La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a la carga contra Mijail Fridman por su presunta implicación en la quiebra del Grupo Zed. Aunque hace apenas unas semanas que el magistrado Manuel García Castellón archivó su imputación en esta causa, el Ministerio Público insiste en seguir adelante con la investigación al magnate ruso. Por ese motivo ha recurrido ante la Sala de lo Penal el auto del instructor en el que apuntaba que no existen indicios que le incriminen y ha aportado una nueva tanda de pruebas para demostrar que los socios rusos se concertaron con el fin de asfixiar a la tecnológica.
"Los mensajes y, en general, documentos obrantes en la causa intervenidos por el propio juzgado son abrumadores", contraataca el fiscal en un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso La Información. El recurso recoge una serie de correos electrónicos y mensajes que se intercambiaron el entonces dueño de Zed, Javier Pérez Dolset, y los socios rusos para insistir en que había un objetivo común contra éste y del que estaba al corriente Fridman. "En realidad se trata de acreditar su conocimiento y actuación relevante en los hechos investigados", apunta el fiscal. Su criterio choca con el mantenido por el magistrado García Castellón, que no ve participación ni directa ni indirecta de Fridman en las filiales rusas de la empresa española. De hecho, en su auto de diciembre dijo que no se podía mantener una imputación por lo que digan terceras personas sin pruebas que lo sustenten.
La Fiscalía, por contra, no ve el asunto zanjado. Tanto es así que ha respondido precisando que todavía queda adherir al procedimiento el resultado de la comisión rogatoria librada a Países Bajos. El objetivo es ampliar la documental que aportó al caso el administrador de Zed, Peter Wakkie. Según explica, en esos papeles puede haber "información relevante de los vínculos de Wakkie con Fridman a través de LetterOne", de la que es dueño el empresario de origen ucraniano. Además, entre las pruebas pendientes de practicar también se encuentra tomar declaración al testigo Philipp Yalovega. Mientras el magistrado al frente del caso entiende que no es una diligencia necesaria, la Fiscalía quiere que el jefe de desarrollo de negocios de Vimpelcom declare teniendo en cuenta que fue uno de los destinatarios de los correos de Wakkie en los que alertaba de irregularidades.
La mano política
Yalovega también podría aportar claves sobre las supuestas presiones políticas que se produjeron en este asunto y de las que ya advirtió la Fiscalía. Y es que uno de los socios de Pérez Dolset fue Alexander Kolokoltsev, hijo del ministro del Interior ruso. Kolokoltsev estaba al frente de una firma que, a su vez, era proveedora de los socios de Zed. Para el fiscal, su irrupción en escena supuso el origen del conflicto. Especialmente porque el político ruso llamó a Fridman para quejarse de que estaban tratando "injustamente" a su hijo. La respuesta, según el Ministerio Público, se produjo en forma de "comisiones de sobornos" para la empresa de Kolokolsev en detrimento del Grupo Zed. A la multinacional de Pérez Dolset le correspondía un 50% del capital, de acuerdo con el reparto de acciones que, según Fiscalía, no se cumplió.
En este punto también es clave lo recogido por PwC. El forensic concluyó que el acuerdo entre Zed y su socio Temafon benefició a ambos. Según la investigación del auditor que la Fiscalía insiste en incorporar al caso, el total de ingresos de Temafon en el año 2012 fue de 75 millones de dólares. Pero para el Ministerio Público el forensic es especialmente relevante porque recogería cómo se produjo el cambio en el reparto de los beneficios para favorecer al hijo del político ruso ocultando la maniobra a Zed. Según explica, el autor de este informe, Edwin Harland, no aportó estas conclusiones en una primera declaración porque no podía acceder a ellas tras su salida de PwC. De ahí que considere clave adherir ahora sus matices.
En este recurso recoge parte de las advertencias de Harland en las que dejaba patente que el multimillonario ruso "tenía conocimiento de la actuación de presión" hacia Zed. Además, también adjunta otras comunicaciones de los protagonistas del caso de agosto del 2013. En todas estas charlas se apunta a Fridman asegurando que "su poder es suficiente" o que era "el gran hombre" de quien buscaban la aprobación. Igualmente adjunta las comunicaciones que Aleksei Azarenkov -directivo de Zed- envió a Pérez Dolset advirtiéndole del papel que estaba jugando el magnate en este asunto. Por ese motivo, el fiscal solicita que se le tome declaración junto con Anton Kudryashov. Este último también es un empresario cercano a Pérez Dolset a quien le reconoció que, detrás de la maraña de empresas implicadas en este acuerdo, estaba Vage Engibaryan, persona de máxima confianza de Fridman.
Asfixia bancaria
"Esta información fue ocultada al grupo español. Y de las investigaciones realizadas por PwC se desprende que, efectivamente, los socios españoles no dispusieron de suficiente información sobre las operaciones realizadas por el Grupo Tema. En definitiva, se decidió con el asentimiento de Fridman ceder a las exigencias de Kolokoltsev", reza el recurso de la Fiscalía, el cual añade que el acuerdo auspiciado por el dueño de la cadena de supermercados Dia implicaba un sobrepago del 15% de los beneficios al hijo del político. "En realidad, funcionaba como pago de la 'krysha', expresión usada en el crimen organizado ruso como el techo o protección por pagar a una organización criminal o un funcionario para evitar consecuencias negativas de cualquier orden", precisa.
Todo ello provocó que Zed cobrara sus dividendos en el año 2014 y no en el ejercicio anterior como sí hicieron sus socios. Además, Vimpelcom cortó sus contratos con los socios de Zed, dejando a la madrileña al borde del abismo. La Fiscalía advierte que esta maniobra se produjo sin que existiera motivos de peso y que la rescisión de los contratos provocó la asfixia de Zed puesto que en aquel momento era su principal fuente de ingresos. A ello añade un aspecto más y es que, según recalca, Fridman era consciente de la mala situación económica de la española y de que no podría responder al endeudamiento bancario que afrontaba al plantearse su salida a bolsa en Estados Unidos. Anticorrupción insiste en que una de las entidades que participó en el préstamo de 140 millones de euros fue Amsterdam Trade Bank. Se trata de una filial de Alfa Bank, grupo controlado por Fridman. Como consecuencia, el grupo se declaró insolvente en junio de 2016.
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