Este es un ERE y un convenio diferente en Telefónica. La operadora está apretando las tuercas a los sindicatos en las negociaciones del despido colectivo, con una cifra de afección máxima más elevada de lo esperado y la ‘línea roja’ de las salidas forzosas en áreas con excedente laboral. Esto está tensando la negociación del convenio, donde también se han planteado algunas medidas que han puesto en alerta a los representantes de los trabajadores, que van desde la movilidad forzosa hasta la sacudida a la clasificación profesional y los ascensos.
Las salidas obligatorias eran algo que nunca estuvo sobre la mesa tanto en los planes de bajas incentivados (PSI) como en los últimos ERE firmados en la operadora. No estuvo en debate y fue siempre una de las líneas rojas no cuestionadas por la empresa. Sí que se aceptaron en el programa de 2021 un centenar de ‘vetos’ a empleados que querían marcharse y tuvieron que quedarse por estar en áreas críticas. Pero siempre hubo voluntariedad y universalidad. Hasta ahora. "Es un cambio de paradigma", admiten desde las filas sindicales.
En la primera reunión en las mesas de negociación de las tres filiales españolas tras presentar la memoria económica y la cifra máxima de salidas, la empresa admite que contempla la existencia de despidos forzosos en caso de que no cubra con voluntarios. Era algo que sobrevolaba la compañía y ahora se le da carta de naturaleza. Hay cierta sorpresa entre los trabajadores, debido a que esto puede enturbiar unas negociaciones que están mucho más tasadas en tiempo respecto a las de los planes de bajas del pasado. Fuentes sindicales explican a La Información que es llamativo que esto se ponga sobre la mesa en la segunda reunión, pues es habitual que se haga en la primera. La previsibilidad de negociaciones anteriores es menor en esta ocasión, según explican.
Tampoco es habitual que se mantenga bajo velo la letra pequeña de las condiciones económicas. La plantilla está en vilo porque, más allá de la voluntariedad total, estas cifras son las que resultan claves para hacer cálculos entre los empleados afectados por edad. Hasta la fecha la renta percibida por los empleados se situaba en el entorno del 68% del salario, ya fuera como una renta en el Plan de Suspensión Individual (PSI) o como una indemnización hasta la jubilación en el último ERE firmado en 2011 -y ejecutado hasta 2013-. Entre los sindicatos quieren pensar que esto no se ha puesto aún sobre la mesa porque se da por hecho que en esto hay poco que negociar, pero existe cierta inquietud.
Desde los miembros sindicales de la negociación admiten que la empresa está adoptando, tanto en el ERE como en el convenio colectivo, una posición más dura que en ocasiones anteriores. Tanto la de 2019 como la de 2021 fueron negociaciones relativamente rápidas en el marco del convenio -la primera con un texto nuevo y la segunda con una prórroga-. Se trataba de un proceso relativamente ‘tasado’ para ambas partes. Ahora, la compañía se está jugando una promesa de ahorros relevante de cara a sus accionistas. Hay que recordar que en el plan estratégico para los tres próximos ejercicios planteaban un programa de recorte de gastos que sumaba unos 600 millones de euros -entre ellos se incluía la reducción de plantilla en España-.
STC y otros accionistas, de fondo
Hay mucho más en juego que el acuerdo del ERE. En una negociación de un despido colectivo, los sindicatos siempre tienen la posibilidad de no firmarlo -lo cual abriría la puerta a una judicialización posterior-, algo que sería inaudito en los últimos quince años de negociación colectiva de la operadora española. Pero hay algo más en juego y se trata del convenio colectivo. Los sindicatos han vinculado su ‘sí’ tanto al despido colectivo como al convenio colectivo. La compañía se juega la paz social en los próximos trimestres con los actos principales del centenario planteados en torno al mes de abril.
¿Qué ha cambiado en esta nueva negociación? Hay dos asuntos como telón de fondo que han girado respecto a 2021 y, sobre todo, a 2019 y 2015. Una es el mercado. La empresa ha prometido una mejora sustancial de la rentabilidad en España, donde ha existido una preocupación creciente desde el estallido de la pandemia entre los analistas por la presión comercial y la fortaleza del ‘low cost’ con el consiguiente impacto en los márgenes. UGT volvió a endurecer su discurso ante la dirección insistiendo en que no comparten la visión de que "todos los factores sean externos, inevitables o no imputables a decisiones" tomadas a lo largo de los últimos años en el seno de Telefónica.
La otra novedad en esta negociación es accionarial. A falta de la autorización que deberá emitir el Gobierno para alcanzar el 9,9% de los títulos de la teleco, el grupo Saudí Telecom Company (STC) ya forma parte del núcleo duro con el 4,9% de los títulos. Además, Caixabank y BBVA, socios ‘históricos’ de la teleco con casi el 5% de posición cada una, cerraron sus respectivos ERE en 2021 con condiciones ajustadas respecto a las de su participada.
Donde sigue habiendo muchas dudas es en la afección total del despido. En un primer momento se habló de un “excedente funcional” de 5.140 empleados entre las tres filiales -con Telefónica de España como la más afectada con diferencia-. Pero según explican desde UGT, en el encuentro de este lunes que se alargó durante buena parte de jornada se hizo un “reconocimiento explícito” por parte de la dirección de que el análisis de empleabilidad de la memoria económica del ERE no se ha hecho por número de personas y año de nacimiento, sino por ese exceso de puestos. Esa es la razón por la que no casaban los números totales con los empleados nacidos en 1968 y en años anteriores con el número máximo propuesto. En próximos encuentros, los jefes de áreas tendrán que arrojar más luz.
Calendario cargado
No hay mucho tiempo para pensar en ninguno de los dos lados. Según explican las mismas fuentes sindicales, la negociación del despido colectivo se reanudará este miércoles y el jueves y aquí esperan que haya ya algo más de luz sobre las condiciones económicas planteadas. En el lado del convenio colectivo, hoy martes vuelve a haber encuentros entre dirección y comité -donde además de UGT y CCOO también está Sumados-Fetico- tras la tensión vivida la pasada semana por el planteamiento de la movilidad geográfica forzosa. También habrá encuentros el miércoles y el jueves.
El Gobierno está vigilante justo cuando se estudia por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) entrar en el accionariado de la operadora. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró hace unos días que se reuniría con los sindicatos y con la compañía: “Cuando lo tenga encima de mi mesa lo voy a evaluar y me reuniré para conocerlo; tengo que estudiar la propuesta que se hace”. La realidad es que con la normativa en la mano, el Ejecutivo no tiene que autorizar de manera tácita el ERE. Pero en la última modificación de la ley laboral de este año 2023 sí que se incluyó una enmienda que hablaba de que la Inspección de Trabajo “se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir”. Lo haría en un informe no vinculante.
