Telefónica ha cambiado su estrategia de negociación, con una posición más dura en las condiciones económicas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la plantilla española. La operadora ha puesto sobre la mesa en la tercera reunión con los sindicatos una propuesta económica que supone una rebaja sensible respecto a las condiciones planteadas en anteriores planes de bajas. Coloca el tope de indemnización en el 60% del salario regulador, frente al 68% de procesos anteriores. A cambio ha reducido por debajo de la barrera de los 4.000 la afección total en la plantilla frente a los 5.100 iniciales.
Las organizaciones sindicales rechazan de plano esta propuesta económica. UGT la califica de "despropósito" y exige a la empresa una "propuesta seria" con cuantías económicas "que mejoren lo dispuesto en planes de salidas anteriores y posibiliten, en todo caso, la voluntariedad y el acceso a la jubilación". En las organizaciones insisten en que con estas condiciones será muy complicado que se pueda cubrir los puestos señalados como prescindibles con empleados sin despidos forzosos.
En concreto, la empresa plantea tres tramos en la propuesta económica. Por un lado para las personas nacidas en 1968 con un 60% del salario regulador hasta los 63 años y un 30% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1967, un 55% de indemnización y para los más mayores (1964 y anteriores) un 50% del total. La compañía pagaría el convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años, cubriendo la póliza de salud en un 40% hasta los 61 años.
Para tratar de comparar, el ejemplo más inmediato es el Plan de Suspensión Individual (PSI) que se pactó en tiempo récord en el año 2021 en el marco de la prórroga del convenio colectivo. La propuesta económica era de un 68% para las personas más jóvenes (nacidos en aquel momento en 1967) hasta que cumpliera los 65 años. En el caso de los más veteranos se situaba en una renta mensual equivalente al 65% hasta la jubilación. La diferencia en este caso es que este dinero no tiene la exención fiscal que sí que tiene la indemnización pagada en el ERE.
Lo que resulta evidente es que la compañía camina hacia un objetivo de reducir al máximo los costes vinculados a este ERE y a las salidas (prometió un ahorro de costes de 600 millones en el marco del nuevo plan estratégico). En el PSI de 2021 se provisionaron un total de 1.382 millones de euros antes de impuestos para hacer frente a 2.342 salidas, lo que representó un desembolso medio por empleado superior a los 588.000 euros.
Las condiciones son claves para el nivel de adhesión voluntaria. Hay que recordar que en el último plan de bajas, el 80% de los nacidos en 1967 (55 años) se presentaron voluntarios para salir. Para los mayores el porcentaje fue de apenas el 26%. De los casi 3.000 potenciales beneficiarios se sumaron 2.420, aunque finalmente se aceptaron algo más de 2.300. La compañía debe seducir a estos últimos, especialmente en áreas que van a ser seriamente afectadas por cambios tecnológicos como la de operaciones con el cierre de las centrales de cobre.
Como 'contraprestación' de estas condiciones económicas, la empresa ha accedido a reducir más de un 22% la cifra definitiva de potenciales afectados por el despido colectivo. Primero pusieron sobre la mesa algo más de 5.100 como techo. En la reunión de este miércoles la cifra se ha rebajado hasta los 3.959 afectados. Todos ellos se circunscriben a áreas "no críticas", pues se ha impuesto que no haya ningún tipo de adscripción en áreas críticas, entre las que estarían algunas vinculadas a la ciberseguridad, servicios digitales y otras.
La operadora reduce a 3.959 los afectados por el ERE (un 22% menos) después de abrir la puerta a salidas forzosas
Desde las organizaciones sindicales se busca reducir aún más la cantidad de afectados entre las tres filiales (Telefónica de España, Soluciones y Móviles) para así poder incluir algunas bajas en áreas críticas. Hay que tener en cuenta que en el último PSI de 2021 se cruzó lo que hasta entonces era una 'línea roja' para los representantes de la plantilla: los vetos. Hasta ese momento se guiaba con el principio de universalidad. Un centenar de trabajadores tuvieron que mantenerse en las filas de la operadora pese a haber presentado su candidatura.
Salidas forzosas, la otra medida
Este planteamiento de afección y condiciones económicas se pone sobre la mesa unos días después de que se abriera la puerta por parte de la dirección de la empresa a incluir salidas forzosas en caso de que no hubiera voluntariedad al 100% suficiente para cubrir los excedentes que creen necesarios abordar. Esta había sido otra 'línea roja' planteada en procesos pasados. Fue ahí cuando las organizaciones ya avisaron de que la presión de la operadora había cambiado frente a otras negociaciones.
Desde los miembros sindicales de la negociación admiten que la empresa está adoptando, tanto en el ERE como en el convenio colectivo, una posición más dura que en ocasiones anteriores. Tanto la de 2019 como la de 2021 fueron negociaciones relativamente rápidas en el marco del convenio -la primera con un texto nuevo y la segunda con una prórroga-. Se trataba de un proceso relativamente ‘tasado’ para ambas partes. Ahora, la compañía se está jugando una promesa de ahorros relevante de cara a sus accionistas.
¿Y el convenio?
El otro foco de atención está en el convenio colectivo. Los sindicatos han vinculado claramente su 'sí' al ERE a un acuerdo para el documento regulador en el ámbito laboral para los próximos años en España. Y las dos primeras medidas que han puesto de uñas a los representantes sociales son la movilidad geográfica forzosa y la modificación del modelo profesional suprimiendo la antigüedad como criterio de ascenso. Este miércoles UGT volvió a insistir: "El despido colectivo y el convenio forman parte de una negociación conjunta y en ningún caso habrá acuerdo si no se alcanza también uno para el convenio que garantice la estabilidad y los derechos de las personas trabajadoras". En el encuentro de este miércoles no ha habido avances especialmente significativos.
Este jueves serán las últimas reuniones tanto del ERE como del convenio colectivo en esta semana. La cuenta atrás continúa, pues esa vinculación de ambos acuerdos implica que deba haber un pacto en ambos casos con los sindicatos antes del próximo 4 de enero que es cuando se cumple el mes de periodo de consultas de los despidos colectivos. Quedan 21 días.
