Las operadoras de telecomunicaciones españolas se han puesto claramente en guardia. El decreto ley que aprobó 'in extremis' el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una creciente preocupación en el seno de las compañías. La inconcreción del texto causa una "inseguridad jurídica" importante, pues se desconoce si en la infraestructura de 4G y otras pasadas deberían retirar toda la tecnología de Huawei o ZTE, en caso de que estos fueran declarados de alto riesgo. Ahora tienen dos semanas por delante para tratar de acercar posturas antes de que se convalide el texto definitivo en el Congreso de los Diputados y entre definitivamente en vigor.
La invasión de Ucrania ha supuesto un giro de 180 grados en la política del Gobierno respecto a las redes ultrarrápidas 5G. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguraba en 2020 durante la cumbre hispano-lusa que iban a seguir apostando por esta tecnología y "diversificando esas alianzas con otros proveedores, no sólo de nuestro continente, sino también chinas". Se refirió específicamente a Huawei. Todo ello después de la fuerte presión que ejerció el Gobierno de Estados Unidos para ejecutar el veto. Año y medio después, el Consejo de Ministros aprobó por la vía rápida un decreto ley para acortar al máximo los plazos de la nueva regulación para poder tener una potencial lista 'gris' o 'negra' antes del verano.
Esto ha cogido por sorpresa a las grandes operadoras. Después de una lectura pausada del texto por parte de los equipos de regulación de las compañías, hay una conclusión que es similar en todos los 'cuarteles generales' de las compañías: inseguridad. La redacción es demasiado abierta. En el artículo 12 del decreto se explicita que las telecos no podrán utilizar en los elementos críticos de red equipos de telecomunicación, sistemas de transmisión, equipos de conmutación y demás recursos que permitan "el transporte de señales, hardware, software o servicios auxiliares de suministradores que hayan sido calificados de alto riesgo".
En teoría, toda esta normativa debería circunscribirse a las redes 5G pero la forma de plasmarlo ha generado muchas dudas entre las compañías, pues Huawei o ZTE -especialmente la primera- están presentes en muchas de las partes de la red 4G y de otros equipos de lo que se conoce como 'legacy'. Si hubiera que eliminarlos progresivamente a partir de la entrada en vigor, implicaría importantes sobrecostes y un retraso claro en el despliegue del 5G en los próximos tres años, según explican a La Información diferentes fuentes del mercado.
En este contexto, la gran duda se centra en lo que se conoce como 'core' -la parte más delicada de la red y donde se concentran los datos más sensibles- de las redes actuales de cuarta generación (4G). Éste está siendo utilizado para las redes 5G actuales, pues los primeros estándares no permitían que también fuera con tecnología 5G. Esto afectaría, especialmente, a Telefónica. Las operadoras esperan que no se haga esta interpretación tan extensiva del texto normativo, pero existen dudas claras sobre ello. Y por eso quieren resolverlas en las dos próximas semanas con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, apuntan las mismas fuentes.
Quedan dos semanas para la convalidación del decreto en el Congreso y las operadoras buscan dialogar con el Gobierno para precisar el texto
Esa falta de concreción también afecta a los plazos y las infraestructuras impactadas. En caso de que se declarara a un operador como Huawei como de alto riesgo, tendrían cinco años para sustituir equipos, productos o servicios proporcionados en los "elementos críticos de red relativos a las funciones del núcleo de la red y a los sistemas de control". Ese plazo es más o menos asumible, aunque ajustado para las operadoras. El problema viene estaciones radioeléctricas con las que se proporcione cobertura a centrales nucleares, centros vinculados a la Defensa Nacional y ubicaciones que, por su vinculación a la seguridad nacional o al mantenimiento de "servicios esenciales" para la comunidad. En este caso tendrán sólo dos años. La elaboración de esa lista de infraestructuras la tendrá que hacer el Consejo de Seguridad Nacional, previo informe de Economía. Desde las compañías se preguntan qué se entiende por esa esencialidad o esa vinculación con la seguridad nacional.
Ese potencial veto a Huawei y ZTE como operadores chinos también hace especialmente complicado el cumplimiento de esta nueva normativa en cuanto a diversificación de proveedores. El Gobierno ha introducido una condición indispensable: debe haber dos suministradores diferentes, como mínimo. En un mercado dominado principalmente por Ericsson, Huawei y, en menor medida, Nokia, se antoja algo más difícil, según explican las mismas fuentes, contar con esa duplicidad.
Más allá de las condiciones que se imponen en caso de veto, existe un cierto convencimiento entre las principales operadoras de que no habrá un veto antes del verano en el primer pronunciamiento previsto por parte del Gobierno. Pero existe una cierta inseguridad debido a la situación de guerra en Ucrania y la posición de China respecto a Rusia. Dependerá precisamente de cómo cambie esa situación geoestratégica en los próximos meses y si el gigante asiático mueve ficha. El Gobierno podrá cambiar de opinión y declarar a los proveedores de aquel país como de alto riesgo en futuras listas. Quedan por delante semanas de conversaciones para dar forma a esta nueva normativa. Y la posición de las telecos es especialmente crítica.
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