El Ministerio de Justicia ha movido ficha para evitar que se genere un 'tapón' con todos los expedientes en trámite de resolver pendientes d entrar en la Audiencia Nacional. Por ello, y aunque la actividad judicial está suspendida con motivo de la crisis sanitaria, el departamento que dirige Juan Carlos Campo ha decidido buscar apoyo en una empresa externa para que le ayude a tramitar los casi 4.700 recursos a la Sala de lo Contencioso que tiene en la mesa sobre cuestiones de nacionalidad y estado civil. El pasado año, el Ministerio de Justicia que dirigía entonces Dolores Delgado impulsó un plan de choque para desatascar las concesiones de nacionalidad española, pero muchos de esos asuntos han sido recurridos ante la Audiencia Nacional.
Para evitar que la acumulación de ficheros desate el caos tras la vuelta a la normalidad, se ha lanzado la licitación de un contrato de ocho meses de duración. La firma que se adjudique la oferta trabajará directamente con los expedientes que dependen de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ente subsumido en el Ministerio de Justicia. Así consta en el pliego de prescripciones según el cual se estima que, a fecha de 30 de noviembre de 2019, el monto de documentos por resolver ascendía a 4.649.
Un total de 3.649 está pendiente de envío a la Audiencia Nacional al tratarse en su mayoría de recursos contra el silencio administrativo. Los otros mil no han sido dados de alta todavía. Teniendo en cuenta que la Sala de lo Contencioso registra una entrada media de 1.000 comunicaciones de interposición de recurso cada mes, el cómputo analizado a finales de año habrá aumentado sustancialmente. Además, a ello hay que sumarle la parada forzosa en todo el país por la crisis del coronavirus que ha obligado a los tribunales a dejar en el aire la resolución de sus procesos priorizando el cumplimiento de los servicios esenciales.
Falta de medios
El problema que afronta ahora la Audiencia Nacional viene de la fuente de origen. Los recursos se cuentan en miles porque el verdadero atasco se produce en el paso previo, es decir, en la gestión que se hace desde el Ministerio de Justicia. La actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, propuso mientras estuvo al frente de esta cartera un plan de choque para agilizar al máximo posible la resolución de estos asuntos, relacionados en su mayoría con las peticiones de la nacionalidad española. Para ello recurrió a un grupo de 120 funcionarios que ampliaron su jornada laboral y se dedicaron a resolverlos.
La falta de medios y la falta de presupuesto debido a la corta duración de la legislatura (apenas siete meses) provocó que el departamento que ahora dirige Juan Carlos Campo tuviera que echar mano de los recursos internos para evitar el colapso de estas gestiones. Hace justo un año la otrora Dirección General de Registros y del Notariado acumulaba más de 363.000 expedientes pendientes de resolución relativos a peticiones de nacionalidad por residencia. Sin embargo, el atasco viene de lejos. Solo en 2012 se llegaron a acumular 465.000 casos pendientes de resolver. El problema hay que buscarlo en el cambio de aplicaciones informáticas empleadas para la tramitación de los expedientes y el elevado número de documentos que todavía se tramitan en papel.
Ahora, la Audiencia Nacional busca anticiparse a otro nuevo colapso y recurre a empresas externas. La función que se encomienda consiste principalmente en la recepción y preparación de todos estos documentos y se divide en varias fases. La primera es la relativa a la clasificación de todos los documentos en aras a distribuirlos por número de expediente, sección y año al que pertenezcan. La siguiente consiste en el traslado a la Audiencia Nacional y la tercera finalmente en la notificación de sentencias dependiendo de las resoluciones acordadas por el órgano. También se dan diferentes pautas en función de si el recurrente desea ser notificado por la vía telemática o por papel, aunque para todos estos trámites se trabaja con plataformas internas del Ministerio de Justicia.
De hecho, este departamento proporciona para la encomienda el acceso a las aplicaciones de tramitación y todo el material informático necesario. El órgano que hará de cauce entre Justicia y la empresa adjudicataria es la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (SGNEC). El encargado de reportar los resultados tratará directamente con este órgano dependiente de la Dirección General de Registros y del Notariado, de acuerdo con el pliego de condiciones que matiza expresamente que ello no implica que pueda participar ni en las políticas y en la estructura del mismo.
Previsiones del CGPJ
En cualquier caso, la finalidad del contrato ya no reside solo en desatascar la concesión que formulan los ciudadanos extranjeros sino también intentar que esto no se convierta en una carga más que van a tener que soportar los juzgados y tribunales del país cuando se levante el estado de alarma. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un plan de choque precisamente para evitar que la entrada de escritos y demandas y la resolución de procesos abiertos acabe provocando el colapso de la Administración de Justicia.
Entre el más del centenar de medidas propuestas para su estudio destacan algunas de carácter genérico como habilitar el mes de agosto para una mayor distribución temporal de las cargas de trabajo o eliminar la variable del sueldo de los jueces para pagar refuerzos que irían destinados principalmente a los juzgados de lo social y lo contencioso-administrativo. Tanto es así que se espera mucha actividad en este orden puesto que gran parte de las medidas adoptadas para combatir la Covid-19 son de índole administrativa. Por ello, el órgano de gobierno de jueces propone agilizar los procedimientos y la resolución de conflictos mediante la puesta en marcha de instrumentos como el llamado 'procedimiento testigo'. El mismo consiste en aplicar las resoluciones alcanzadas en un pleito a otros casos en los que se enjuician situaciones sustancialmente similares.
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