Ante el Tribunal Supremo

El exdirector de Seguridad de Iberdrola se querella contra el juez del caso Villarejo

  • La defensa de Antonio Asenjo actúa contra el magistrado Manuel García Castellón y presenta también recurso de amparo ante el TC y escrito en el CGPJ.
El comisario José Manuel Villarejo
El comisario José Manuel Villarejo
CEDIDA - Archivo

El letrado que ejerce la defensa del exdirector de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo ha presentado una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ante el Tribunal Supremo. La defensa de Asenjo, imputado en la pieza 17 del caso Tándem en la que se investiga la contratación de la eléctrica con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, pide que se le aparte del procedimiento por presunta pérdida de imparcialidad en el marco de la instrucción de este procedimiento en el que se indagan los encargos del agente encubierto, en prisión provisional por estos hechos desde principios de noviembre del año 2017. 

El que fuera máximo responsable de seguridad de la compañía vasca expone en el escrito dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal que no ha resuelto sobre la mayoría del total de 14 escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 desde su imputación el pasado mes de noviembre. Asegura que cuestiones como la petición de personación en esta pieza de la macrocausa o de práctica de diligencias de investigación se quedaron sin responder provocándole una vulneración de sus derechos. Igualmente denuncia que, en el marco de la tercera y última sesión de interrogatorio celebrada el pasado mes de febrero, se produjo un altercado al responderle el magistrado que no creía su versión de los hechos, lo que, según detalla, implica pérdida de imparcialidad. 

Es por ello que en su querella, a la que ha tenido acceso este diario, recoge que los hechos serían constitutivos del delito de prevaricación recogido en los artículos 444.3, 448 y 449.1 del Código Penal. A lo largo de 36 páginas, la defensa de Asenjo, que ejerce el magistrado Manuel Santaella, expone que, al no responderle el magistrado instructor a los planteamientos formulados entre los meses de diciembre y febrero se produjo una situación "ya irreversible". También se hace eco de que no se atendió su petición expresa de que se adoptaran medidas extraordinarias para evitar que la prensa tomara imágenes del también policía en las entradas y salidas de la Audiencia Nacional con motivo de su declaración.

Además de todo ello, la defensa letrada de Asenjo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (como ya avanzó que haría) para pedir protección de derechos fundamentales y que se declare nulo el auto del magistrado del pasado día 11 de marzo, en el que rechaza admitir a trámite la recusación planteada por el letrado. A este segundo escrito se suma un tercero interpuesto ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que plasma también la ausencia de respuesta por parte del magistrado instructor a los requerimientos efectuados los últimos cuatro meses. 

Medidas extraordinarias

De acuerdo con el relato de la querella, que sigue un orden cronológico, Asenjo se ofreció de manera voluntaria a declarar en el marco de esta pieza por todas las gestiones que realizó con Villarejo para cerrar los contratos de investigación y espionaje con el Grupo Cenyt y por el que Iberdrola pagó cerca de 1,1 millones de euros. El primer punto de fricción que recoge se produjo después de que el magistrado acordara llamar a declarar al exdirectivo José Antonio del Olmo, en calidad de testigo. Este exalto cargo fue el autor de un informe que vendría a recoger presuntas facturas falsas para costear los servicios del comisario jubilado. Un documento que Iberdrola no reconoce y por el que ha presentado una querella ante la Fiscalía Anticorrupción contra este extrabajador. 

La defensa de Asenjo recuerda cómo, si bien en un primer momento se ofreció a dar detalles acerca de todos estos hechos, el devenir de esta investigación le llevó finalmente a acogerse a su derecho a no declarar sobre esta pieza, que se mantiene bajo secreto de sumario desde su apertura el pasado mes de octubre. Relata el escrito que los interrogatorios se produjeron en una "precaria situación" para Asenjo, el cual no gozó del privilegio de poder acceder a la Audiencia Nacional con la protección necesaria para su garantizar su anonimato y que el escenario se agravó tras ser preguntado por un encargo concreto que tendría como objetivo espiar al entonces presidente de Endesa Manuel Pizarro.  

Un encargo del que se desvinculó el exdirector de seguridad de Iberdrola y que provocó la enérgica reacción del juez, según relata, el cual le dijo "en un tono desorbitado" que no le creía y que estaba en su derecho de mentir, al comparecer en calidad de investigado. Estos hechos provocaron que el letrado interpusiera un incidente de recusación contra el magistrado el cual no admitió razonando que actuó fuera de plazo y que sí se había dado respuesta a todas las cuestiones planteadas por la defensa letrada en los meses previos. No obstante, el abogado responde que el incidente de recusación se presentó dentro del plazo que marca la Ley y recalca en su escrito al Supremo que algunas de las cuestiones planteadas en esos meses no fueron contestadas por el instructor. 

Secreto de sumario

Asenjo denuncia que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se escuda en el secreto de las actuaciones (que implica que no se puede dar traslado a las partes del devenir de las mismas) para ocultar que no se resolvieron los asuntos planteados. Entre los mismos se encuentran la petición de personación en la causa o que se incorporara al caso la hoja de servicio sobre su antigüedad en la eléctrica. Asenjo llegó a la misma en el año 2001 (coincidiendo con la asunción de Ignacio Sánchez Galán a la vicepresidencia ejecutiva) y la abandonó a mediados de noviembre tras su citación como investigado en este procedimiento penal. 

Tanto el magistrado García Castellón como la Fiscalía Anticorrupción tratan de esclarecer quién está detrás de las órdenes de contratar con el entramado empresarial de Villarejo por ser constitutivo de un presunto delito de cohecho dado que el comisario figuraba en activo en la Policía Nacional en aquel entonces y se valió además de una estructura 'parapolicial' en aras a llevar a buen término sus trabajos de espionaje. Asenjo, por su parte, reconoció en sede judicial la existencia de los contratos pero negó que se cometiera irregularidad alguna con la firma de los mismos. También pidió que se alzara el secreto de sumario que pesa sobre esta pieza decimoséptima del caso alegando indefensión.

Ahora, en su escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicita que se admita la querella contra el instructor y pide además que se libre exhorto al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Tándem' para incorporar toda la documental a la que hace referencia. Además, solicita también la testifical del inspector jefe, en funciones de Comisario, de la Audiencia Nacional el día 19 de febrero de 2020, del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de la gestora procesal del mismo sin perjudicar al secreto que pesa sobre estas actuaciones. 

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