La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que abra juicio oral contra un total de 14 personas implicadas en el presunto maquillaje de las cuentas de Banco de Valencia relativo a los ejercicios de 2009 y 2010. Es por ello que solicita una pena de cuatro años y medio de prisión para el que fuera presidente del banco más antiguo de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas, al igual que al exconsejero delegado Domingo Parra para quienes pide, además, una multa de 45.000 euros.
La fiscal al frente del procedimiento, Carmen Launa, ya reclamó al magistrado instructor el pasado mes de octubre que zanjara esta pieza principal de Banco Valencia en aras a juzgar a los presuntos culpables del descalabro del banco extinto, entre los que se encuentran miembros del Consejo de Administración de entonces además del socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer. La representante del Ministerio Público, que también lleva las riendas del juicio por la salida a bolsa de Bankia, pide las penas más altas para Olivas y Parra y la más baja para el auditor, de un año y medio de prisión.
Launa, que firma el escrito junto con el fiscal Alejandro Cabaleiro, solicita que respondan también como responsables civiles de estos hechos Bancaja, Bancaja Hábitat, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Bankia, BFA y otras mercantiles además de Deloitte. De este modo deja fuera de su lista a la heredera del negocio de Banco de Valencia, Caixabank, al considerar que no es responsable de los hechos acontecidos antes de que adquiriera el negocio valenciano. Sobre este último punto discrepan algunas acusaciones personadas en este procedimiento que arrancó en 2013 y han recurrido la no inclusión de Caixabank ante la Sala de lo Penal.
Objetivo: ocultar las pérdidas del banco
A lo largo de 45 páginas de escrito, Anticorrupción recopila una serie de "ajustes contables" que los procesados habrían llevado a cabo para ocultar al mercado los malos resultados del banco durante los años 2009 y 2010. Al respecto, se remonta a dos años antes con motivo del inicio de la crisis, y determina que la entidad presidida por Olivas no escuchó las recomendaciones del Banco de España y continuó aplicando políticas de crédito "caracterizadas por su escasa prudencia y elevado riesgo" e incluso facilitando créditos "basados en meras expectativas especulativas" de los suelos que se financiaban con los mismos.
Al respecto cabe recordar que la Audiencia Nacional ya ha juzgado otras piezas separadas de este mismo procedimiento como por ejemplo la relativa a los créditos de hasta 312 millones al Grupo Soler, del que era dueño el padre del expresidente del Valencia C.F, Juan Soler. En este caso, sin embargo, Anticorrupción explica que, conscientes de los verdaderos datos de morosidad del banco, se decidió primero por la Comisión Ejecutiva y luego por el Consejo de Administración, efectuar una práctica contable "dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad".
Pérdidas de más de 86 millones
De este modo, el Ministerio Público recuerda que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que no podían cumplir con el pago de las cuotas, se adjudicaron activos en pago de deudas sin una buena contabilización de su valor, no se realizaron las provisiones por dotaciones que recomendó el Banco de España en su circular 4/2004 y se dio luz verde a operaciones "en contra de los intereses de la propia entidad" por parte de los máximos responsables en connivencia, en algunas ocasiones, con otros empleados del banco valenciano. Las inspecciones puestas en marcha en 2007 por el supervisor en lo que respecta a créditos dudosos llevaron a acreditar un déficit de provisiones estimado a 30 de septiembre de 2008 de 177 millones de euros.
La respuesta del banco, según la Fiscalía, fue efectuar refinanciaciones con el objetivo de evitar que las operaciones llegaran a los 90 días de impago y que hubiese que traspasar los saldos a dudosos, lo que hizo que el incremento de la morosidad continuara además en el ejercicio 2009. De nuevo la inspección del Banco de España destapó que la tasa de dudosos de la cartera crediticia era del 11% (y no del 4% como contabilizaron) y concluyó que, pese a presentar un beneficio antes de impuestos de 165,18 millones de euros, se acreditó unas pérdidas reales de 86,23 millones.
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