Los correos electrónicos que obran en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Duro Felguera recogen desde referencias a la compra de regalos para los funcionarios venezolanos, a presiones para conseguir el visto de bueno de Hugo Chávez, entonces presidente del país bolivariano. Las comunicaciones que se intercambiaron los implicados en el este procedimiento penal tenían un objetivo concreto: conseguir que la asturiana se adjudicara hace ahora una década el megaproyecto para construir una central termoeléctrica en Caracas, de ahí que en algunos casos incluso se hablara de la influencia directa que podría ejercer el exviceministro Nervis Villalobos con el Gobierno venezolano.
"Para que tengas el culebrón completo. Espero que esta vez no se les olvide el bolso de Loewe para la secretaria de Alí, es nuestra única opción. Sobran más comentarios", reza una de las comunicaciones internas en referencia al que fuera ministro de Energía de dicho país, Alí Rodríguez. El conjunto de mails intercambiados entre febrero de 2009 y enero de 2011 y a los que ha tenido acceso este periódico, se encontraban dentro de un pendrive que llegó de manera anónima a los investigadores de esta causa, hace ahora tres años. Los agentes de la UDEF practicaron una entrada y registro en la sede social de Duro Felguera, en Gijón, en aras a cotejar la veracidad de lo contenido en este dispositivo de almacenamiento. Tras un estudio del material decomisado, concluyeron que era el mismo que almacenaba el pendrive.
En concreto, la Policía Judicial implica a un total de 19 personas relacionadas con la constructora asturiana (entre ellas sus expresidentes Ángel del Valle y Juan Carlos Torre Inclán) y otras siete vinculada a Eléctrica de Caracas. Esta era la compañía estatal que tenía que decidir la adjudicación hace ahora diez años del proyecto valorado en 1.500 millones de euros de la central de ciclo combinado Termocentro. La Audiencia Nacional arrancó la causa penal hace ahora tres años al sospechar que se pudo cometer blanqueo de capitales y corrupción internacional por presuntos sobornos de la firma española a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Chávez además de a Javier Alvarado Ochoa, entonces presidente de Eléctrica de Caracas.
Las anotaciones de Villalobos
Los agentes sospechan que los pagos se camuflaron en un contrato de asesoramiento por 25 millones a Técnicas Reunidas (Tercas) y que luego se subrogó a una sociedad de Villalobos (Ingrespre). Sin embargo, la aparición de estos correos estrechó más el cerco sobre los investigados al hablarse en los mismos de presuntos sobornos y regalos que irían a parar a los funcionarios implicados en la adjudicación de Termocentro. Los principales interlocutores discuten en las misivas acerca de la necesidad de celebrar reuniones para hablar de los presupuestos y el problema de los pagos. En algunas de ellos se hace alusión a celebrar reuniones en Caracas "al máximo nivel posible".
"Me acaba de enseñar Vitín un sms de Alvarado que pone 'el presidente Chávez me ha autorizado a realizar todos los pagos para DF que le pedí. A ver si es verdad", reza un de las comunicaciones intercambiadas entre miembros de la UTE de Termocentro. Los agentes pudieron identificar a 'Vitín' al aparecer en uno de los documentos encontrados en la vivienda de Villalobos en La Morajela. El hombre en cuestión es Victoriano García, entonces empleado de Duro Felguera y desplazado en Venezuela por su responsabilidad en el proyecto de Termocentro. El documento recogía además unas anotaciones manuscritas con más de una decena de nombres y números de teléfono, entre ellos algunos de los principales imputados en la causa. Igualmente también logran identificar que el nexo de conexión entre Alvarado Ochoa y el Gobierno era el entonces ministro Ali Rodríguez.
"Javi Alvarado habló con ARA para recordarle la importancia de esos pagos hacia DF", reza un correo de abril de 2010 en referencia a Rodríguez, el cual ocupó los cargos de ministro de Economía y de Energía y fue la figura a la que se intentó "presionar" para conseguir la firma de Chávez. Días antes de este correo se envió una comunicación en la que uno de los empleados de Duro Felguera hablaba de la contratación de varias personas, entre ellas de 'Nervis'. De hecho, le relacionaron con la empresa Eléctrica de Caracas pese a que no ostentaba ningún cargo en el equipo de Chávez desde 2006. Ello llevó a los investigadores a concluir que el exalto cargo chavista sí estuvo implicado en este presunto amaño de adjudicaciones antes de 2011. En ese año se subrogó el contrato de asesoramiento de Tercas a Ingespre, la sociedad de Villalobos.
Comisiones rogatorias
Sin embargo, Anticorrupción sostiene que su implicación en el asunto se produjo de mucho antes, desde el principio, lo que implicaría que se saltaron el código deontológico de la empresa según el cual no se puede contratar con un excargo público hasta pasados cinco años del cese de su actividad. Al respecto, la investigación relativa a los pagos efectuados entre ellos destapó transferencias de Luis Barrios (Tercas) a Villalobos apenas cobrar los 25 millones de Duro Felguera en 2010. De hecho, el rastreo del dinero cobrado inicialmente desde la asturiana fue una de las aristas que han seguido los investigadores de la causa en aras a llegar hasta el destino final de los fondos. Aunque la constructora asturiana siempre ha defendido la legalidad del contrato firmado hace ahora diez años, los agentes sospecharon que bajo la firma de asesoramiento se encontraban pagos encubiertos que se distribuyeron no solo entre altos cargos del entonces equipo de Chávez sino también entre funcionarios implicados en la licitación.
Cabe recordar que dos de ellos (Villalobos y Alvarado Ochoa) están también investigados en otra causa de la Audiencia Nacional relativa al presunto saqueo de Petróleo de Venezuela (Pdvsa). Precisamente los agentes pusieron el foco en la fortuna de ambos y solicitaron al magistrado al frente de las pesquisas, Ismael Moreno, que librara comisiones rogatorias. Así pues, el instructor pidió información bancaria en Mónaco, Suiza y Andorra. Como resultado, Banque Safdié trasladó que se detectaron transferencias sospechas de Barrios a Nervis que alcanzarían los 14 millones de dólares. Ello llevó a advertir que se podría tratar de comisiones ilegales y rescindieron el contrato para ambos. Ahora, la Audiencia Nacional está pendiente de recibir la información del país andorrano para dar impulso a este procedimiento penal.
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