El Gobierno aprobará el próximo viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el plan de ayudas directas a las empresas y los autónomos afectadas por la pandemia del Covid. Una parte serán transferencias corrientes. Según confirman a La Información fuentes de Moncloa, el Ejecutivo pospondrá 72 horas su decisión para alumbrar un paquete de 11.000 millones que el sector viene demandando desde hace semanas y que ha provocado un debate en el seno de la coalición.
La decisión del Ejecutivo de posponer hasta final de la semana la aprobación de este paquete especial se produce en plena presión de los empresarios, que demandan conocer la letra pequeña del plan de ayudas que anunció el presidente hace ya dos semanas en el Congreso de los Diputados. Desde entonces nadie les ha concretado cómo será el plan y eso ha provocado intranquilidad en las empresas. Muchas se encuentran "al límite".
El paquete especial de 11.000 millones que verá la luz a finales de semana irá dirigido al turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio, según confirman las mismas fuentes gubernamentales.
El Gobierno aún no tiene listo el real decreto-ley para aprobarlo en el Consejo de Ministros ordinario de este martes, de ahí que la decisión se haya pospuesto al próximo viernes. Es más, a nivel ministerial el decreto tampoco se ha debatido en ningún momento. En el orden del día de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró el pasado jueves sí que hubo un intercambio de pareceres.
Sin embargo, según confirman fuentes presentes en el llamado "consejillo", la reunión que prepara el Consejo de Ministros, el apartado dedicado a las transferencias directas a empresas y autónomos se encontraba vacío. En la Comisión Delegada para Asuntos Económicos no se abordó el asunto. Su presidenta, Nadia Calviño, únicamente hizo una referencia genérica al decreto sin tampoco concretar.
En el seno del Gobierno, el decreto de apoyo a la solvencia a las empresas está provocando un nuevo choque. La Vicepresidencia segunda apuesta por destinar 8.000 de los 11.000 millones en ayudas directas a aquellas empresas que puedan acreditar una caída drástica, a partir del 30% o el 40% de su facturación en 2020 en relación a 2019. Las empresas que cumplan esta condición, según la propuesta de Unidas Podemos, podrían acceder a cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos, a partir de un 70%, no los variables. El equipo económico morado también defiende que sea la Administración central, bien a través de la Vicepresidencia tercera o del Ministerio de Hacienda, quien gestione el fondo.
En el ámbito empresarial llevan semanas demandando un paquete de ayudas directas amplio y contundente ante la situación "crítica" de las empresas y autónomos. La espita la abrió Ana Botín hace unas semanas. Las pymes y autónomos "necesitan apoyos que van más allá del crédito", dijo la presidenta del Banco Santander.
La misma sensación hay entre las patronales empresariales, donde consideran que los ICO, los ERTE y las moratorias no son suficientes. "Algunos en el Gobierno no son conscientes de la realidad de la calle", indica uno de sus representantes. Las organizaciones madrileña, con Miguel Garrido a la cabeza; Foment del Treball, con Josep Sánchez Llibre; y la valenciana CEV de Salvador Navarro, ya expresaron en estas páginas sus demandas.
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