se han sumado algo más de 1.500 empleados de las tres principales filiales del país. Con este nuevo empujón se espera que la cifra final ronde los 2.700 empleados afectados previstos por parte de la operadora de telecomunicaciones y que supondrá una provisión en las cuentas de unos 1.500 millones de euros.
El plazo comenzó el pasado 29 de diciembre, tras la firma del acuerdo con los sindicatos después de una intensa negociación colectiva. En las primeras dos semanas se han sumado unos 1.500 empleados que cumplen 55 años o más en 2022 y tienen una antigüedad superior a 15 años. Esto supone en torno a seis de cada diez de los esperados. Pese a que pueda resultar una cifra relativamente baja, desde los sindicatos se insiste en que lo habitual en estos casos, al ser una decisión compleja para el trabajador, es que se esperen hasta el último momento para dar el paso. Por lo tanto, lo previsible es que se repita el porcentaje de los dos anteriores planes ejecutados: en torno a un 60% del total de personas que cumplen con las condiciones.
Este es un acuerdo clave para Telefónica en España, un mercado que preocupa a los analistas ante la deriva hacia el ‘low cost’ y la fuerte competencia. Con la provisión ya planteada en el ejercicio 2021, cuyas cuentas se están cerrando y serán presentadas en las próximas semanas, el ahorro de gastos directos anual superará los 230 millones de euros a partir del ejercicio 2023. Aún así hay un impacto más a corto plazo en la generación de caja, pues la salida de los empleados se llevará a cabo principalmente durante el primer trimestre del presente ejercicio.
Uno de los cambios respecto a otros planes de bajas incentivadas es la falta de universalidad. Era una ‘línea roja’ que fijaron los sindicatos pero que, tras semanas de negociación, acabaron por aceptar. La operadora se reservaba la capacidad de vetar salidas en caso de que se superara el 38% de las 1.270 personas incluidas en áreas críticas con demanda actual de perfiles profesionales; el 75% de los 3.050 empleados en direcciones con excedente actual, y del 100% en posiciones de jefatura. El tope global se situó en casi 3.000 empleados frente a los 4.500 que cumplen con todos los requisitos de edad y antigüedad. Existe cierta preocupación en una parte de la plantilla por esta circunstancia.
Desde CCOO se planteó incrementar ese tope del 38% para los casos en los que dos o más personas trabajadoras fueran del mismo año de nacimiento y con la misma antigüedad. “Se trata de una circunstancia de difícil probabilidad, pero debe acordarse cómo actuar al objeto de dar transparencia al proceso”, aseguran desde UGT. Fuentes de esta última organización dan por hecho que habrá áreas, como la comercial, en las que se acaben produciendo estos vetos. En el pacto de diciembre se incluyó que en estos casos los empleados afectados “se registrarán con el objetivo de que no sufran penalizaciones si se pudieran adherir en otros posibles procesos”.
Al margen de los vetos, la compañía ha aclarado algunos aspectos a la plantilla en los últimos días. Entre ellos se encuentra la inclusión del colectivo de la antigua DTS (Digital+), que en el anterior plan de bajas no estaba dentro de las tres filiales principales afectadas por este plan. También la decisión de no penalizar con una rebaja en la renta a percibir (del 68% al 65% del salario actual) para los empleados que no pudieron adherirse en el pasado por no cumplir el criterio de antigüedad de 15 años. Y, por último, también se aclara que las vacaciones y libranzas deben tomarse antes de la salida de la compañía. Sólo se compensarán económicamente en caso de que no se hayan podido disfrutar por causas derivadas de la atención al servicio.
España, 'bajo la lupa'
Este es el tercer plan firmado por Telefónica en España desde 2016. Entre ese año y 2018 salieron algo más de 6.300 empleados y tuvo un coste de 3.800 millones de euros. En 2019 se ejecutó un segundo que afectó a más de 2.600 trabajadores y supuso un desembolso de casi 1.700 millones de euros. Esta opción supuso un punto de inflexión en la política laboral de la operadora, que en la primera quincena de años de este nuevo siglo había elegido el formato de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), lo que suponía un mayor coste para las arcas públicas. Ahora afronta el pago de este nuevo plan con una factura aún por pagar de los paquetes de salidas anteriores de unos 4.000 millones.
El plan de bajas es uno de los dos ‘frentes’ que debe cerrar en las próximas semanas Telefónica en el mercado español, el que más preocupa a los analistas e inversores tras haber estabilizado la situación en Latinoamérica. El otro es uno de los capítulos de gastos operativos más grandes de la cuenta de resultados de la división en el país: el fútbol. En las próximas semanas tendrá que llegar a un acuerdo con Dazn, cuyas negociaciones fueron adelantadas por La Información, para contar con todos los partidos. La operadora ya se ha comprometido a abonar 520 millones por temporada y tendrá que sumar el precio pagado a la plataforma para incorporar sus canales a Movistar+. El objetivo último es tratar de recortar el precio final lo máximo posible.
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