Robert F. Kennedy, exfiscal general del Estado norteamericano y hermano del expresidente de Estados Unidos, es el nexo que existe entre la amiga de Luis Medina y el primo del alcalde de Madrid. Ambos forman parte del equipo directivo de la división española de la fundación por los derechos humanos que lleva el nombre del también exsenador, que fue asesinado en junio de 1968. Los nombres de María Díaz de la Cebosa y Carlos Martínez- Almeida han salido esta semana a la luz tras la declaración de los dos comisionistas imputados por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de material sanitario en marzo de 2020 ante el juez Adolfo Carretero.
"A mí me pasan el contacto de Carlos Martínez-Almeida una amiga en común, María Díaz de la Cebosa. Ella es la directora de una universidad donde yo estuve un año, aquí en Madrid, y con la que mantengo buena relación", relató Luis Medina ante el juez que investiga el presunto 'pelotazo'. Acto y seguido, el magistrado inquirió sobre si también tenía alguna relación con el pariente del alcalde, pero el investigado aseguró que no le conoce "de nada". "Hablando con esta señora le digo que quiero contactar con la Comunidad o el Ayuntamiento y me dice que tiene amistad con Carlos", apostilló. Así, tras ello, Medina narró que llamó al primo del dirigente 'popular' para preguntarle "con quién podría hablar" para ofrecer la venta de mascarilla, por lo que éste le trasladó el correo electrónico de Elena Collado, la encargada municipal de gestionar la compra de mascarillas.
Por esta declaración, y tras la petición de las acusaciones populares ejercidas por Podemos y Más Madrid, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar el próximo 9 de mayo como testigo a María Díaz de la Cebosa. Asimismo, ha dejado en el aire la fecha para llamar a declarar a Carlos Martínez-Almeida mientras recaba la postura de todas las partes sobre si le cita como imputado o como testigo. En cualquier caso, el testimonio de estas dos personas son 'clave' para esta causa abierta contra Luis Medina y Alberto Luceño, por las gestiones que habrían realizado para que los comisionistas llegaran hasta Collado, quien también deberá comparecer en el juzgado como testigo el próximo 9 de mayo.
Según indicó el propio Medina en su declaración, Díaz de la Cebosa es la presidenta del centro universitario americano CIS (The College for International Studies) en la que estudió este empresario conocido en el mundo de la 'jet set' por ser el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal. Sin embargo, no detalló cuál es la relación de su "amiga" con el primo del alcalde, ni tampoco el juez se lo requirió. El nexo entre la directiva de la universidad y el abogado Carlos Martínez-Medina es la asociación Robert F. Kennedy Human Rights, una fundación creada en Washington en 1968 por amigos y familiares del senador estadounidense, que impulsa "diversos programas y una intensa actividad de concienciación y educación sobre los derechos humanos".
En 2018 se constituyó la filial española de esta organización sin ánimo de lucro tras las diversas colaboraciones con la Fundación International Studies, de la universidad CIS; la Fundación Gregorio Peces-Barba; Fulbright España; y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en los proyectos de la organización, según explica la página web de la fundación. Fue la propia Kerry Kennedy, la hija del Robert F. Kennedy, quien en 2019 se desplazó hasta Madrid para 'inaugurar' la división española de la fundación. Así las cosas, en el organigrama de la dirección española se encuentra Díaz de la Cebosa como presidenta y el primo del alcalde madrileño como secretario no patrono. Además, la asociación cuenta con reconocidos personajes entre sus patronos como el futuro heredero del ducado de Alba, Fernando Fitz-James Stuart, y a su suegra, la empresaria Sofía Barroso; a los paisajistas Fernando y Pedro Caruncho; al 'coach' Pelayo Arango Lara; o el banquero Carlos Stilianopoulos.
"Injustificado beneficio económico"
El juez Adolfo Carretero acordó la apertura de esta investigación judicial el pasado 7 de abril tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. El fiscal Luis Rodríguez Sol destacó en su escrito que los empresarios inflaron los precios de las mascarillas, guantes y test rápidos covid-19 vendidos al Ayuntamiento de Madrid con el fin de obtener un "exagerado e injustificado beneficio económico". De los 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) que el consistorio pagó a una empresa de Malasia, Leno Marketing; los investigados cobraron 6 millones de dólares en comisiones por actuar como "agentes exclusivos" de dicha sociedad. En concreto, Luceño ganó 5 millones de dólares por trabajar como "agente", mientras que Medina se llevó un millón de dólares por ser el "facilitador" del negocio.
Para el magistrado instructor de Madrid, lo que hicieron Luceño y Medina fue un "negocio jurídico criminalizado". Así calificó los tres contratos que el Ayuntamiento de Madrid firmó con la empresa asiática en los autos en los que acordó retirar el pasaporte y comparecencias periódicas a los comisionistas ante el riesgo de que estos pudieran huir de la Justicia o pudieran viajar hasta Malasia para poder manipular pruebas junto al dueño de Leno, San Chin Choon, quien ha desmentido a las autoridades malasias por comunicar a España que se negaba a colaborar con la Justicia. "Todo está claro y es limpio. Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones", ha afirmado a la agencia EFE.
Además, el magistrado reprochó a los investigados su conducta por elevar el precio de las mascarillas un 60% del coste real; un 80% el de los guantes; y un 71% el valor de los test rápidos por la "enorme trascendencia pública" que tuvieron lugar los hechos "cometidos en la peor época de la pandemia Covid-19, con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos". Alberto Luceño afirmó ante el juez que estos porcentajes no eran correctos y aseguró que su socio en Malasia fue el que estableció tanto los precios que aceptó el Ayuntamiento de Madrid como la comisión que le correspondía tanto a él como a Medina.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios