Camino despejado para el resto de proyectos del Gobierno de coalición. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso ha servido para que PSOE y Unidas Podemos respiren tranquilos. El de las cuentas era el desafío clave para saber si estarían en disposición de pensar en los tres años que les quedan de legislatura. Y una vez logrado el apoyo necesario para el proyecto de ley, en Moncloa empiezan a pensar en sus próximos pasos. Un camino en el que la prioridad es sacar adelante ciertas leyes en las próximas semanas. Las que apuntan a ser las más inmediatas son las normas sobre eutanasia, memoria democrática o la de vivienda, como ha podido saber La Información.
La dedicación total de esfuerzos a que los primeros PGE de la coalición salieran adelante ha provocado que todo lo demás fuera secundario mientras se estuviesen discutiendo en el Congreso. El trámite de enviarlos al Senado para que se presenten enmiendas antes de la aprobación definitiva del 29 de diciembre no preocupa en el Ejecutivo, que tiene claro que podrá empezar 2021 con unas cuentas distintas a las de los últimos tres años. Por eso, Moncloa, los ministerios y los grupos parlamentarios que les sostienen tienen previsto activar su maquinaria para acelerar las legislaciones que consideran más urgentes. Algo sobre lo que son optimistas, ya que la aprobación de las cuentas públicas ha permitido que configuren una mayoría que es incluso superior a la de la investidura de Pedro Sánchez. Y que no se espera que provoquen conflictos con ERC, Bildu o el PNV.
La que tiene más papeletas para ser la primera en salir adelante es la ley de eutanasia. El proyecto que presentó el PSOE en febrero ha ido superando trámites, y en septiembre ya esquivó las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Ahora está en manos de la ponencia de la cámara baja. Una discusión que va muy rápido, y que permitirá que cuanto antes pase a la Comisión de Justicia y finalmente se lleve al Pleno para su aprobación definitiva, según explican fuentes parlamentarias. La futura norma incorporará novedades como que el suicidio asistido pueda realizarse en el domicilio del solicitante. También se ha modificado la redacción para sustituir el supuesto de "enfermedad grave" por "padecimiento grave" para que puedan acceder al mismo más personas. Además, se está discutiendo una propuesta de ERC para que los menores también tengan la posibilidad de pedir la eutanasia.
La Memoria Democrática también forma parte de ese listado de prioridades. El Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto de esta norma con la que se quiere continuar el plan de reparación a las víctimas del franquismo. El mismo que comenzó con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La propuesta del Ejecutivo servirá para que el Congreso defina una legislación en la que se establezca quiénes fueron las víctimas de la dictadura, se cree un censo de las mismas y se marquen fechas en el calendario en su honor. También se permitirá la investigación de crímenes de aquella época, se contemplará la retirada de símbolos de exaltación franquista y se actualizarán los contenidos curriculares de ESO y Bachillerato para incorporar la materia. Es una de las normas más esperadas. Tanto que se prevé que cuente con un apoyo superior al de los PGE.
Ese trío de leyes inmediatas se completa con una de las que más diferencias ha generado en la coalición de Gobierno: la de Vivienda. Esta norma fue una de las que más separó a PSOE y Unidas Podemos a la hora de acordar el proyecto de Presupuestos para 2021. Pero tras unos días de tensión, hubo pacto para impulsar esta legislación. En aquel acuerdo se establecía un plazo de tres meses para regular los precios de los alquileres. Eso fue a finales de octubre, por lo que en febrero ya debería haberse llevado a cabo. La duda está en si la norma para regular el mercado inmobiliario coincidirá en el tiempo con el tema de los precios. Las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia de Derechos Sociales están muy avanzadas, según fuentes consultadas por este diario. Pero hay fricciones en asuntos como la creación de un índice de precios, el impulso a un parque público o la posición ante los fondos de inversión con intereses en vivienda.
De la ley trans al cambio climático
Hay otras leyes que el Gobierno quiere sacar adelante después de que tengan atada la aprobación de sus prioridades. Y que también ocupan un lugar destacado en ese Plan Normativo para 2020 que diseñó el Ministerio de Presidencia y fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado septiembre. La más importante es la norma de Cambio Climático y Transición Energética. El texto diseñado por la vicepresidencia cuarta que dirige Teresa Ribera fue remitido al Congreso en mayo. Su complejidad y las urgencias de la pandemia o de los PGE han impedido que se le dedique todo el tiempo que requiere. Aunque eso no le ha restado importancia, ya que es una de las grandes apuestas de la legislatura tanto de PSOE como de Unidas Podemos.
Este listado lo completan otras con las que el Ejecutivo quiere demostrar su apuesta progresista. La que más destaca es la que reconocerá los derechos de las personas trans, de la que el Ministerio de Igualdad ya está elaborando un borrador. También se espera el desarrollo de las normas sobre Movilidad Sostenible, de conciliación de la vida familiar y laboral, de control de residuos o de protección animal. En el ámbito económico, se esperan las de comunicación audiovisual o de protección del cliente financiero.
Una serie de proyectos con la que Moncloa quiere empezar a cumplir con su plan previo a la crisis sanitaria de llevar a la cámara baja decenas de leyes cada año. Carmen Calvo señaló que aspiraba a que en 2020 el Congreso tramitará hasta 92. La pandemia trastocó su objetivo. Con sus nuevos PGE, y con la cercanía de las vacunas, el Gobierno pretende recuperar ese ritmo para 2021.
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