El cuarto gran decreto en menos de ocho años. La sentencia del Tribunal del Justicia de la UE (TJUE), que tumbó la limitación cuantitativa de autorizaciones que usan plataformas como Uber o Cabify al concluir que incumplía la normativa europea, acelera los acontecimientos. La batalla del sector vuelve a trasladarse una vez más a los despachos. El Gobierno ha puesto en guardia al taxi y a la VTC con su decisión de apuntalar una nueva modificación legislativa en plena precampaña de las elecciones del 23 de julio.
El decreto, que se sumaría a los otros tres aprobados y ejecutados en 2015 y 2018 y a otros tantos que implicaban cambios menores en los reglamentos y las condiciones, podría estar listo en el Consejo de Ministros del próximo martes y con él buscan evitar que haya un aluvión de licencias de coche con conductor como sucediera a mitad de la década pasada. El taxi exige rapidez para obtener este blindaje antes de las urnas y en previsión de un potencial cambio de gobierno. La VTC pide un debate más sosegado y al menos, poder estar en la mesa de negociación de una nueva regulación en la que es una de las principales afectadas.
El primer gran decreto tuvo lugar en 2015. A un mes de las elecciones de diciembre de ese año, el Gobierno de Rajoy, con Ana Pastor como ministra de Transportes, aprobó en Consejo de Ministros una modificación del reglamento por el que se imponían los primeros requisitos 'extra': cada gestor de flotas debía tener un mínimo de siete vehículos para operar y los coches deberán medir un mínimo de 4,60 metros. Era la primera restricción. En aquellas fechas, las licencias VTC se habían duplicado hasta superar las 4.000 en toda España ante el 'agujero legal' que había dejado la 'ley ómibus'. A partir de ahí, el decreto ley se ha repetido como arma ante su rapidez (y la dificultad para recurrirlo judicialmente): se aprobaron dos en 2018 y ahora, uno está 'en el horno'.
Desde que el pasado diciembre el abogado general de la UE señalara el camino con su posicionamiento apenas hubo reacción frente a los focos. No se registraron 'movimientos preventivos' como sí sucedió en 2018. En abril de ese año, justo un mes antes de que el Tribunal Supremo decidiera sobre el 1-30, Fomento planteaba un decreto ley que modificaba la normativa de transportes alegando la necesidad de "garantizar el adecuado equilibrio" entre taxi y VTC. Se elevaba por primera vez a rango de ley el 1-30. Se ponía la venda antes de que llegara un golpe del TS que no se produjo, pues los magistrados concluyeron que era legal. Esta vez se ha aguardado sin mover ficha mientras, según explican fuentes del sector de la VTC, se han ido pidiendo miles de VTC nuevas por particulares y empresas ante la expectativa del cambio regulatorio.
Ante esta situación y con una amenaza de movilizaciones por parte de algunas asociaciones del taxi, el Ministerio de Transportes mantendrá una reunión hoy con representantes de la federación nacional Antaxi y Élite Taxi Barcelona, en la que analizarán algunos de los detalles del decreto que se está trabajando 'a contrarreloj' en los despachos. La ministra admitió este lunes que se está trabajando "con el sector para encontrar una fórmula que garantice el equilibrio". Con un 1-30 tumbado por el TJUE, las medidas que se plantean consisten en establecer condiciones medioambientales o de tráfico para poder parar la concesión de la licencia nacional -más allá de la segunda licencia regional-. La clave, según explican fuentes del sector de la VTC, no es tanto lo que se imponga a futuro sino si la la ley impone retroacción para todas las autorizaciones pedidas pero no concedidas. Esa retroacción es especialmente delicada desde el punto de vista jurídico.
El taxi está ejecutando la misma maniobra que hace justo un año. En junio de 2022, las amenazas de movilizaciones de algunas de estas asociaciones tuvieron un efecto inmediato. Una reunión que se iba a mantener en Transportes para analizar una potencial moratoria de un año del 'periodo de gracia' de cuatro años para las licencias tras el 'decreto Ábalos' fue suspendida 'in extremis'. El Partido Socialista de Cataluña, particularmente cercano al sector del taxi en esa región, ejerció presión sobre el departamento dirigido por Raquel Sánchez, también miembro de su ejecutiva. Ahora ha amenazado con movilizaciones en una precampaña clave si no hay una regulación urgente para tapar posibles agujeros futuros. Hay que recordar que Élite Taxi pidió el voto por Jaume Collboni en las municipales de Barcelona y hoy éste es ya alcalde tras haber logrado el pacto 'in extremis' con el PP.
En la VTC no quieren tantas prisas. Cabify, que además de ser una plataforma de VTC es dueña de cientos de licencias y tiene recurridas ante el Supremo la mitad de las decenas de miles que aguardan sentencia, pide crear una mesa de diálogo sobre la movilidad urbana. La compañía pide que se evite un "nuevo parche regulatorio" que genere "incertidumbre e inseguridad jurídica". Insiste en que debería haber representación de otros grupos y sectores y no sólo del taxi. Por su parte, una de las patronales, Movea, insiste en que se está alimentando "una alarma que no se corresponde con la realidad". Recuerda que el TJUE apunta a que el taxi no puede ser considerado un servicio público ni es de interés general. En segundo lugar, habla sobre la segunda autorización autonómica. "No hay sentido de urgencia dado que el decreto de 2018 ya inhabilitaba a las VTC para prestar servicios urbanos".
La batalla vuelve, por tanto, a los despachos. Donde se ha ido librando en los últimos años. El cuarto decreto en menos de ocho años ya está perfilado. Pero en el taxi tampoco las tienen todas consigo y vuelven a tener las manifestaciones como su principal arma, como ha sucedido en los últimos años. En la VTC, algunos de los grandes gestores de flotas no están especialmente preocupados, pues no son partidarios precisamente de una liberalización total que hundirían el valor de sus autorizaciones y elevarían la competencia. El Gobierno quiere volver a colocar murallas entre ambos sectores, como hiciera en 2015 y 2018. El cuarto gran decreto nacional tiene en guardia todo el sector.
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