Telefónica sigue engordando su cartera de contratos con el Ministerio de Defensa en plena irrupción de la operadora saudí STC en el accionariado. La operadora de telecomunicaciones ha encarrilado otros dos acuerdos marco con el departamento dirigido por Margarita Robles para ampliar y modernizar la llamada i3D, la red de comunicaciones e información para altos funcionarios y también Fuerzas Armadas. Entre los dos suma casi 140 millones de euros. El grupo se perfila como adjudicatario después de haber disparado las licitaciones logradas durante el pasado ejercicio 2023.
La I3D (Infraestructura Integral de Información para la Defensa) es la infraestructura tecnológica "única y de carácter estratégico" de Defensa. Permite que la información llegue a todos los usuarios del Ministerio, incluidas las Fuerzas Armadas. Se trata de comunicaciones críticas que necesitan de altos niveles de seguridad. El Ministerio ha llevado a cabo una nueva oleada de contrataciones para colocar los últimos pilares. El objetivo es alcanzar toda la capacidad operativa a finales del próximo año. Y los contratos se intensifican.
El más relevante es el acuerdo marco para la implantación de la red de transporte de telecomunicaciones en uso dedicado de esta red de información. El precio inicial sin impuestos supera los 83 millones de euros. Además de dos firmas más pequeñas también plantearon inicialmente su propuesta en Indra. Sin embargo, tanto las primeras como ésta última fueron excluidas al no enviar documentación requerida, según la resolución del Capitán de la Unidad de Infraestructuras de Telecomunicación del Cestic. Esto hace que los cuatro lotes -para el equipamiento, las extensiones de fibra oscura y otras conexiones- sólo tengan a Telefónica como licitante. Aún no se ha formalizado la adjudicación, pero se queda sola.
El otro acuerdo relevante es el que tiene que ver con la ampliación de capacidades de la infraestructura central. Tiene un precio de 55 millones de euros. Al igual que el resto se trata de una fórmula negociada con publicidad. Se habían postulado otras dos empresas, el gigante español de la defensa GMV y Evolutio, pero finalmente optaron por renunciar a presentar una oferta. Esto hace que la propuesta de adjudicación fechada a finales del año pasado haya sido para la unión temporal de empresas (UTE) formada por la propia operadora de telecomunicaciones y la empresa tecnológica Syvalue.
Otros contratos
No son los únicos en los que Telefónica ha salido elegido. Con la suma de todas las licitaciones ganadas, se situó en el entorno de los 300 millones de euros en 2023, sin contar con las cifras de estos últimos acuerdos marco. Se encuentran, por ejemplo, el despliegue de fibra oscura (120 millones de euros); la puesta en marcha del Centro de Adiestramiento para personal de los Ejércitos y la Armada para operaciones militares en ciberespacio (35 millones).
El último contrato se ha dado a conocer en los últimos días. Se trata de la puesta en marcha de un sistema de gestión de la comunicación satelital de frecuencia ultra-alta (UHF). "El nuevo sistema dotará a las Fuerzas Armadas de capacidad de comunicaciones 'satcom' (comunicación satelital) en la banda UHF con la llegada de los nuevos satélites Spainsat-NG", explica. El precio del acuerdo marco es de 30 millones de euros con impuestos.
Más gasto en defensa
Este aluvión de contratos de defensa se produce mientras se dilucida la entrada de Saudi Telecom Company (STC) en el accionariado de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete. Los saudíes aún no han recibido la autorización del Gobierno para alcanzar el 9,9% de los títulos que es imprescindible precisamente por ese carácter estratégico del grupo y su relación con el departamento de Robles y las Fuerzas Armadas. De hecho, como avanzó La Información, el Ejecutivo estudiaba fórmulas de veto a la compañía árabe en este negocio.
Como telón de fondo se encuentra el incremento de gasto militar previsto para los próximos años y cristalizado en la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alcanzar el 2% del PIB en 2029. El presupuesto no financiero para el año 2023 era de 12.828 millones lo que suponía en torno al 1% del PIB. Para el ejercicio 2024 aún no hay cifra, pues no se han aprobado los nuevos PGE. El ejecutivo esperaba tenerlos en el primer trimestre.
