Se ampara en el decreto del estado de alarma

Asenjo lleva al Consejo de Ministros el parón del caso Villarejo por la cuarentena

  • El exdirector de Seguridad de Iberdrola busca apartar al magistrado instructor por no tramitar sus escritos pese a tratarse de causa con preso.
El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo. (EFE)
El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo. (EFE)

El exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo ha denunciado el 'parón' en la instrucción del caso Villarejo ante el Consejo de Ministros y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La defensa del policía imputado en una de las piezas del procedimiento Tándem ha presentado una batería de escritos en los que actúa contra el magistrado Manuel García Castellón por no dar respuesta a los requerimientos presentados  ante el juzgado tras la aprobación del estado de alarma el pasado 14 de marzo. 

El que fuera máximo responsable de Seguridad de la eléctrica basa sus denuncias en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ del pasado 18 de marzo. El mismo recogía la parálisis de toda actividad judicial (a excepción de servicios esenciales) y limitaba la presentación de escritos por la vía telemática de Lexnet únicamente en los casos considerados urgentes. No obstante, y según alega la defensa de Asenjo, el acuerdo precisa en uno de sus puntos que la suspensión de plazos procesales no impide que se adopten las acciones judiciales "que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables".  

Los escritos a los que se refiere el exalto cargo de Iberdrola se presentaron ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 entre los días 19 y 23 de marzo. Asenjo pidió en una de esas actuaciones el archivo de esta pieza decimoséptima en la que el magistrado investiga los contratos de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán con el entramado empresarial de Villarejo. En un segundo escrito anunció que no descartaba acudir ante el Tribunal Constitucional (como finalmente ha hecho) mientras que el tercero consistió en un recurso de apelación contra el auto de 17 de marzo por el que el magistrado instructor prorrogaba el secreto de sumario de las actuaciones. 

Ahora el policía denuncia que García Castellón no se ha pronunciado acerca de ninguno de los tres pese a que alega que la Ley dictamina lo contrario. El investigado se basa en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia con fecha del 14 de marzo en la que se analizan los servicios esenciales a prestar en la Administración de Justicia durante el estado de alarma. Uno de sus apartados especifica que entra dentro de esta categoría cualquier actuación en causa con preso, una circunstancia que se produce en este procedimiento puesto que su principal imputado, José Manuel Villarejo, permanece en el centro penitenciario de Estremera desde su detención a principios de noviembre de 2017. 

A las actuaciones emprendidas ante el CGPJ y el Consejo de Ministros, se le suma una más, dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 6, en la que pide que resuelva sobre su petición de que se levante el secreto de sumario en esta pieza concreta del caso Tándem. Se trata de una reivindicación que ha formulado en más de una ocasión en los últimos meses puesto que considera que le está causando indefensión el hecho de no poder acceder al contenido de la investigación. Sea como fuere, esta batería de diligencias se presenta después de que la pasada semana interpusiera una querella contra el magistrado Manuel García Castellón ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.

El magistrado instructor imputó a Asenjo el pasado mes de noviembre por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Antes de acordar su citación como investigado, el propio Asenjo se ofreció a declarar por el conocimiento que tuviera de todos los encargos que gestionó con el Grupo Cenyt y que costaron a Iberdrola cerca de 1,1 millones de euros. Sin embargo, entre su imputación en la causa y el interrogatorio que prestó en sede judicial en febrero, apareció en escena el exdirectivo de Funciones Corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo. El exalto cargo expuso que la eléctrica vasca costeó algunos de estos servicios de espionaje con facturas falsas utilizando para ello su proveedora Casesa. 

Asenjo denunció que se escuchara a este exalto cargo en calidad de testigo antes de que él declarara por estos hechos, si bien en su interrogatorio apuntó a una enemistad manifiesta entre Del Olmo y Sánchez Galán y negó la existencia de dicho informe del año 2004. El policía protagonizó tres sesiones de declaración en sede judicial en las que también descartó irregularidades en su gestión y desvinculó a Sánchez Galán de la contratación de los servicios de Villarejo. Los investigadores, por su parte, sostienen que todos estos encargos son constitutivos de delito de cohecho puesto que los gestionó Villarejo mientras estaba en activo en la Policía Nacional. Anticorrupción y el magistrado García Castellón continúan con las pesquisas en aras a esclarecer de quien partió la orden concreta para contratar los servicios del comisario jubilado. 

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