Carlos Martínez-Almeida es uno de los nombres que más ha sonado desde que estalló la investigación por el presunto 'pelotazo' de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Abogado de profesión y primo del alcalde de la capital, fue la persona que facilitó a Luis Medina, uno de los comisionistas imputados, el contacto de la responsable municipal que se encargó de comprar material sanitario para combatir la primera ola de la pandemia por coronavirus. El juez que investiga este caso ha rechazado su imputación por un delito de tráfico de influencias, si bien considera que su testimonio es igualmente relevante para aclarar si el consistorio dio "un trato de favor" a los empresarios investigados por la simple "intervención" del familiar de José Luis Martínez-Almeida y comenzar a cerrar el círculo sobre cuál fue la verdadera relación entre los comisionistas y el Ayuntamiento. Por ello, le ha citado a declarar como testigo el próximo 12 de mayo.
Medina explicó en su declaración ante el juez instructor Adolfo Carretero que una "amiga en común" le dio su número de teléfono, después de que le preguntara si conocía alguien "en el Ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid" para ofrecer la posibilidad de suministrar material sanitario en uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria. En esta línea, indicó que habló con Carlos Martínez-Almeida y que éste le facilitó un correo electrónico de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento que se encargó de adquirir material sanitario. Tras un par de conversaciones con la trabajadora municipal, remitió su contacto al otro imputado en esta causa, Alberto Luceño, que fue quien cerró todos los detalles de los tres contratos que se firmaron por el importe de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros).
A partir de entonces, conocer la versión del primo de Martínez-Almeida se ha convertido cada vez más necesario. Así lo manifestaron las acusaciones populares, aunque con un criterio distinto. Más Madrid apostó por que se le llamara a declarar como testigo, si bien Podemos y el Grupo Mixto solicitaron que compareciera en calidad de imputado al entender que su "intervención" fue determinante para que Medina cobrara una comisión de un millón de dólares por solo conseguir un contacto. Ante la disparidad de opiniones, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid solicitó a las partes personadas que informaran sobre la situación procesal que debía tener Carlos Martínez-Almeida antes de tomar una decisión, a lo que tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía Anticorrupción respondieron en contra de la imputación. De hecho, en opinión del Ministerio Público, la comparecencia del familiar del alcalde es directamente "irrelevante" para el devenir de la causa.
Finalmente, el juez instructor sí considera útil escuchar su versión de los hechos, pero en calidad de testigo. Cabe recordar que en esta condición no podrá ir acompañado de abogado y tiene obligación de contestar diciendo la verdad a todas las preguntas que le formulen las acusaciones y defensas. En el auto dictado este mismo lunes, el juez Carretero no da la razón a las acusaciones populares que solicitaron la imputación de Carlos Martínez-Almeida al considerar que éste "se limitó a proporcionar" a Luis Medina, conocido en el mundo de la 'jet set' por ser el hijo del fallecido duque de Feria y la modelo de alta costura Naty Abascal, el correo electrónico de Elena Collado, "quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal los mencionados contratos".
Descarta algún tipo de interés
Precisamente este lunes ha declarado como testigo la persona que hizo de enlace entre Medina y el primo de Martínez-Almeida. María Díaz de la Cebosa, directora de un centro universitario en el que el comisionista estudió un año y presidenta de la división española de Robert F. Kennedy Human Rights, fundación por los derechos humanos en la que Carlos Martínez-Almeida es secretario no patrono, ha descartado ante el juez instructor que el pariente del alcalde tuviera algún tipo de interés en que los servicios que ofrecieron Medina y Luceño salieran adelante. La profesora ha asegurado que éste no sabía que Medina era exactamente la persona que requería ayuda cuando inició las gestiones para encontrar el contacto interesado, según han indicado fuentes jurídicas presentes en la declaración.
En concreto, la amiga en común de Medina y Martínez-Almeida ha indicado que el empresario le preguntó en marzo de 2020, recién declarado el confinamiento, si sabía de alguien en el Ayuntamiento o en la Comunidad con el que pudiera hablar porque quería "ayudar" con la adquisición de material sanitario y que por ello le puso en contacto con el pariente del alcalde. Antes de ello, Díaz de la Cebosa llamó a Carlos Martínez-Almeida para trasladarle la cuestión y éste le comentó que le podría proporcionar un "correo genérico" del Ayuntamiento para que realizara las gestiones necesarias, pero sin conocer su identidad ni que se trataba de un personaje público, ha precisado. Eso sí, qué ocurrió después o de qué hablaron exactamente lo desconoce, ha asegurado la testigo.
No hay indicios de "presiones"
Por toda esta actuación, algunas de las acusaciones populares atribuyeron al familiar del dirigente 'popular' la presunta comisión de tráfico de influencias, un delito que el magistrado instructor ha descartado al no apreciar indicios de que esta persona "presionara en modo alguno" a Collado o que alegase su parentesco con José Luis Martínez-Almeida para obligarla a llamar al comisionista. De hecho, el juez Carretero subraya en su resolución que el mencionado tipo penal es un "delito esencialmente doloso que exige que la actuación del particular sea determinante para influir en las decisiones o actuaciones de la autoridad o funcionario influidos por aquél". "Se trata, en suma, de un verdadero ataque a la libertad del funcionario o autoridad", remacha el juez.
Aún así, el juez entiende que la declaración de Carlos Martínez-Almeida es trascendental para la causa para entender cómo los investigados contactaron con la encargada de municipal de las compras de mascarillas "y si hubo trato de favor con los mismos debido a la intervención de Carlos Martínez-Almeida". Una conclusión que no podrá alcanzar hasta que no recabe todos los testimonios clave en este procedimiento judicial, pues aún tiene que escuchar a la propia Elena Collado. En un principio, la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid que cerró los contratos objeto de investigación estaba citada este lunes como testigo, pero el magistrado decidió aplazar su declaración ante las peticiones de algunas acusaciones de que comparezca en calidad de investigada. De este modo, hasta aclarar cuál debe ser su situación procesal ha dejado su citación sin efecto.
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