El pulso entre el sector del taxi y el Gobierno se mantiene. Las asociaciones aprietan para arrancar un decreto ley 'exprés' al Ejecutivo en el que se incluyan más restricciones para la VTC para evitar un potencial aluvión de autorizaciones en el mercado español. Ambas partes se han citado de nuevo para este miércoles en un nuevo encuentro. En el que se ha mantenido este martes ha estado presente el secretario de Estado, David Lucas Parrón. Las movilizaciones convocadas para este jueves por la federación nacional Antaxi y la asociación Élite Taxi se mantienen para tratar de elevar la presión. Por su parte, varias de las patronales de la VTC -que no han sido citadas a ninguna reunión- se dirigen a la Comisión Europea a través de una carta para que interceda en el conflicto e impida la cuarta modificación legislativa en menos de siete años.
"Hay muy buena sintonía y tienen ganas de llegar a un acuerdo pronto y aprobar una norma pero no tenemos fechas", aseguraba el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, quien reconoce que esta modificación normativa es "muy compleja". "Estamos hablando de un tema muy complejo, de mucho calado y donde hay muchas partes que están presionando", ha apuntado tras la reunión mantenida este martes en la sede del Ministerio de Transportes en Madrid. Él admite que hay posiciones "muy alejadas" en varios de los aspectos. Tanto él como Julio Sanz, presidente de Antaxi, han anunciado que las movilizaciones convocadas para el jueves se mantienen como medida de presión.
Una de las claves es la de las competencias de las diferentes administraciones. Desde el 'decreto Ábalos' aprobado en 2018, la regulación de las licencias para la actividad dentro de las ciudades (urbana) está en manos de las comunidades. La potencial invasión de competencias es uno de los riesgos de este nuevo decreto. El otro tiene que ver con la aplicación temporal del nuevo decreto, pues lo que preocupa al sector del taxi es el paquete de autorizaciones pedidas antes de ese 'decreto Ábalos' -que tendrían los cuatro años de 'periodo de gracia' y por tanto podrían operar desde el minuto uno-.
En este último grupo de licencias que podrían llegar al mercado -un porcentaje significativo han sido solicitadas por Cabify- hay varios miles, según explican fuentes del sector. Con un 1-30 tumbado por el TJUE, las medidas que se plantean consisten en establecer condiciones medioambientales o de tráfico para limitar la concesión de la segunda licencia autonómica. Esos eran los argumentos que sí que establecían los magistrados para llevar a cabo limitaciones en las concesiones.
Desde el Ministerio de Transportes han insistido en que el marco de actuación del Estado "sólo puede comprender el transporte interurbano, por lo que, en el ámbito urbano, son las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC". Desde el departamento de Raquel Sánchez Jiménez admiten que en la reunión de mañana tratará el texto definitivo del decreto.
Respuesta de las patronales
Este mismo martes han hecho pública dos de las patronales del sector -Feneval y Unauto- la carta que han enviado a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, para pedir que interceda ante el Gobierno de España antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del TJUE. Hablan de una "clara situación de indefensión" ante un nuevo decreto ley que sería difícilmente recurrible en los tribunales. Las organizaciones destacan que les parece "indignante" que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente tras el pronunciamiento judicial negociando en exclusiva con las asociaciones del taxi, antes de unas elecciones y sin escuchar a las VTC.
Por ello, desde las dos patronales han solicitado a la Comisión que emita "una comunicación urgente a las autoridades españolas" para dejar claro que la regulación que se imponga a los VTC debe ser "fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general" y que, conforme a la legislación europea, está prohibido imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis.
Por su parte, otra de las patronales, Movea, insiste en una carta dirigida a Transportes en que se está alimentando "una alarma que no se corresponde con la realidad". Recuerda que el TJUE apunta a que el taxi no puede ser considerado un servicio público ni es de interés general. En segundo lugar, habla sobre la segunda autorización autonómica: "No hay sentido de urgencia dado que el decreto de 2018 ya inhabilitaba a las VTC para prestar servicios urbanos".
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