La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha defendido en sede judicial la operación de compra del Popular tras su resolución en junio de 2017. La banquera, que estaba llamada a declarar como testigo en el marco de la causa que investiga irregularidades en la última etapa de la entidad, se ha pronunciado en su primera parte de declaración acerca de este episodio asegurando que no recibió presiones por parte del exministro de Economía Luis de Guindos para comprar el banco por el simbólico precio de un euro. Cabe destacar que su comparecencia en el procedimiento penal se produce apenas después de que el instructor haya reclamado una batería de documentos al banco para aclarar todos los detalles relativos a este proceso de compra.
Fuentes presentes en su declaración consultadas por La Información explican que el magistrado de la Audiencia Nacional al frente de este procedimiento, José Luis Calama Teixeira, se ha interesado especialmente en saber si recibió presiones desde Economía para adquirir un banco que, según los testigos que han declarado hasta el momento, no presentaba problemas de solvencia sino de liquidez. Botín ha negado este extremo si bien ha aclarado que en mayo de ese año, y ante las dudas de viabilidad del Popular, trataron el asunto en el consejo de administración del Santander ante una hipotética y potencial resolución. Una tesis que respalda lo recogido en los documentos entregados recientemente por el banco y que prueban que hasta cuatro entidades (Bankia, BBVA, Sabadell y el propio Santander) se interesaron por el Popular en su última etapa de vida.
Según ha precisado, efectivamente tuvieron acceso a la herramienta VDR (Virtual Data Room) en la que consultaron la información ofrecida por el Popular pero descartaron una posible operación de compra porque estaba con un nivel de provisiones muy inferior a la medida del mercado. No obstante, y pese a que descartaron hacer una oferta, sí que comenzaron a barajar la posibilidad de que el banco acabara siendo resuelto por la Junta Única de Resolución (JUR) como finalmente ocurrió. Igualmente ha delegado en Rodrigo Echenique, presidente del Santander España, por ser el que controló de cerca esta operación y ha negado conocer las presuntas filtraciones que salieron desde dentro del consejo del Popular.
Las fuentes consultadas explican que en la declaración, que se ha prolongado cerca de cuatro horas, también ha explicado que no tenía relación personal con Emilio Saracho. El último presidente del banco forma parte del grueso de investigados en este procedimiento penal, junto con el también expresidente Ángel Ron por presuntas irregularidades en la ampliación de capital de 2016 así como por falsedad de mercado ya en 2017. La Fiscalía Anticorrupción trata de esclarecer si desde el consejo de administración del banco se filtró información perniciosa para la entidad con el fin de hacer caer el valor de la acción en unos meses críticos para el banco. Mientras algunos gestores consideran que la resolución se pudo haber evitado y que los últimos exdirectivos propiciaron el fatal desenlace del entonces sexto grupo bancario, otros niegan la mayor y apuntan a que el banco lo recibieron en 2017 en un estado muy preocupante.
La declaración de Botín se produce en el marco de la fase de testificales que el magistrado puso en marcha antes de que se declarara el estado de alarma. Precisamente, el último testigo en declarar en la causa ha sido el exministro de Economía y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, el cual cuestionó por videoconferencia el papel de la JUR en la resolución del banco. Guindos cuestionó que el organismo que dirige Elke König actuara con transparencia e igualmente se mostró contrario al hecho de que se ocultara el informe de Deloitte sobre la liquidación de la entidad. Sobre su relación con Guindos, la banquera ha dicho que efectivamente el exministro le trasladó en 2017 la preocupación de las autoridades por la mala situación del banco si bien ha negado en todo momento que recibiera presiones para la compra del mismo antes de su resolución.
Venta de fondos a Blackstone
Igualmente ha explicado que habló con Ángel Ron a finales de 2016, cuando éste estaba a punto de dejar la presidencia del Popular y que con Saracho no mantuvo ningún encuentro en los meses en los que lideró la entidad. Aunque no ha querido entrar a valorar los motivos que llevaron al banco a su resolución por parte de las autoridad de la Unión Bancaria Europea ni a las presuntas filtraciones que provocaron una caída del valor de la cotización, sí ha reconocido que, entre los motivos del declive del Popular se encuentran la pérdida de confianza por parte de los inversores, lo cual derivó en que la entidad acabara en manos de la JUR. Botín, que se ha mostrado tranquila durante toda la comparecencia, también se ha pronunciado sobre el capítulo de la venta acelerada de activos a Blackstone. Según ha confirmado, negociaron la venta al fondo buitre del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular antes incluso de la resolución.
Con todo, la declaración de Botín coincide con los requerimientos librados recientemente por el instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción de que el Santander aporte los informes que realizó para comprar el banco hace ahora tres años. El instructor mandó también identificar a los autores de estas valoraciones que hizo el Santander a lo largo del 2017 en aras a poder llamarles a declarar para que expliquen en sede judicial su contenido. El banco, por su parte, ha rechazado recientemente la decisión del instructor de que no estudiará a partir de ahora ningún escrito suyo que tenga cariz "marcadamente penal" teniendo en cuenta que figura únicamente como responsable civil subsidiario en la causa al ser heredero del negocio del Popular. La entidad se rebeló contra esta decisión y denunció que se sentían "meros convidados de piedra" en el procedimiento a la par que insistieron en trazar una línea con los antiguos gestores del banco.
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