El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido en el Congreso de los Diputados que se han producido en determinadas situaciones "retrasos importantes" en la inscripción de fallecimientos de los registros civiles. Ahora bien, Campo ha negado rotundamente que se haya ocultado datos sobre el número real de muertos afectados por Covid 19 y ha insistido en desligar los recuentos que efectúa Justicia de los que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad. "Es absolutamente falso y tendencioso acusar a las instituciones españolas de ocultación u opacidad", ha asegurado para apuntillar que "no hay bulos sobre los muertos", sino "búsqueda de la verdad".
En su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Campo se ha afanado en aclarar que los datos sanitarios de fallecidos por la pandemia y los estudios de exceso de mortalidad son dos tipos de información distintos elaborados con fuentes muy distintas. De hecho, ha insistido en que desde Justicia nunca se pidió a los registros civiles -encargados de certificar las muertes en todos los territorios de España- que aclararan los motivos del deceso. "Es una información esencialmente jurídica, de tal forma que puedan desplegarse todos los efectos civiles que ello conlleva", ha insistido.
"Faltan a la verdad quienes acusan al Gobierno de ocultar los datos del Registro Civil y faltan al rigor y a la responsabilidad quienes pretenden comparar los datos de fallecimientos por Covid-19 con las estimaciones de exceso de mortalidad. Se puede decir más alto, pero no más claro", ha dicho Campo. El ministro elude de esta forma la polémica abierta por el recuento de fallecidos en los registros civiles y juzgados de paz asegurando que la única utilidad que tienen es la de analizar el exceso de mortalidad. Cabe recordar que en muchos registros de toda España se constató cómo el número de fallecidos en los meses de marzo y abril superaba a la cifra registrada ese mismo periodo del año anterior.
"Maestro del escapismo"
Pese a que Campo ha insistido en que se han afanado en proteger a los miembros de la Administración de Justicia con material sanitario e impulsando el teletrabajo, los portavoces de los grupos parlamentarios del PP y de Vox han sido especialmente duros con la gestión de Justicia. Al respecto, Javier Ortega Smith le ha reprochado las denuncias de las asociaciones judiciales y fiscales en torno a la falta de medios y ha sido muy crítico respecto a los recuentos de fallecidos de los registros civiles hablando de "colapso" con las licencias de enterramiento y contabilización de fallecidos. "Solo en Castilla-La Mancha ha habido una diferencia del 69,7% de más fallecidos en relación con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Es terrorífico de lo que estamos hablamos", ha replicado.
Desde el grupo parlamentario popular han acusado al ministro de ser "maestro del escapismo" por no informar del número real de fallecidos desde que se declaró el estado de alarma. Además, Luis Santamaría (PP) y Edmundo Bal (Ciudadanos) le han afeado que no actuara con rotundidad ante las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al Poder Judicial tras la sentencia condenatoria a su compañera de partido, Isa Serra, mientras que la diputada de ERC Carolina Telechea ha expuesto que el Gobierno buscaba con su Real Decreto de medidas urgentes una "usurpación de competencias" de aquellas comunidades no dependientes de la administración central.
En su turno de respuesta, ya a primera hora de la tarde, Campo ha declinado las acusaciones de inconstitucionalidad del Real Decreto asegurando que no modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) 6/1985. "¿Dónde está el atropello a los derechos de los trabajadores? No los hay", ha respondido para añadir que no existe la "más mínima mácula de inconstitucionalidad". En relación a los indultos tramitados en estado de alarma, el responsable del departamento de Justicia ha asegurado que este asunto no guarda relación alguna con los condenados por el 'procés' y que si se siguen estudiando es porque hay un "volumen enorme de tramitaciones" que se tuvo que llevar al Consejo de Ministros.
Agosto hábil: "Crítica injustificada"
Campo, que comparece a petición propia para dar cuenta de la gestión del Ministerio en la crisis del coronavirus, se ha referido también al Real Decreto de medidas procesales que aprobó la pasada semana el Consejo de Ministros. Al respecto ha insistido en que fue consensuado con el resto de comunidades autónomas, pese a que la oposición que lidera el presidente del PP, Pablo Casado, negó estos extremos y anunció que no respaldaría el contenido de la norma. Con todo, también se ha pronunciado sobre el matiz más controvertido del Real Decreto relativo a declarar hábil el mes de agosto en la Administración de Justicia.
Según ha dicho, las críticas recibidas de algunas sectores, especialmente por parte de los abogados y procuradores que amenazan con movilizaciones, son "injustificadas". "Como bien saben, se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales", ha apuntado.
Sin embargo, esta cuestión también ha salido a relucir en su segunda comparecencia en la cámara baja desde que fue nombrado ministro de Justicia tras la salida de Dolores Delgado. El más duro respecto a este asunto ha sido Edmundo Bal, el cual ha dicho que lo que está haciendo este departamento es una "expropiación de vacaciones" a la par que ha vaticinado que no habrá celebración de vistas y juicios entre los días 11 y 31 de ese mes debido a la ausencia de funcionarios en los juzgados. Mikel Legarda (PNV) también ha mostrado su rechazo a mantener los plazos procesales en agosto asegurando que se dejará sentir el resto del año y que afectará, además, a la clase "más baja" de la Administración como despachos pequeños o abogados de oficio.
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