Bárcenas y Merino renuncian a sus actas y serán investigados por el TSJM

Madrid.- El ex tesorero del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, ambos imputados en el "caso Gürtel", han renunciado hoy a sus actas de senador y diputado, respectivamente, por lo que serán investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una vez que este órgano reciba las diligencias del Supremo.

Once días después de que ambos abandonaran temporalmente su partido, Bárcenas y Merino han presentado su renuncia para no perjudicar los intereses de su partido, aunque en el caso del ex tesorero del PP su decisión implica también el abandono definitivo de la política.

Ha sido su hermano quien, en su nombre, ha presentado el escrito de renuncia en el registro del Senado al acta de senador por Cantabria, por lo que será sustituido por Leticia Díaz Rodríguez, letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno cántabro que forma parte del Comité Ejecutivo Regional del PP desde 2004.

Según ha afirmado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Bárcenas ha adoptado esa decisión desde el convencimiento de que garantizará mejor su defensa y, al igual que Merino, para no perjudicar los intereses de su partido.

Bárcenas ya adelantaba esta mañana en el diario ABC su decisión, que tomaba después de haber soportado durante 17 meses "una presión brutal y un desgaste personal difícilmente imaginable" y sin que desde Génova (la sede nacional del PP) le hayan marcado los "tiempos".

Merino, por su parte, será sustituido en el Congreso por la siguiente en la lista, Sara Dueñas Herranz, alcaldesa de La Losa (Segovia), después de haber dejado su escaño para poder ejercer su defensa "más tranquilo" y porque es "lo mejor para todos", tanto para su partido como para su familia, según ha dicho a Efe.

Tras estas renuncias, el Tribunal Supremo devolverá al TSJM la causa contra ambos y les llamará a declarar.

Luis Bárcenas, que según las investigaciones podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos a empresas del presunto líder de la trama del Gürtel, Francisco Correa, declaró voluntariamente al TS el pasado 22 de julio acusado de los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

Por su parte, Merino, a quien la investigación atribuye la obtención de más de 230.000 euros, declaró en el Supremo al día siguiente también de forma voluntaria.

Después de las renuncias, Cospedal ha insistido en que los "populares" son los que mejor ejemplo han dado en la lucha contra la corrupción y ha subrayado que la renuncia de Bárcenas es lo mejor para él y para el PP.

Una opinión que ha compartido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha considerado que la renuncia también es "buena para el bien de España".

A los socialistas, por su parte, les parece que la decisión del ex tesorero del PP llega tarde, tal y como ha manifestado su vicesecretario general, José Blanco, quien ha vuelto a exigir al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que dé explicaciones a los ciudadanos sobre el "caso Gürtel".

Con esa misma contundencia ha pedido la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, explicaciones al presidente del PP, porque aunque fue Rajoy "quien introdujo de alguna manera a Bárcenas en Génova, no ha sido el responsable de que salga".

José Bono, presidente del Congreso, no ha querido "avivar ningún fuego" sobre este asunto, pero ha deseado que se respete la presunción de inocencia de Bárcenas y Merino porque "engrandece" ser respetuoso también con el "adversario político" y "empequeñece" que "pueda más el odio o la crispación".

"Tarde y mal" se ha producido la renuncia de Bárcenas, según la portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, quien ha opinado que la decisión del ya ex senador se ha producido por la "presión social".

Desde Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, se ha alegrado de la dimisión de Bárcenas y ha lamentado la "mala imagen" que ha ocasionado a la región.

Para prevenir casos de corrupción como la trama del Gürtel, el Congreso debatirá mañana una propuesta de ERC de modificación de la Ley de Partidos con el objetivo de "endurecerla".