El Banco Santander ha cumplido con la Audiencia Nacional y ha entregado numerosa documentación relativa a los últimos meses de vida del Popular. La causa penal que investiga la caída del banco cuenta ya con el material relativo al bautizado como 'Proyecto Noya' sobre el proceso de compra del banco que entonces presidía Emilio Saracho. La entidad relata cómo en un momento especialmente delicado para el Popular se puso a disposición "de terceros" información del banco que fue consultada por Bankia, BBVA, Sabadell y el propio Santander.
El magistrado José Luis Calama Teixeira quiere averiguar las condiciones en las que se produjo la resolución del banco por parte de la JUR y las potenciales opciones de compra de una entidad que sufrió una feroz fuga de activos en sus últimos meses de vida. De acuerdo con toda esta documental, a la que ha tenido acceso La Información, el Consejo de Administración autorizó en su reunión de 10 de abril de 2017 a Emilio Saracho a "poner información del banco a disposición de terceros en preparación de posibles operaciones de ampliación de capital". Apenas 16 días después se acordó contratar a JP Morgan (firma de la que fue vicepresidente Saracho) como asesor de la posible operación.
Aunque algunos acusados han defendido en sede judicial que no había alternativa al banco que no fuera su resolución por parte de la autoridad bancaria europea, en aquel entonces se puso en marcha el proyecto de posible venta. Para ello utilizaron la herramienta VDR (Virtual Data Room) que sirvió para que terceros interesados en el Popular pudieran acceder a la información necesaria. En el periodo que va del 6 de mayo al 28 de julio de ese 2017, un total de cuatro bancos mostraron su interés por el Popular. Los primeros fueron BBVA (identificado con el sobrenombre de 'Bike') y Bankia (apodada como 'Transition 2') ya que consultaron la información el mismo día que se hizo accesible. Le siguieron Sabadell ('Run') y, por último, el banco que finalmente acabó comprando al Popular por un euro, apodado con el nombre de 'Swin'.
Sin oferta de compra final
A pregunta expresa del magistrado acerca de si se produjo una oferta concreta de compra, el Santander asegura que "ninguna" dio el paso definitivo. Sea como fuere, tras tres años de instrucción de la causa, este asunto se ha convertido en uno de los aspectos troncales del procedimiento y ha enfrentado los gestores de la etapa de Ángel Ron con los de Emilio Saracho. Así, mientras el primero de ellos mantiene que el banco tenía liquidez y que cayó por una grave crisis reputacional, los últimos gestores insisten en que cuando llegó Saracho a la presidencia se encontró un banco tan asfixiado que no había muchas más alternativas que su resolución.
Ahora el Santander arroja más luz al asunto al entregar este material en el que también se incluyen las actas de los Consejos de Administración que se celebraron los días 10 y 26 de abril de ese año. El contenido de las mismas demuestran cómo Saracho propuso a los consejeros contratar a JP Morgan para que asesorara una operación corporativa. El debate propició que se llevara a cabo una propuesta competitiva entre esta firma y Bank of America Merrill aunque se decantaron por el primero de ellos. Finalmente se produjo un cambio de rumbo debido a los hechos ocurridos las siguientes semanas tales como la difusión de presuntas informaciones falsas que hicieron decaer el valor de la acción del banco o la repercusión de la emisión del hecho relevante a la CNMV corrigiendo las cuentas del ejercicio anterior.
Nueva multa de la CNMV
El avance de la causa penal no afecta las acciones que emprenden los organismos por la caída del que fuera sexto grupo bancario del país. De hecho, a finales de julio la CNMV impuso una sanción por infracción grave a los antiguos gestores del Popular por la presunta omisión de datos en los informes de remuneraciones de 2013, 2014 y 2015. El anuncio de la sanción, por importe de un millón de euros, llevó a Ron a amagar con las acciones penales pertinentes por considerar que atentaban contra su honor. Precisamente la defensa legal de Ron, que ejercen los abogados José Antonio Choclán y Javier Velasco, solicitó al instructor que reclamara al banco los papeles que demostraban que el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, asesoró la ampliación de capital desde Linklaters en el año 2016.
El magistrado accedió al requerimiento y reclamó al banco todos los papeles relacionados con esta operación que ya obran en el sumario de la causa. A ello hay que añadir la advertencia del magistrado al banco que dirige Ana Botín acerca de que no estudiaría ningún escrito suyo que tenga cariz "marcadamente penal" teniendo en cuenta que el banco figura en el procedimiento por la presunta responsabilidad civil que pueda afrontar en calidad de heredero del negocio del Popular. La postura del juez llevó a la defensa de la entidad a denunciar que se habían convertido en meros "convidados de piedra" de la causa aunque la cita crucial con la Audiencia Nacional la tendrán este mes de octubre. En concreto, la presidenta del Santander está llamada a declarar en calidad de testigo el día 8 de ese mes mientras que el día 17 y 30 de septiembre escuchará a Albella y al exministro de Economía Luis de Guindos, respectivamente.
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