Telefónica tiene tres grandes capítulos de prestaciones a empleados que debe reservar en sus cuentas: los despidos de los antiguos ERE, las pensiones y las prejubilaciones de los planes de suspensión ejecutados en España desde mediados de la década pasada. Este capítulo se ha reducido en los primeros seis meses de este año en más de 900 millones de euros hasta situarse ligeramente por debajo de los 5.500 millones de euros. La plantilla consolidada del grupo se ha reducido por debajo de los 102.000 empleados, debido principalmente a la salida del perímetro de los trabajadores de la división británica, fusionada con Virgin Media.
El capítulo más costoso que Telefónica debe abordar en el ámbito de las prestaciones a empleados es el de los planes de prejubilaciones. En el año 2015 optó por cambiar de estrategia para adelgazar una plantilla muy nutrida que se ha ido reduciendo conforme se incrementaba la competencia tras la privatización del sector de las telecomunicaciones. Pasó de los controvertidos ERE a programas voluntarios para suspensión de empleo con los que se reducía plantilla pagando un porcentaje de su salario a los empleados que se acogieran. A cierre del ejercicio pasado, después de hacer una reserva de más de 1.500 millones, las provisiones para el capítulo de ‘Otras Prestaciones’ eran de 5.360 millones. Seis meses más tarde eran 600 millones menos.
Las suspensiones de contratos de esos planes son por un periodo inicial de tres años prorrogables por plazos igualmente de tres ejercicios hasta la edad de jubilación. En total han sido afectados en los tres ejecutados -2015, 2019 y 2022- un total de 8.600 empleados. Para fijar esa ‘mega-provisión’ en sus cuentas de resultados, que supone un peso muy relevante, la compañía revisa al cierre de cada ejercicio el valor de los flujos de pago estimados para atender los compromisos con los trabajadores, aplicando determinadas hipótesis acerca del número de adhesiones estimadas y de la tasa de reincorporaciones futuras. No hay que olvidar que el empleado puede reincorporarse pasado un tiempo.
El de los PSI es de largo el mayor capítulo de las provisiones. Luego hay otros dos relevantes que también han ido perdiendo peso progresivamente. A cierre del primer semestre había 500 millones de euros (frente a 628 millones de finales de 2021) aún pendientes de abonar de los diferentes paquetes de despidos ejecutados en los últimos años. El más destacado es el del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del periodo 2011-2013. A este hay que sumar otras salidas en mercados extranjeros. Por ejemplo, en Perú se ejecutó un despido colectivo de 580 empleados en mayo de 2021.
El tercero de los epígrafes que tiene en cuenta en las provisiones y que también ha reducido su tamaño en estos seis meses es lo que la compañía llama ‘planes post-empleo de prestación definida’. Principalmente son planes de pensiones en algunos de los países en los que opera. Principalmente se trata de Reino Unido, Brasil y Alemania. Esta reserva ha pasado de 408 a 288 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la fusión con Virgin Media en el mercado británico llevó a la empresa a realizar ciertos pagos durante los años 2021 y 2022 a su plan.
Con todos los movimientos ejecutados en la última década, la plantilla de Telefónica no ha dejado de menguar. La cifra total de empleados a cierre de 2017 superaba los 122.000. A junio de 2022, esta cifra se recortaba a algo más de 101.000. Junto con estos recortes de personal, especialmente en España a través de los planes de prejubilaciones, hay que tener en cuenta los movimientos en el perímetro. Los empleados de O2 en Reino Unido -que sumaban 5.800- no contabilizan debido a que el 50% de la ‘joint venture’ con Virgin no está consolidada en el grupo. Tampoco los más de 220 de Telxius, cuyos contratos fueron asumidos por American Tower tras la compra de las torres. Esa reducción es compensada parcialmente por la incorporación de puestos de las adquisiciones de Telefónica Tech: más de 1.000 de la alemana Be-Terna y 680 de las dos compras tecnológicas en Reino Unido.
España es la división con una plantilla más nutrida. Y por eso hay ahora por delante un reto relevante en términos de negociación colectiva. El próximo mes de octubre la dirección de la división y los representantes sindicales se tendrán que sentar para dialogar sobre cómo se compensará la subida del IPC en los salarios de los más de 18.000 empleados auspiciados por el convenio colectivo de las tres principales filiales (Telefónica de España, Móviles y Soluciones de Informática). En julio, la subida fue del 10,4%. Y todo ello sin que se haya avanzado nada sobre el pacto general de rentas entre la patronal y las organizaciones sindicales.
Los despidos en el resto de operadoras de telecomunicaciones han sido menos cuantiosos y, por tanto, también lo fueron las provisiones. Orange se guardó a mediados del año pasado 145 millones de euros para abonar las indemnizaciones y las 200 prejubilaciones con condiciones más ventajosas para los mayores de 54 años. Vodafone no hizo público cuánto reservó para el ERE con 442 empleados despedidos.
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