La causa penal en la que se investiga una supuesta alteración de la cuentas de Abengoa tiene por delante semanas clave. La Audiencia Nacional, que la semana pasada coordinó con la Guardia Civil el operativo de registro a la sede de la sevillana en busca de pruebas que avalen la falsedad en las cuentas, ha puesto el foco en los contratos relativos a los años que están bajo la lupa de los investigadores. El fin es acreditar si, tal y como sospechan, hubo irregularidades contables que les llevaron en última instancia a abultar los beneficios ofreciendo a inversores y accionistas una imagen maquillada de los estados financieros.
Fuentes de la investigación confirman a La Información que, entre todo el material incautado en el registro que practicó la UCO la pasada semana, figuran correos electrónicos e información clave sobre los proyectos estrella de Abengoa previos al 2015 en los que podrían encontrar indicios que acrediten las irregularidades contables detectadas por el ICAC. La operación, dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se impulsó en el marco de las diligencias que se abrieron en el año 2016 en las que se indaga si la sevillana alteró sus balances entre 2014 y ese ejercicio para ocultar pérdidas millonarias que ya arrastraba entonces, así como la inclusión de certificaciones de obra que no estaban lo suficientemente acreditadas y que, de nuevo, tuvieron su reflejo en el balance de la compañía.
Los agentes de la Guardia Civil se incautaron de una vasta documental en soporte digital y papel en el marco del registro que se alargó varios días y que se produjo a tenor de la falta de colaboración con estas diligencias de la multinacional sevillana. El siguiente paso ahora es proceder a su análisis en aras no solo a constatar las sospechas de la Fiscalía, sino también a poner negro sobre blanco en los últimos interrogatorios practicados en la Audiencia Nacional. En concreto, los relativos a las antiguas consejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde Valiente; el que fuera director financiero Jesús Ángel García-Quílez y empleados de KPMG que participaron en el proyecto Palmera. Se trató de un informe que encargaron los bancos que iban a participar en la ampliación de 2015 y que finalmente no salió adelante.
Tanto la Fiscalía como el juez han centrado las pesquisas en averiguar qué pasó en la multinacional pionera en desarrollo de tecnologías solares para que en el año 2015 pasara de anunciar unos beneficios de 125 millones de euros a fiar su suerte a una ampliación de capital de 650 millones de euros que finalmente resultó fallida. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que tanto Gracia como Velarde (que ya fueron juzgadas y absueltas en la pieza relativa a la indemnización de Felipe Benjumea) no supieron dar respuesta exacta a la incorrección de las cuentas (que auditó Deloitte) y apuntaron vagamente a la devaluación de Brasil como el origen de los problemas de la compañía.
El forensic de La Meca
La empresa temía una desviación de las inversiones previstas en este país además de en México y Chile por importe total de 700 millones, pero los investigadores sospechan que, para entonces, el problema no se centraba solo en la falta de liquidez sino más bien en irregularidades que incluían triangulación de facturas en algunos de los proyectos dentro y fuera de España. Uno de los que ahora investiga la Justicia es el relativo al de las obras del Ave La Meca-Medina. Esta investigación arrancó a raíz de una querella en los juzgados de Sevilla y, aunque la magistrada al frente de las mismas se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal le devolvió la investigación de vuelta. Aunque estas diligencias estén desligadas de la causa troncal, lo cierto es que el avance de las mismas discurre en cierto modo en paralelo a la causa de la Audiencia Nacional.
Esto es así porque el juzgado de Sevilla cuenta con una prueba determinante en relación a las dudas sobre los contratos investigados. En concreto, en este caso las diligencias arrancaron a comienzos de 2019 contra dos filiales de Abengoa (Abeinsa e Inabensa) y directivos de las mismas por supuesta estafa. La querella denunció anomalías notables en las facturas emitidas por Nicsa (también filial de Abengoa) hasta el punto de cuestionar la realidad de los servicios prestados. La propia sevillana respondió a este asunto, que se remonta a la etapa de la presidencia de Benjumea, para apuntalar las dudas sobre la legalidad del negocio. En concreto, aportaron un forensic elaborado por KPMG en el que se sugería la falsedad de dos facturas de 6,1 millones registradas en 2013 sobre este asunto. También identificaron operaciones triangulares con Inabensa Turquía, además de un incremento del margen del proyecto injustificado con un impacto en el resultado de 15 millones.
Etapa de Benjumea
Aunque este asunto concreto se sigue en los juzgados de Sevilla, los investigadores sospechan que este 'modus operandi' se podría repetir en otros de los proyectos que acometió en esos ejercicios Abengoa tanto en otros países de Sudamérica como en España. De hecho, esta misma causa ya puso en el foco el contrato del proyecto estrella que se desarrolló en México en relación a la planta de cogeneración eficiente A3T. La Plataforma de Perjudicados de Abengoa -cuya querella supuso el nacimiento de la causa- solicitó una comisión rogatoria al país norteamericano para recabar este contrato tras lo recogido por el ICAC en su resolución de 2018. El órgano adscrito al Ministerio de Economía apuntó a una manipulación para alterar al alza en un 14,7% el margen del beneficio de este proyecto privado que se desarrolló con Pemex.
Con todo este caldo de cultivo, la Audiencia Nacional afronta ahora el estudio de la documental incautada en aras a encontrar evidencias empíricas que reflejen esa contabilidad paralela de la que alertó el ICAC hace poco más de tres años. En este proceso, que se puede alargar semanas, buscarán contratos determinados que recojan las irregularidades denunciadas por la acusación popular y por la propia Abengoa en relación a los proyectos que se atribuyen a la etapa de Felipe Benjumea. Al mismo se refirieron expresamente los últimos declarantes en la causa, entre los que destaca el exjefe financiero de la compañía. Quílez fue llamado como testigo pero el magistrado le cambió su condición imputándole en el procedimiento por el supuesto conocimiento que tuvo de este maquillaje de las cuentas que afectó a miles de accionistas y que ha terminado por dejar una deuda en la sevillana que ronda los 7.000 millones de euros.
